Causa Vialidad: la Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Kirchner por un decomiso millonario
La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto del decomiso sobre los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros ex funcionarios por la Causa Vialidad.
La Corte Suprema rechazó por “inadmisible” la presentación de Cristina Kirchner.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el monto de casi 685 mil millones de pesos para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros ex funcionarios, en el marco de la Causa Vialidad.
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Así lo resolvió este jueves el máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Fue al rechazar por “inadmisible”, en el marco del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de la ex presidenta que cuestionaba la forma de actualización de los casi 85 mil millones de pesos, fijados en concepto de decomiso en la sentencia dispuesta en la condena que ya está firme. También rechazó los argumentos de la defensa de Lázaro Báez que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante el decomiso.
El 6 de diciembre de 2022, después de tres años de debate oral y público, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la entonces vicepresidenta a la pena de seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz y la absolvió por la acusación de asociación ilícita que había impulsado la fiscalía.
También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.
La Vicepresidenta, además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner -primo del ex presidente Néstor Kirchner- y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.
En esa misma sentencia, el tribunal también instó al decomiso de 84 mil millones de pesos (puntualmente, $84.835.227.378,04) por el perjuicio ocasionado por el monto de sobreprecios, la cifra calculada por cartelización en el proceso licitatorio de cada una de las obras, los daños ocasionados por su abandono y lo abonado en concepto de modificaciones de obras y redeterminaciones de precios en la totalidad de los casos.
También dispuso que esa suma, por la que deben responder solidariamente todos los condenados, fuera “ajustada” según los criterios fijados por organismos técnicos, cuando la sentencia adquiera firmeza.
El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo del tribunal oral en todos sus términos. Las defensas apelaron ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscalía también, porque quería que se agravaran las condenas por el delito de asociación ilícita.
El 10 de junio del 2025, la Corte Suprema desestimó el pedido del Ministerio Público y rechazó por falta de fundamentos los planteos de la defensa de Cristina Kirchner y el resto de los acusados. El punto del decomiso no había sido cuestionado entre esas observaciones.
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Tras la decisión de la Corte, el Tribunal ordenó la detención de la ex presidenta y los otros condenados y dispuso la actualización del monto de $84.835.227.378,04 del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia, junto a peritos de las defensas y del Ministerio Público. La cifra actualizada fue fijada en $684.990.350.139,86, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC a mayo del 2025 y a noviembre de 2022 (previos a la condena y su firmeza).
La defensa de Cristina Kirchner, a la que se sumaron otras defensas, apeló esa resolución, el tribunal oral lo rechazó y llevaron sus cuestionamientos a la Cámara Federal de Casación Penal. Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroeteveña y Gustavo Hornos rechazaron los planteos y confirmaron la cifra fijada.
La defensa de la ex presidenta llegó con un recurso de queja a la Corte Suprema. Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy insistieron en que el monto fijado por el tribunal oral inicialmente era provisorio y cuestionó la elección de IPC para su actualización. Por su parte, la abogada de Lázaro Báez, Yanina Nicoletti, cuestionó además la competencia del TOF 2 para llevar adelante el decomiso porque, a su criterio, en su caso, debía ser el TOF 4, que ya lo condenó en la causa conocida como “la ruta del dinero”. Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti desestimaron los recursos por inadmisibles.
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En la causa, en distintas instancias, la defensa de la ex presidenta ha presentado otra serie de cuestionamientos, que –entre otros- aluden a qué bienes fueron seleccionados para ser decomisados o a los derechos hereditarios de sus hijos sobre algunas de sus propiedades. La fiscalía, en tanto, también reclamó sumar más bienes a esa lista, entre ellas el departamento de la calle San José 1111, en donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.