martes 17 de mayo de 2022
Policiales Santa Fe | Alquiler | Corral

Un segundo fallo ratifica a la Justicia federal para investigar un alquiler de Gendarmería en Santa Fe

La Cámara de Apelaciones de Rosario rechazó otro intento para que la causa pase a la Justicia provincial. Por el caso, un comandante de la fuerza y un exfuncionario municipal de la gestión de José Corral fueron llamados a indagatoria y luego se les dictó la falta de mérito.

La jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Élida Isabel Vidal, volvió a confirmar que la causa que investiga irregularidades en el alquiler de la propiedad en donde funciona Agrupación XXI de la Gendarmería, en calle Moreno 2414, siga instruyéndose en el Juzgado y Fiscalía Federal N°2 de la ciudad de Santa Fe.

La resolución se dio en el marco de un pedido solicitado por el abogado Leandro Corti, que asiste a dos implicados en la causa, el cual meses atrás había solicitado al juez federal Marcelo Bailaque (a cargo del Juzgado N°2) que el caso sea remitido al Ministerio Público de la Acusación de la capital provincial. Bailaque hizo lugar al pedido, pero el fiscal del caso, Walter Rodríguez, apeló la medida por lo que el planteo terminó siendo revisado en la Cámara.

El 5 de noviembre pasado, la jueza Vidal desestimó que la causa vaya a la Justicia provincial y ratificó al fuero federal para continuar con la investigación. Días después, Corti presentó un nuevo escrito ante la misma jueza para que la camarista le conceda ir hasta la Cámara de Casación Penal (tribunal superior a la Cámara rosarina) para lograr verificar el planteo de incompetencia. Finalmente, este viernes, Vidal sacó un nuevo fallo en donde rechazó el planteo de Corti y confirmó por segunda vez a la Justicia federal para que siga al frente de la pesquisa.

La causa investiga el alquiler de una vivienda del barrio Sur, la cual es propiedad del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Álvaro González, que fue alquilada en 2016 por la Gendarmería Nacional. Dicho alquiler fue gestionado y abonado por la Municipalidad de Santa Fe cuando José Corral estaba a cargo de la Intendencia, según determinó la investigación del fiscal Rodríguez.

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El caso se tramitó en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

El caso se tramitó en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Por el caso fueron imputados e indagados el entonces Subsecretario de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad, Mariano Hoet, y Comandante Mayor de la Gendarmería Nacional Argentina, Pedro Héctor Ortubia, los cuales fueron imputados por “fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, en calidad de coautores”.

Sin embargo, en junio de este año, el juez Bailaque le dictó la falta de mérito a ambos por lo que parcialmente quedaron desvinculados de la investigación. De igual manera, tal resolución fue apelada por el fiscal, situación que en la actualidad deberá ser revisada por un tribunal de la Cámara Federal rosarina.

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Del expediente se desprende que el fiscal Rodríguez le achacó a Hoet y al Comandante Mayor Ortubia haber “motorizado” la concreción del negocio jurídico consistente en el contrato de locación del inmueble ubicado en calle Moreno 2414 de la ciudad de Santa Fe, donde funciona la sede de la Agrupación XXI “Santa Fe Norte”. El mismo se celebró el 20 de septiembre del 2016 y tuvo como condimento particular que la propia Municipalidad de Santa Fe fue quien tramitó la propiedad ante una inmobiliaria local y además actuó como locataria (inquilina). Tal alquiler fue por un monto total de $1.380.000 y con plazo de vigencia hasta el día 19 de septiembre de 2018, que luego fue prorrogado por un año más, en fecha 20 de septiembre de 2018 (por las mismas partes).

El contrato se realizó de manera directa, entre municipio e inmobiliaria, por lo que omitió el procedimiento de licitación pública. En este sentido, se determinó que el argumento utilizado en ese entonces por la gestión de Corral fue ampararse en la “emergencia de seguridad pública” que fue declarada en todo el territorio nacional mediante el decreto Nº 228/16. Sin embargo, según entienden desde la Fiscalía, el decreto no abarcaba a los gobiernos municipales.