De un lado, el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain. Del otro, el Ministerio Público de la Acusación representado por los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez.
Dos meses después de los primeros allanamientos en el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández siguen sin realizar imputaciones formales a Marcelo Sain y su equipo de colaboradores.
Gentileza MPA Mientras Sain asegura que desde el cargo que ocupó hasta marzo de 2021 jamás ordenó recopilar información de manera ilegal sobre políticos, empresarios o periodistas; el MPA lo acusa de delitos tan graves como haber integrado una asociación ilícita con malversación dolosa, abuso de autoridad y violación a la ley 25.520 (ley de inteligencia nacional).
En este contexto, el gobernador Omar Perotti ordenó que la Provincia se presente como querellante en la causa, lo que le permitiría tener acceso a información detallada sobre las evidencias encontradas hasta el momento.
Más allá del lógico escándalo público y político generado por esta situación, a casi sesenta días de los primeros allanamientos realizados en distintas sedes del Ministerio de Seguridad en busca de datos que avalen las sospechas contra Sain y su equipo, hasta ahora los fiscales Hernández y Jiménez no revelaron cuáles son las pruebas obtenidas.
De hecho, cuando algunas de las personas supuestamente espiadas -como el diputado provincial Maximiliano Pullaro o el exfuncionario provincial Pablo Cococcioni-, se presentaron en el MPA para solicitar información de la causa que al parecer los tiene como víctimas, se les respondió que el caso se encuentra bajo secreto de sumario. "Es que hasta este momento ni siquiera hay alguna persona formalmente imputada", reconoció Pullaro al ser consultado por AIRE.
Todo indica que este secreto se sostendrá en el tiempo: el 1 de febrero próximo a las 8 de la mañana, los fiscales Hernández y Jiménez le pedirán a la jueza Rosana Carrara que extienda los plazos de reserva para esta investigación.
Mientras tanto, algunos datos que aparentemente forman parte de las evidencias de este caso -que continúa bajo secreto de sumario- ya se hicieron públicos. Solo existen dos alternativas que expliquen esta situación: o los fiscales que investigan a Sain violaron el secreto que ellos mismos pedirán sostener a partir del 1 de febrero, o dentro del MPA cuentan con uno o más empleados infieles con acceso a esta causa de tanta relevancia institucional.
Causa Sain: por qué Perotti quiere que la Provincia sea querellante
En este contexto incierto, hace 5 días -el 20 de enero- el gobernador Omar Perotti sorprendió al firmar un decreto ordenando al fiscal de Estado, Rubén Weder, que realice los trámites necesarios para que la Provincia se presente como querellante en este caso. Se espera que la presentación se formalice durante esta semana.
Frente a a esta decisión, las preguntas comenzaron a multiplicarse:
- ¿Qué busca Perotti con esta movida?
- ¿El gobernador sospecha de Sain y teme que hubiese cometido delitos desde el Ministerio de Seguridad?
- ¿Por eso quiere acceder a los datos que manejan los fiscales?
- ¿El Gobierno tiene información que salpica a Sain y busca incorporarla a la investigación del MPA?
El 29 de noviembre pasado, Perotti ordenó una investigación administrativa para determinar si se cometieron irregularidades desde el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Sain. ¿Encontraron datos relevantes y el gobernador se apura a presentarlos? Fuentes del Poder Ejecutivo adelantaron a AIRE que no existe intención de poner en manos de la Justicia las conclusiones de esta investigación administrativa que todavía no concluyó.
Frente a esta situación es necesario advertir que, más allá de los titulares mediáticos, nada garantiza que la Justicia acepte a la Provincia como querellante en este caso. De hecho, se supone que Marcelo Sain era funcionario del Poder Ejecutivo. Y no se trató de un funcionario cualquiera, sino de uno de máxima confianza del gobernador y alguien que, incluso, llegó a estampar la frase "Yo soy Perotti". ¿Por qué la Justicia debería aceptar como querellante a la Provincia, si los supuestos delitos se cometieron dentro del andamiaje del Poder Ejecutivo?
Las miradas se posan sobre Sain, y también sobre el MPA
Las respuestas a tantos interrogantes asoman en la letra del decreto firmado por el gobernador: al momento de fundamentar el planteo, indica que "se estarían investigando hechos que, de ser ciertos de acuerdo a una legal comprobación, afectarían el regular funcionamiento de la administración pública, por cuanto el Poder Ejecutivo encuadra su accionar en el marco del principio de legalidad y así propende su respecto como de los otros poderes estatales, que a la luz de los trascendidos estaría siendo cuestionado".
No resulta menor que el decreto hable del "funcionamiento de la administración pública" y no solo del Poder Ejecutivo o de uno de sus ministerios. Dentro del concepto de "administración pública" se incluye a todos los organismos del Estado de Santa Fe, entre los que aparece también el Ministerio Público de la Acusación, representado en este caso por los fiscales Hernández y Jiménez.
A dos meses de los primeros allanamientos, el hecho de que los fiscales ni siquiera imputaran formalmente a Sain -y a su equipo- mediante una audiencia imputativa y de que estén a punto de pedir más tiempo para investigar bajo secreto de sumario plantea dos lecturas:
1.- Son tan fuertes las evidencias que están obteniendo, que necesitan seguir trabajando en ellas. Si es así, en su momento Sain y su equipo deberán rendir cuentas de sus actos ante la Justicia.
2.- Son tan débiles las pruebas que tienen hasta ahora, que no alcanzan para sostener acusaciones tan graves. Si es así, en su momento quienes deberán dar explicaciones son los fiscales y los máximos responsables del MPA.
En cualquier caso, lo que está en juego va más allá de nombres propios. Lo que está juego, es nada menos que la institucionalidad de Santa Fe.
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