Vanesa Castillo recibió 13 puñaladas en la puerta de la escuela N° 533 el 15 de febrero de 2018. Unos meses antes, había denunciado el abuso sexual contra una alumna de otro curso, que había confiado en ella para contar lo que vivía en su casa. Por el femicidio fue detenido, juzgado y condenado Juan Ramón Cano, un vecino del distrito costero. Pero tanto la familia de Vanesa como los gremios docentes y el colectivo feminista sostienen que el crimen continúa impune, ya que Cano fue solo el brazo ejecutor del plan criminal. El autor intelectual, afirman, fue el hombre denunciado e investigado por abusar de la niña, quien contrató a Cano para matar a la docente.
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Vanesa Castillo recibió 13 puñaladas en la puerta de la escuela N° 533 el 15 de febrero de 2018.
En Argentina, los agentes del Estado que toman conocimiento a de un abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes por ley están obligados a denunciar el hecho, pero no hay ningún mecanismo de protección para ellos. Por ejemplo, no hay forma de garantizar su anonimato en la denuncia, para evitar represalias. Es lo que va a intentar subsanar la Ley Vanesa, que en primera instancia fue impulsada por Silvia Castillo, hermana de Vanesa y quien se hizo cargo de su sobrina, hija de la maestra asesinada.
El proyecto de ley cuenta fue elaborado por una comisión redactora integrada por diputadas de distintos partidos: Agustina Donnet (Participación e Igualdad), Érica Hynes (Partido Socialista) y Lucila de Ponti (Frente Juntos - PJ). Las legisladoras trabajaron no sólo en los aspectos formales del texto, sino también en lograr los acuerdos políticos necesarios para garantizar que la Ley Vanesa se apruebe cuando sea tratada en el recinto. Donnet destacó que es un proyecto construido "desde las bases" y que en el proceso de su redacción se consultó y se tomaron en cuenta los aportes de los trabajadores de la educación, los gremios docentes, los colegios profesionales, la Justicia, la administración pública y las organizaciones civiles.
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Agustina Donnet (Igualdad), Érica Hynes (Fpcys) y Lucila de Ponti (Frente de Todos), las diputadas que integran la comisión redactora del proyecto de ley Vanesa.
La iniciativa propone crear un programa de prevención de violencias hacia los niños, un programa de protección y de apoyo a las personas adultas en carácter de denunciantes, testigos y acompañantes que tengan alguna participación en la causa y un observatorio provincial que reúna la información necesaria que permita desarrollar políticas integrales. “Estas leyes requieren que haya una asignación presupuestaria”, dijo la legisladora de Igualdad y Participación.
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