Se retomó en Rosario la audiencia imputativa a 14 directivos de Vicentin.
Este jueves se retomó la audiencia imputativa a 14 directivos del Grupo Vicentin en los tribunales de Rosario, que son investigados por falsear balances y el delito de estafa luego del millonario default de la compañía por U$S 1.500 millones en diciembre de 2019, que provocó una millonaria cesación de pagos que afectó a productores de granos, acopios y bancos.
El fiscal Miguel Moreno pidió la prisión preventiva de Alberto Macua, el actual presidente del directorio, Omar Scarel, Roberto Gazze, Javier Gazze y Miguel Valazza. En el caso del expresidente del directorio, Daniel Buyatti, la fiscalía solicitó que se le coloque una tobillera electrónica para que se radique en Reconquista o Avellaneda. Para el resto del directorio pidió la prohibición de salir del país. El juez Ramón Lanzón no otorgó la prisión preventiva que solicitó el fiscal pero fijó una caución de U$S 10 millones para estos seis directivos del Grupo Vicentin.
La audiencia comenzó el martes y pasó a un cuarto intermedio por pedido de la defensa. El fiscal Moreno defendió su pedido de prisión preventiva para parte de los integrantes del directorio de Vicentin. “Si bien la defensa nos dirá que los imputados no han intentado sustraerse de la acción de la Justicia, eso no es todo. Porque en varios casos se presentaron domicilios falsos, eso provocó que a la hora de allanar se frustraran esos allanamientos en función de la información falsa”, arrancó el fiscal. También dijo que “estar a derecho implica no entorpecer pruebas”.
En ese sentido expuso una decena de escuchas telefónicas al exsíndico y actual presidente del directorio, Omar Scarel, y al exvicepresidente Alberto Macua, como evidencia de que se falseó, ocultó y manipuló información con actos societarios y contables con respecto a empresas relacionadas a Vicentin. Todas esas escuchas y cadena de correos son desde diciembre de 2020 en adelante.
En una de ellas Scarel conversa con un abogado sin experiencia al que le pide que firme un recurso que no podía firmar el abogado de Vicentin Guido Ferullo y tratando de salvar las dificultades que presenta que el joven profesional no tenía firma digital. En otra charla debate sobre cómo manipular números relacionados a Vicentin Paraguay. “No sé cómo vamos a manejar Vicentin Paraguay porque no tenemos nada”, se escucha.
Hay otra con Mario Sandrigo, que es el contador que certificó el tardío balance de 2019, sobre qué información dar y cuál no dar a los contadores forenses que le estaban solicitando. Y quizás la más atractiva es la que Scarel, enterado de la interdicción de las cajas de seguridad de miembros del directorio, intenta asesorarse sobre cómo salvar 200.000 dólares que estaban en la caja de seguridad de la inmobiliaria Remax de su hijo, pero del que no puede justificar el origen, y en la conversación analiza maniobras posibles para inventar alguna documentación de respaldo para evitar que el dinero sea cautelado, lo que finalmente ocurre.
El fiscal Moreno explicó que efectivamente se intentó liberar el dinero con la presentación ante fiscalía de documentación que asigna la propiedad a un tercero con la certificación firmada por la esposa de Gastón Scarel, hijo del presidente del directorio. Una última escucha expone a padre e hijo intercambiando sobre la posibilidad de conseguir un síndico titular que ponga la firma porque se había uno de los titulares, pero que el trabajo lo haría Mario Sandrigo.
También leyó en la audiencia una cadena de correos electrónicos donde varios integrantes del directorio intercambiaban información sobre los destinos del producido por la venta del 16% de las acciones de Renova (la planta industrial procesadora de soja más grande del mundo ubicado en Puerto San Martín que Vicentin tenía en sociedad con la multinacional Glencore). Y se describen transfererencias de millones de dólares entre Vicentin Paraguay a Vicentin Europa, el regreso a Vicentin Uruguay y a Friar Uruguay. Para el fiscal, estos correos demuestran que todas las decisiones sobre el entramado de empresas las tomaban las mismas personas en el mismo lugar.
La defensa de los exdirectivos de Vicentin rechazó las acusaciones hechas por la fiscalía y pidió la prescripción en la acusación por confección de balances falsos de 2017 y 2018 por haber transcurrido más de dos años.
También atacó la acusación por falta de imputaciones concretas. Exigió que la fiscalía segmente roles de los acusados y no haga acusaciones genéricas a un directorio en el que se cumplen distintos roles y funciones. “Díganme donde intervino cada uno, cómo se materializó el engaño del que los acusan, cuáles fueron los vehículos utilizados para concretarlos”, sostuvo Ilharrescondo.
Leer más ► Imputan a 14 directivos de Vicentin y la audiencia pasa a cuarto intermedio
Los ex directivos que se sentaron en el banquillo de los acusados son Daniel Buyatti, Roberto Gazze, Miguel Valazza, Omar Scarell, Alberto Macua, Pedro Vicentin, Maximo Padoán, Agustín Boschi, Sergio Vicentin, Javier Gazze, Cristian Padoán, Martín Colombo, Yanina Colombo Boschi, Sergio Vicentin y Roberto Vicentin.
Por la Fiscalía, la acusación está a cargo de los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja. Las querellas representan a cinco entidades financieras internacionales que denunciaron a Vicentin por haberlos engañado con el ocultamiento del pasivo de la empresa a través de balances falsos; el corredor de cereales Comoditties SA; y el Banco Macro.
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