Marcelo Sain, cuando era ministro de Seguridad.
Será el próximo jueves 9 de marzo, a las 16, en los Tribunales de Santa Fe. Ese día, a esa hora y en ese lugar, el juez de Cámara, Jorge Alberto Andrés, deberá decidir si el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, continúa siendo investigado por la Justicia provincial o el caso que lo tiene como sospechoso de haber montado un supuesto esquema de espionaje ilegal pasa a manos de la Justicia federal.
Se espera que además del juez, los fiscales y los defensores; en la audiencia estén presentes los abogados de quienes se presentaron como querellantes.
A principios de diciembre del año pasado, el abogado del exministro, Hernán Martínez, solicitó formalmente que el caso dejara de depender de la Justicia de Santa Fe, al considerar que la posible violación a la Ley Nacional de Inteligencia representa un delito federal.
Sin embargo, el juez Jorge Patrizi rechazó el planteo de Sain y determinó que la causa continuara bajo investigación de la Justicia provincial. El exministro apeló aquella decisión, por lo que se llega ahora a la instancia del próximo jueves, cuando un juez de Cámara deberá resolver.
Por su parte, en la tercera línea y como miembros, quedaron Germán Montenegro (exsecretario de Seguridad Pública), Diego Rodríguez (Exsubsecretario de Control Institucional); Milagros Bernard (Excontratada por la Subsecretaría de Control Institucional del Ministerio de Seguridad); y Pablo Álvarez (Exsubsecretario de Investigación Criminal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública). Todos ellos fueron imputados en la Fiscalía de Delitos Complejos.
La investigación, surgida a partir de una denuncia presentada el 31 de agosto del 2021, plantea que de la asociación ilícita habría tenido dos estructuras diferentes: una ubicada en la órbita del Ministerio de Seguridad, y la otra en el Ministerio Público de la Acusación.
En cuanto a los cargos, la Fiscalía le imputó a Sain "asociación ilícita en carácter de jefe; violación a la ley número 25.520 de Inteligencia Nacional; malversación de caudales públicos calificada (por el entorpecimiento del servicio al que estaban destinados); peculado; abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; instigador de destrucción de documentos y elementos de prueba; violación de secretos y encubrimiento calificado (por ser funcionario público).
Para el abogado de Sain, "no quedan dudas de que la violación de la ley de Inteligencia Nacional representa un delito federal".
Y en cuanto a las otras figuras que se le imputan al exministro, -como por ejemplo el ser jefe de una asociación ilícita, abuso de autoridad, destrucción de elementos de prueba o violación de secretos y encubrimiento calificado-, Hernán Martínez sostiene que son delitos provinciales "pero están todos conectados con el supuesto objetivo de la asociación ilíticita, que según los fiscales era realizar tareas de inteligencia ilegal".
La única figura que el abogado de Sain reconoce como un posible delito que debería seguir siendo investigado por la Justicia de Santa Fe, es la del peculado: "El resto de la causa debe pasar a manos de la Justicia federal", insiste.
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