Este miércoles, en la Legislatura santafesina, se reunió la comisión de Acuerdos para recibir al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, en el marco del proceso disciplinario iniciado contra el fiscal de Delitos Complejos, Matías Edery, por presuntos vínculos con una persona relacionada con Los Monos, en Rosario. En el encuentro se resolvió citar a la jefa de los fiscales del sur provincial, María Eugenia Iribarren. Según Mai, los delitos endilgados a Edery son de “gravedad institucional”.
En el encuentro se resolvió citar a la jefa de los fiscales del sur provincial, María Eugenia Iribarren. Según Mai, los delitos endilgados a Edery son de "gravedad institucional".El encuentro se desarrolló en la Legislatura.
Tras la reunión, la diputada y presidenta de la comisión de Acuerdos, Lionella Cattalini relató que “el auditor del MPA dio cuenta de su inhibición, pero aún no terminamos de procesar la información. Son cuatro cajas que serán scanneadas. Resolvimos citar a Iribarren para poder profundizar en la investigación”. Al respecto, la legisladora precisó que el encuentro podría realizarse el próximo miércoles o en el transcurso de la semana. “La idea es profundizar la investigación”, agregó.
Al fundamental la citación a la jefa de los fiscales de Rosario, Cattalini manifestó que “corresponde porque fue mencionada y es quien está a cargo de esa regional que hoy atraviesa una crisis. Luego tomaremos una definición. Es necesario tener toda la información. El auditor vino con su inhibición, pero mandó cuatro cajas de pruebas y todavía no pudimos leer en su totalidad. Además, necesitamos escuchar a Iribarren”.
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En cuanto a los procesos, la diputada del socialismo indicó que los plazos recién comienzan y que cuentan con más de un mes para abocarse. “Lo haremos de la manera más responsable. Después de escuchar a Iribarren podemos abocarnos o no. Si definimos abocarnos, tenemos que resolver el proceso y lleva tiempo”, advirtió.
“Entendemos que hay una cuestión de gravedad institucional en la circunscripción 2 del MPA. Tenemos información sobre denuncias cruzadas, se habla de dos bandas, de peleas -incluso físicas-. El MPA se tiene que hacer cargo de llevar justicia al lugar más caliente de la provincia”, destacó la presidenta de la comisión de Acuerdos, y añadió: “La fiscal Iribarren deberá explicar lo dicho por Edery, que había informado sobre la informante. Deberá dar cuentas de por qué no se regularizó esa situación”.
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Por su parte, el auditor del MPA, Leandro Mai, confirmó que hay dos instancias de investigación contra Edery: la disciplinaria y la penal. “La información que obra en los aparatos tecnológicos –secuestrados en las inspecciones a las oficinas del fiscal- va a poder suministrar la teoría de los fiscales Soca y Moreno o va a poder aportar elementos descriminantes. Serán objeto de análisis por parte de los fiscales de Santa Fe (cuestión penal) y la comisión de Acuerdo”.
Mai señaló que, en su descargo, Edery dijo que la figura del informante la había puesto en conocimiento de su superioridad, Jorge Baclini y María Eugenia Iribarren. “Se habló en la reunión”, confirmó el auditor. Además, Mai también ratificó que Edery había informado a sus superiores sobre la informante. “Había puesto en conocimiento de su superior jerárquico que se había avanzado en la creación de ese registro de informantes”, expresó.
Al ser consultado cuánto tiempo había pasado entre que Edery comenzó a usar la herramienta del informante hasta que efectivamente la informó, Mai resaltó que “ese es el punto y el foco de la investigación y análisis”.
Sobre el uso de esa metodología, el auditor del MPA explicó que fue contemplada por una ley nacional. Según Mai, el Ministerio de Seguridad de la Nación creó un registro de informantes con actas, con fechas, con valoración de cómo tener en cuenta esa información y el pago a esos informantes. Mientras, en Santa Fe, se va a rever el uso de la figura del informante hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
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“En la comisión se empezaron a abordar esas informaciones y a poner en conocimiento que, según la auditoría, de acreditarse las denuncias y los hechos, nos encontraríamos frente a un hecho catalogado de gravedad institucional”, advirtió Mai, y reconoció que “las faltas tienen que ver con el incumplimiento de sus funciones”.
Desde la auditoría entienden que se está frente a denuncias de dos fiscales de Rosario, Soca y Moreno, y una persona más, “que ha puesto seriamente en crisis el desempeño del fiscal, delitos dolosos en el ejercicio de la función pública, con vinculación a hechos muy graves”.
“De ninguna manera, de acreditarse las denuncias, pude ser pasible de una sanción de 60 días. Logramos reunir elementos de carga y descarga. La comisión evaluará el desempeño fiscal”, dijo.
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Además, Mai no descartó que esta investigación pueda disparar otros procesos sobre otros miembros del MPA. “Por supuesto. Nunca se descartan esas hipótesis. Esos celulares no han sido aperturados. No se sabe qué información tienen”, comentó. En la misma dirección, sobre si puede alcanzar a los superiores, el auditor precisó que “será objeto de análisis de la comisión. No está en cuestión el registro de informantes sino el desempeño del fiscal con respecto a la información que provenía de esas personas”.
“Entendemos que de acreditarse las denuncias, la sanción eventual que le correspondería es superior a los 60 días que puede disponer la auditoría. Los elementos que se tiene hoy en día ameritaron el dictado de la inhibición, analizar si corresponde un reproche disciplinario la comisión de Acuerdo es la que deberá valorar”, concluyó.
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