Abogados de Rosario exigen que se respete la Constitución en el nombramiento de un puesto clave en el Poder Judicial de la Provincia
Advierten que la Corte Suprema de Santa Fe sostiene un sistema cerrado y sin la debida transparencia, para designar al nuevo secretario de Gobierno.
El Colegio de Abogados de Rosario presentó una nota ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, manifestando su preocupación por la metodología de selección del secretario de Gobierno del máximo tribunal y pidiendo que se cumpla con lo establecido en la Constitución provincial recientemente sancionada.
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"Resulta indispensable exigir la inmediata adecuación de los procedimientos internos a los estándares de transparencia, igualdad y concurrencia republicana, exigidos por nuestra ley fundamental", remarcan desde el Colegio, ante la puesta en marcha de los mecanismos tendientes a designar a un nuevo secretario de Gobierno de la Corte, en reemplazo a Eduardo Bordas.
Bordas ocupó ese puesto clave después de más de 30 años de gestión y, según el Colegio de Abogados, para elegir a su reemplazante se están utilizando criterios que limitan la posibilidad de acceso a quienes no vienen formando parte del Poder Judicial.
"La sanción de la Constitución de la Provincia de Santa Fe inauguró un cambio de paradigma definitivo e irreversible respecto de la democratización de las estructuras estatales", plantea la nota presentada.
Sin embargo, desde el Colegio de Abogados de Rosario advierten "con grave preocupación, que los criterios de ponderación utilizados para evaluar a los aspirante, continúan atados al Reglamento para la Provisión de Cargos de Funcionarios en el Poder Judicial".
"Una matriz de carácter cerrado"
"Dicha reglamentación arrastra una matriz de diseño de carácter cerrado que colisiona abiertamente con los artículos 20 y 128 del texto constitucional reformado, al establecer barreras cualitativas, arancelarias y cuantitativas insalvables para las abogadas y los abogados que ejercen libremente la profesión como ser", añade la nota.
Entre esas barreras, destacan las siguientes:
- La asignación desproporcionada por antigüedad interna que configura una ventaja automática que resulta inalcanzable para el profesional de la matrícula independiente, sin importar su nivel académico o solvencia técnica.
- El impacto excluyente de la bonificación por cargo, la que reduce el concurso a una simple promoción de carrera vertical interna, partiendo el abogado litigante desde un piso de cero puntos.
- Contemplación de "rubros endogámicos y corporativistas", como la reserva de puntajes base por asistencia, puntualidad y conducta interna; sumada a la exclusividad de ponderación por cursos dictados por el Centro de Capacitación Judicial.
Lo que plantean desde el Colegio de Abogados, es que "el reglamento actual anula en los hechos la equivalencia de méritos y trayectorias, transformando el mandato constitucional de un 'concurso público abierto', en un simple trámite administrativo de cooptación endógeno".
Frente a este escenario, los abogados hacen un "pedido expreso y urgente a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para la modificación integral del Reglamento de Concurso de Funcionarios, a los fines de adecuarlo formal y materialmente a las mandas de la Constitución de 2025".
"Un concurso diseñado por y para la corporación judicial no es un concurso constitucionalmente válido y muy difícil de explicar de cara a la sociedad", insisten.
Mientras tanto, piden que se extiendan los plazos de inscripción vigente para el llamado a concurso del cargo de secretario de Gobierno, para permitir la efectiva difusión de la convocatoria frente a la ciudadanía y asegurar un tiempo prudencial y equitativo para la recopilación, legalización y presentación de los antecedentes profesionales de los matriculados independientes.
"Mantener un ecosistema de evaluación cerrado atenta de forma directa contra el nuevo orden constitucional de la Provincia", remarcan los abogados de Rosario.