En medio de una situación cada vez más crítica, cargada de violencia por los crímenes que supuran del narcotráfico y las maniobras mafiosas en Rosario, los que deben perseguir estos delitos, como son los fiscales, quedaron envueltos en un escándalo que dejó al descubierto la precariedad institucional del Ministerio Público de la Acusación. En una audiencia encabezada por los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno, en la que estaba previsto que se imputaran a 11 miembros de una organización ligada a la banda de Los Monos, que llevaba adelante extorsiones, se ventilaron chats por WhatsApp que el fiscal Matías Edery mantenía desde hace tiempo con una de las acusadas, Mariana Ortigala, que fue una de las testigos clave en el juicio contra Esteban Alvarado, que terminó con una condena a prisión perpetua.
La denuncia que presentaron los fiscales Socca y Moreno contra su colega Matías Edery tuvo un fuerte impacto.
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Esta vez Ortigala estaba del otro lado, en el banquillo de los acusados, tras ser detenida el 11 de setiembre pasado en su casa de Funes Town. Esta mujer, muy cercana durante los últimos años a Ariel “Guille” Cantero, tramaba extorsiones con su marido y otros integrantes de la banda. Para generar temor realizaban ataques contra la víctima, el dueño de una red de agencias de quiniela, que se llama El Kalifa.
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Luego de que se secuestraran los teléfonos de los implicados en esta trama, los peritajes del aparato de Ortigala arrojaron que mantenía diálogos fluidos con el fiscal Matías Edery, quien junto con Luis Schiappa Pietra fueron los investigadores de una de las causas más emblemáticas, como fue la que terminó en la condena de Alvarado.
Los fiscales Socca y Moreno afirmaron que Edery omitió pasar información a otros funcionarios del MPA que investigaban hechos a los que la extestigo se refería en esas conversaciones con el integrante de la Unidad de Criminalidad Organizada. Esa charla se originó en julio de 2021, en momentos en que Ortigala aportaba información en la causa de Alvarado. En esa fecha la mujer le envió a Edery un enlace de un link de Rosario3.com en la que se informaba sobre una balacera contra un comercio Mendoza y Matienzo. Ortigala decía saber quién había disparado. La investigación sobre ese hecho la llevaba adelante el fiscal Federico Rébola. Según Moreno y Socca, a este funcionario del MPA nunca le llegó la información. Ante este hecho que podría haber configurado un delito los fiscales presentaron una denuncia contra su colega.
En esa audiencia también se revelaron chats de Edery con otra involucrada en la causa por extorsiones, cuyo contenido podría tener algún tipo de cuestionamiento ético.
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Edery criticó a sus pares por la revelación de estas conversaciones. Los acusó de “irresponsables” porque al exponerlos pusieron en peligro a la extestigo y también a él, que enfrenta amenazas desde hace tiempo. Pero más allá de su apreciación personal, la fiscal regional María Laura Iribarren salió a revelar este jueves que en 2021 Edery había entregado a las autoridades un sobre cerrado que contenía un documento en el que figuraban los testigos con los intercambiaba información. Y se habría hecho constar que esas personas probablemente seguían cometiendo delitos.
Hay una cuestión de fondo que aparece en esta discusión, que tomó un tono de escándalo, es que en la provincia no están legisladas las herramientas necesarias –que se usan de manera permanente- para investigar el crimen organizado. A nivel nacional se sancionó la ley 27.319 que regula la “investigación, prevención y lucha de los delitos complejos”. En esa norma, el artículo 13 trata sobre la figura del informante que la define como “aquella persona que, bajo reserva de identidad, a cambio de un beneficio económico, aporte a las fuerzas de seguridad, policiales u otros organismos encargados de la investigación de hechos ilícitos, datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita iniciar o guiar la investigación…”
Gran parte de las causas que se inician en Rosario surgen de información que proviene de personas que tienen que ver con el delito. Por eso, muchas veces, los abogados defensores cuestionan acusaciones cuando los fiscales no logran reunir las evidencias que prueben lo que se imputa. En la práctica muchas investigaciones comienzan de esta manera y el rol de los fiscales es comprobar que esa información se pueda probar. En el caso de Ortigala los fiscales que investigaron a Alvarado señalaron que utilizaron información que luego se probó en el juicio.
Esta mujer, que sufrió un atentado a balazos en la puerta de la casa en la que vivía en Roldán, nutría de manera permanente a los funcionarios judiciales, policiales y periodistas de datos que siempre apuntaban contra Esteban Alvarado, quien había mandado a matarla. Ella misma admitía que tenía una relación fluida con el líder de Los Monos Guille Cantero. Se sospecha que además de visitarlo casi todas las semanas en la cárcel de Marcos Paz ella lavaba dinero de la banda. En un allanamiento a una escribanía se detectó que tenía unas 15 propiedades.
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Edery y Schiappa Pietra investigaron causas que tuvieron un fuerte impacto político, como la de juego clandestino, que involucró a dos fiscales como Patricio Serjal –jefe regional- y Gustavo Ponce Asahad, acusados de cobrar coimas. También pusieron en la mira al senador Armando Traferri, al que no pudieron imputar porque se resguardó en sus fueros y recurrieron a la Corte Suprema de la Nación. Fueron investigaciones que pasaron todos los controles institucionales y judiciales, aunque tuvieron cuestionamientos lógicos de parte de la defensa de los acusados.
Ahora se abrirá una investigación por el rol de Edery y se buscará comprobar si rompió los límites de su función –si habría cometido un delito, como señalan sus colegas por omitir información-. Lo que sería preocupante es que la guerra que se libra en las calles se traslade dentro del Ministerio Público, y que otros factores de poder –sucios y responsables de la sangre que corre en Rosario- aprovechen las grietas.
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