El Tribunal Oral Federal (TOF) 6 redujo este martes las condenas a los responsables de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, entre los que se encuentra el exsecretario de Seguridad de la Nación durante el gobierno de la Alianza, Enrique Mathov, a quien le bajaron la pena a cuatro años y tres meses de prisión.
Luego de una reevaluación del monto de las penas ordenada por la Cámara de Casación Penal, el tribunal también redujo la pena de exjefe de la Policía Federal Argentina Rubén Santos a tres años y seis meses.
"Hoy, a casi 20 años de los hechos, el Tribunal Oral Federal 6 definió condenar a Enrique Mathov a la pena de 4 años y 3 meses de prisión, a Rubén Santos a 3 años y 6 meses, y a Norberto Gaudiero a 3 años en suspenso", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) –querellante en esta causa-, a través de su cuenta oficial en la red social.
Mathov, a quien además le dictaron la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años y seis meses, fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio culposo en perjuicio de Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos Almirón, y lesiones culposas en perjuicio de más de 20 víctimas.
El TOF 6 había condenado antes a Mathov a cuatro años y nueve meses de prisión, y a Santos, a cuatro años de cárcel.
En la audiencia para el recálculo de los montos de las penas, desarrollada la semana pasada, la fiscalía y el CELS habían reclamado que se mantuvieran las condenas dispuestas a los principales imputados de los hechos ocurridos en 2001 cuando la Policía Federal reprimió a manifestantes que se habían acercado hasta a Plaza de Mayo para reclamar cambios en la política nacional ante una agobiante situación económica.
El TOF 6, integrado por los jueces Néstor Costabel, Sabrina Namer y Rodrigo Giménez Uriburu, condenó además al expolicía Víctor Manuel Belloni a dos años y nueve meses de prisión y a su colega Carlos José López a 5 años y nueve meses de cárcel.
Crisis de 2001
La crisis de diciembre de 2001 en Argentina fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema “¡Que se vayan todos!”, que causó la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, dando lugar a un período de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron el Poder Ejecutivo Nacional.
Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política. Durante la crisis fueron asesinadas por agentes de seguridad del Estado y privados, 39 personas, entre ellas siete niños de entre trece y dieciocho años.
El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del “Corralito”, el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos.
El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades.
La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados.
La mayor parte de las personas que participaron en las protestas fueron autoconvocadas y no respondían a ningún partido político, sindicato u organización social estructurada. El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.


