sábado 24 de julio de 2021
Política | Ministerio Público de la Acusación | Legislatura | Corte

Caso Sain: el procurador de la Corte rechazó el pedido de avocamiento y ratificó la competencia de la justicia laboral

Jorge Barraguirre rechazó el pedido del presidente de la comisión de Acuerdos de la Legislatura provincial, Fabián Bastía, y confirmó que es la justicia laboral la que debe resolver la cuestión de fondo, que es el proceso disciplinario abierto contra el director del Organismo de Investigaciones, Marcelo Sain.

El procurador general de Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, Jorge Barraguirre emitió este miércoles su dictamen sobre el pedido de avocamiento presentado por el presidente de la comisión de Acuerdos de la Legislatura, diputado Fabián Bastía. El pedido de Bastía consistía en que la Corte se avoque para tratar la competencia de un fallo judicial a raíz de un amparo presentado por el director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain. El amparo de Sain pretendía que se suspenda el proceso disciplinario iniciado en su contra.

En su dictamen, Barraguirre rechazó el pedido de avocamiento por parte de la Corte y ratificó a la justicia laboral como competente en el caso.

Leer más ► Caso Sain: ahora la Corte debe definir si el juzgado laboral es competente

Luego de hacer un repaso sobre el historial político y jurídico de la causa, el procurador plasmó sus consideraciones para rechazar el pedido del diputado Bastía.

En uno de los apartados, denominado Las alegaciones de la peticionante no dan lugar a la avocación, Barraguirre se refiere a los problemas de extinción de la acción y participación procesal. Al respecto, sostiene que en el allanamiento del Poder Ejecutivo se advierte un buen esfuerzo por el ideal de integridad y consistencia. No obstante ello, advierte que “hay elementos constitucionales firmes para considerar que esas intenciones no se alcanzaron”.

Barraguirre señaló que se planteó que el Poder Ejecutivo no se allanaba por la alegada inconstitucionalidad de la ley 14.016, sino a fin de “dejar sin efecto el procedimiento disciplinario materia del presente litigio archivándose el mismo por tener como causas la investigación seguida al actor, hechos ocurridos estando en uso de licencia y ocupando una función política”. Sin embargo, el procurador especifica que “el objeto de la demanda no era ese. El objeto de la demanda era distinto. Era que se declare manifiestamente ilegítimo e inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley N° 14.016, modificatoria de la ley N° 13.013, a este caso concreto”.

Sobre el mismo punto, Barraguirre expresó que el Poder Ejecutivo no se allanó por la alegada inconstitucionalidad de la ley 14.016, sino que lo hizo “por los cargos que la comisión de Acuerdos le formularía al actor. En estos casos, para evitar que puedan darse estos mecanismos para­constitucionales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en dos casos ­entre otros­ dio intervención a las Cámaras del Congreso que dispusieron el acto impugnado”.

Tribunales de Santa Fe _ph Maiquel Torcatt_marca.jpg
Para Barraguirre, quien debe resolver la cuestión de fondo en el caso Sain es la justicia laboral.

Para Barraguirre, quien debe resolver la cuestión de fondo en el caso Sain es la justicia laboral.

“Ninguno de los motivos señalados en el subapartado anterior, justifican la avocación de esta Corte”, remarcó el procurador.

En su dictamen, el procurador opinó que la Corte tiene tres posibilidades:

-Avocarse y asumir el caso, pero por la posibilidad de delegar su competencia contencioso administrativa, reenviarlo a alguna de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo. Pero advirtió que “tal posibilidad no es tal en tanto el caso no es, de ningún modo, contencioso administrativo”.

Leer más ► La Legislatura dejó en suspenso la sanción a Sain y apelará en la Justicia

-Avocarse y asumir el caso para decidirlo. Esta pretensión, según Barraguirre, choca contra los ideales de integridad del Derecho y de lealtad normativa hacia, centralmente, nuestra Constitución Provincial. Significaría un per saltum sobre la Cámara en lo Laboral que está atendiendo el recurso directo y, de ese modo, perder sus voces, perspectivas, opiniones, intereses y tradiciones interpretativas a las que adscriban sus miembros. “Respetuosamente, entiendo que no hay gravedad institucional cuando el Poder Judicial está haciendo su trabajo”, sostuvo.

Asimismo, Barraguirre realizó una comparación entre el caso Sain con el caso Spelta, el fiscal que planteó la inconstitucionalidad de la ley que establece que los legisladores pueden analizar el desempeño de los integrantes del MPA. “En el caso Spelta, esta Corte no analizó ninguna de ambas vías. Tal análisis no fue producto de que la Provincia demandada no lo había solicitado: de modo parecido (no idéntico) había interpuesto una defensa de fondo basada en que no se daban los supuestos del amparo y, por lo tanto, el caso era contencioso administrativo. Esta Corte desconsideró la defensa y fue de lleno a decidir el mérito del amparo propuesto el fiscal actor (y recurrido por la propia Provincia demandada)”.

Para el procurador, una tercera alternativa debería ser la adecuada: “el juzgamiento por el tribunal específico al interior del propio Ministerio Público de la Acusación, tal como lo sostuve en mi dictamen en el caso Spelta y de conformidad con los votos minoritarios de los Sres. Ministros Dres. Netri y Erbetta”.

“En un caso, se sostuvo que el silencio frente a la posición constitucional de los nuevos órganos implicaba que el legislador contaba con múltiples opciones. Si es cierto que el nuevo Ministerio Público de la Acusación se incorpora y se registra dentro de la estructura judicial, está claro que el legislador no puede adoptar una perspectiva disciplinaria que vaya contra los principios de no dominancia del tribunal de enjuiciamiento para jueces”, resalta Barraguirre en su dictamen. Y agrega que “de otro modo, no solo se afectaría la independencia judicial sino el principio de igualdad: ahora contamos con funcionarios bajo tribunales de enjuiciamiento de corte judicialista (esta Corte ampliada) y otros que están bajo la órbita legislativa”.