El escrito presentado por la defensa pública de Muga a las autoridades del SPDP advierte sobre las intervenciones de la Justicia y el accionar del Servicio Penitenciario antes de la muerte del policía preso en una causa por femicidio.
El policía Muga fue detenido la madrugada del 1 de agosto tras atacar con su arma reglamentaria a su expareja en Nueva Esperanza
Maiquel Torcatt/ Aire Digital
La defensa pública que asistió al policía César Muga, quien se quitó la vida en su lugar de detención en la cárcel de Coronda, presentó un informe en el que alerta sobre posibles responsabilidades de la Justicia santafesina y del Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe en el suicidio de Muga.
El escrito repasa las actuaciones previas de la defensora pública Leticia Feraudo y las reiteradas presentaciones que reclamaba una atención acorde al cuadro de salud mental que presentaba el policía imputado por el femicidio de su expareja en el barrio Nueva Esperanza.
El informe fue elevado a las autoridades del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, tanto regional como provincial, a fin de realizar las presentaciones que estimen correspondientes.
El escrito, al que tuvo acceso AIRE, presenta un repaso de la causa desde que Muga fue detenido por atacar a disparos con su arma reglamentaria a su expareja, el 1 de agosto de 2025. De hecho, en la audiencia de prisión preventiva, el juez Sebastián Szeifert ya había ordenado una pericia psicológica urgente para definir el estado de salud mental del agente.
En entrevistas mantenidas con la defensora, Muga había advertido de sus problemas psiquiátricos que nunca habían sido correctamente tratados; situaciones similares refirieron las hijas de Muga, tanto públicamente como ante la Justicia.
Las entrevistas con la Junta Especial de Salud Mental (JESM) se realizaron a partir de octubre, y en las mismas se alertó la necesidad de internar a Muga y que su estado de salud no podía ser atendido con la diligencia necesaria en el penal: "Hemos podido observar la presencia de angustia de gran intensidad, con llanto espontáneo difícil de contener y la dificultad del imputado reconocida por él mismo de expresarse en los temas que lo afligen. Sí pudo aportar la presencia de pensamientos que lo perturban con ideas de muerte que lo impulsan a dudar sobre su propia existencia. Manifestó no estar recibiendo atención psiquiátrica ni psicológica, la que consideramos indispensable en este momento y de forma inmediata", replica el informe sobre lo referido por la JESM tras esa primera entrevista.
"A pesar de estas conclusiones, el Sr. Muga nunca fue internado. En el medio, lo único que hizo el Servicio Penitenciario fue remitir informes donde se aludía de manera genérica a que el Sr. Muga recibiría tratamiento dentro del penal en algún momento. Sin embargo ese tratamiento nunca se concretó; no hubo abordaje intensivo; no hubo seguimiento especializado, y el propio informe de la Junta indica que el penal no reúne las condiciones necesarias para tratar una crisis psiquiátrica de esta magnitud", detalla el escrito.
El 19 diciembre se ordenó la internación de Muga, que nunca se concretó, y en enero se advirtió que había tenido un primer intento de suicidio con ingesta de medicamentos. El 19 de enero, en una audiencia de habeas corpus, la defensora Feraudo volvió a insistir con la necesidad de internar a Muga: "Señor juez, estamos ante una persona privada de libertad con riesgo suicida acreditado; recomendación expresa de internación; inadecuación del penal como ámbito terapéutico y con una alternativa concreta de internación que no fue utilizada", sostuvo en ese entonces la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal.
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Ese pedido fue rechazado por el juez Gustavo Urdiales porque consideró que estaba recibiendo atención en el penal. Dos días después, Muga apareció colgado en su celda.
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