A pesar del intento de la defensa de recusar al camarista, se confirmó qué magistrado revisará el fallo que impuso la prisión preventiva al fiscal de Vera sospechado de abuso sexual.
Gentile Bersano será el juez encargado de revisar la prisión preventiva del fiscal Benegas
Maiquel Torcatt / Aire Digital
Luego de que el abogado querellante en la causa por abuso sexual contra el fiscal Leandro Benegas en Vera intentara apartar al juez designado para revisar la prisión preventiva, la Cámara de Apelaciones confirmó quién será el camarista encargado de llevar adelante la audiencia.
El fallo lleva la firma del camarista Eduardo Bernacchia, quien confirma a su par Fernando Gentile Bersano como el magistrado a cargo de resolver el planteo de la defensa del fiscal.
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El abogado querellante Dionisio Ayala había intentado apartar a Gentile Bersano; el juez rechazó los argumentos del representante de la denunciante, por lo que intervino Bernacchia y avaló los fundamentos del juez para ser el encargado de evaluar las críticas a la prisión preventiva impuesta a Benegas.
Ayala había solicitado que el juez Gentile Bersano se aparte de la audiencia en la que se revisará la prisión preventiva de Benegas; la solicitud de Ayala se sustentó en el artículo 68, inciso 2 del Código Procesal Penal (CPP), que se refiere a "tener interés en el proceso".
El querellante argumentó una "falta de credibilidad y una parcialidad manifiesta" del magistrado Gentile Bersano para intervenir en el recurso de apelación del defensor Sebastián Oroño en representación de Benegas.
Ayala citó una noticia publicada en abril de 2024 titulada: "Gentile Bersano declaró inválida la detención de un acusado por abuso sexual y ordenó su libertad"; según la querella, este antecedente generaba un "halo de parcialidad" y actos que podrían evidenciar encubrimiento o resoluciones ilegítimas.
En este sentido, el querellante advirtió que la legitimidad de la acción de la víctima podría verse afectada al tratarse de un proceso contra un funcionario judicial (el fiscal suspendido) que pertenece al mismo ámbito laboral que el juez, lo que pondría en duda la imparcialidad objetiva requerida.
Finalmente, Ayala sostuvo que la intervención del juez desactivaba derechos constitucionales y normas internacionales sobre la protección de la víctima y el debido proceso, al no ofrecer la "doble confianza" necesaria en la administración de justicia.
Gentile Bersano resolvió rechazar la recusación presentada por Ayala, considerando que los motivos invocados no eran serios ni comprobables, y que el antecedente del caso citado por el querellante no guardaba relación fáctica ni jurídica con la causa presente.
El juez detalló una serie de argumentos legales que desacreditaron los motivos de "parcialidad" alegados por la querella: en relación al precedente citado por Ayala, el tribunal determinó que ese caso (una apelación sobre un recurso de Habeas Corpus) no guardaba ninguna relación fáctica ni jurídica con la causa contra Leandro Benegas.
Argumentó que la adopción de decisiones debidamente fundamentadas en un caso previo no puede constituir, de modo alguno, un indicio de parcialidad para casos futuros, incluso si presentaran algún paralelismo, y señaló que, tras la reforma de la Ley 13.405, los supuestos de exclusión son específicos y ninguno se cumplía en este caso.
Gentile Bersano recordó que el temor de parcialidad debe sustentarse en "motivos serios, razonables y comprobables", requisitos que estaban ausentes en el planteo de la querella, y que los fundamentos deben nacer de la objetividad de los actos y no de un "juicio de valor que hace la parte".
Al momento de resolver, Bernacchia entendió que no se acreditó nada que afectara la independencia del magistrado Gentile Bersano para intervenir en la causa de Benegas, y recordó que el apartamiento de un juez no es un privilegio, sino una garantía para el justiciable de contar con jueces naturales de la jurisdicción, garantía que no se veía afectada en este proceso.
En la causa se le atribuye a Leandro Benegas la presunta autoría de delitos calificados como abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores, agravada por el uso de intimidación o coerción.
De acuerdo con la imputación, los hechos habrían ocurrido en reiteradas oportunidades cuando la víctima era adolescente. En ese período, el acusado se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Vera y era superior jerárquico del padre de la denunciante.
La Legislatura resolvió suspender de su cargo al fiscal, tras lo que la jueza Claudia Bressan impuso la prisión preventiva que el fiscal está cumpliendo en la cárcel de Las Flores.
El abogado defensor apeló la medida porque en la prisión preventiva se resolvió en una audiencia que tenía por objetivo que el fiscal conociera los hechos por los cuales tres fiscales del Ministerio Público de la Acusación lo investigan; sin embargo, en medio de la audiencia, la querella del caso, a cargo de Dionisio Ayala, solicitó la prisión preventiva del fiscal pese a que no estaba acordado que se tratara tal medida cautelar. Inclusive, la Fiscalía ni siquiera la impulsó.
Tras la suspensión del fiscal y la ejecución del encarcelamiento preventivo, Oroño recurrió a la Cámara de Apelaciones para revisar la legalidad del encierro impuesto a Benegas; esta audiencia de apelación, se confirmó, será frente al juez Gentile Bersano.
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