La reiteración de amenazas de tiroteos en escuelas de Santa Fe —65 incidencias registradas el viernes pasado— activó no solo los protocolos de seguridad y actuación judicial, sino también un mecanismo administrativo que apunta a recuperar los costos de los operativos desplegados por el Estado. La medida, confirmada por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, establece que esos gastos podrán ser reclamados a los responsables y, en el caso de menores, a sus padres o tutores.
En los casos que involucran a menores, además de las eventuales medidas judiciales, las actuaciones dejan antecedentes que pueden tener impacto a futuro.
En ese marco, el Gobierno provincial formalizó el “Protocolo de recupero y resarcimiento de gastos y/o daños ocasionados al Estado provincial”, al que accedió AIRE, que fija un procedimiento específico para cuantificar, reclamar y eventualmente judicializar el cobro de cada intervención. Según se informó, cada operativo tiene un costo estimado de entre 5 y 6 millones de pesos.
Cómo se activa el mecanismo de cobro, según definió el Gobierno de Santa Fe
El proceso se inicia cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identifica a los responsables de una amenaza. A partir de esa comunicación, el Ejecutivo provincial pone en marcha una cadena de intervenciones administrativas que buscan documentar el hecho y determinar su impacto económico.
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La Subsecretaría de Legal y Técnica solicita entonces a las áreas correspondientes el detalle de los costos operativos, mientras que la Policía —a través de sus áreas específicas— informa qué recursos fueron afectados: personal, móviles, bomberos, brigadas especiales o fuerzas de investigación, según el nivel de complejidad del procedimiento.
En paralelo, se conforma un expediente individual por cada caso, donde se incorporan todos los registros: comunicaciones al 911, informes técnicos, actas de intervención y cualquier otra documentación que permita acreditar la prestación del servicio y los gastos generados.
Cuantificación, intimación y posible vía judicial
Una vez reunida la información, el Estado realiza la cuantificación económica del operativo. Ese monto se traduce en una liquidación que da paso a la instancia central del protocolo: la intimación de pago.
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El procedimiento establece que los adultos responsables —en caso de tratarse de menores— reciben una notificación formal con un plazo de cinco días para abonar la suma reclamada. La comunicación incluye los datos bancarios oficiales para realizar el depósito.
Si ese pago no se concreta en el plazo fijado, el protocolo prevé la intervención de la Fiscalía de Estado, que queda habilitada para iniciar acciones judiciales con el objetivo de recuperar los fondos. De este modo, el reclamo puede escalar a una instancia contenciosa, con consecuencias patrimoniales para las familias involucradas.
Un enfoque que combina lo penal y lo económico
La aplicación de este protocolo se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno provincial frente a las amenazas en ámbitos escolares. Desde el Ejecutivo recordaron que estos hechos encuadran en el delito de intimidación pública, previsto en el artículo 211 del Código Penal, y pueden derivar en sanciones penales.
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Sin embargo, el esquema incorpora un componente económico que busca trasladar el costo de los operativos a quienes los generan. “Vamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso”, sostuvo Cococcioni, al tiempo que advirtió que estas intervenciones implican un uso intensivo de recursos que se detraen de otras tareas de seguridad.
En los casos que involucran a menores, además de las eventuales medidas judiciales, las actuaciones dejan antecedentes que pueden tener impacto a futuro, mientras que los adultos responsables quedan alcanzados por las acciones de resarcimiento.
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