El momento en que retiran el cuerpo de "Pimpi" Sandoval de la casona donde fue ejecutado.
La Capital
El 25 de octubre pasado un grupo comando entró por la fuerza a una casa de barrio La Florida, en Rosario, y ejecutó a Ema Pimpi Sandoval, quien en la práctica estaba cumpliendo prisión domiciliaria en ese lugar a pesar de que debía estar en la cárcel. También dieron muerte a una chica de 22 años y un muchacho. Un cuarto joven que esa noche estaba en el lugar sobrevivió a las heridas.
El caso hasta ahora no tiene detenidos, ni siquiera autores identificados, pero ha desatado un terremoto que golpea a las puertas del Poder Judicial. Motivó investigaciones internas que están considerablemente avanzadas. Una de ellas tiene bajo la lupa a dos jueces penales de primera instancia y a un camarista. La otra está enfocada sobre el fiscal que encabeza la unidad de Homicidios dolosos de Rosario, Adrián Spelta, cuya situación luce complicada.
La novedad con respecto a Spelta es que la Auditoría General del Ministerio Público Fiscal resolvió no seguir adelante con la instrucción. El motivo: a entender de la auditora María Cecilia Vranicich, “la evidencia reunida excede los límites de sanción” que puede solicitar ese organismo interno, por lo tanto lo elevó a la Legislatura provincial que es la que tiene la potestad de aplicar sanciones más severas o directamente proceder a removerlo del cargo de fiscal.
La Auditoría cree que hay suficiente evidencia para que Spelta reciba una sanción disciplinaria de entre 60 y 180 días de suspensión o sea destituido del Ministerio Público Fiscal.
Dice la resolución: “Esta auditoría advierte del análisis de la evidencia reunida que la sanción eventualmente aplicable podría ser mayor al límite legal de sesenta días de suspensión que puede solicitar esta Auditoría al Tribunal de Disciplina, por ende en cumplimiento del mandato legal establecido por el artículo 62 bis de la ley 13013 corresponde a esta Auditoría inhibirse de continuar la tramitación del procedimiento disciplinario, y remitir los presentes a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa…”.
En pocas palabras, la Auditoría cree que hay suficiente evidencia para que Spelta reciba una sanción disciplinaria de entre 60 y 180 días de suspensión o sea destituido del Ministerio Público Fiscal.
Spelta está siendo investigado bajo sospecha de haber favorecido con su accionar a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval (condenado por el ataque a tiros a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti) y su hermano Lucas para que salieran de la cárcel a pesar de que no había motivo alguno para que traspasaran la puerta de Piñero.
Ambos hermanos, referentes de una banda dedicada a la comercialización de drogas en el norte de Rosario y protagonista de hechos violentos para asegurar ese negocio, no cumplían ninguno de los requisitos legales para ser beneficiados con prisión domiciliaria o alguna forma de libertad morigerada. Más aún, estaban imputados y con prisión preventiva por un triple intento de homicidio, delito que tiene expectativa de pena alta, a tal punto que en diciembre pasado, con su hermano ya muerto, Lucas fue condenado por ese hecho a 11 años de prisión.
Spelta está siendo investigado bajo sospecha de haber favorecido con su accionar a Emanuel “Ema Pimpi” Sandoval (condenado por el ataque a tiros a la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti).
A pesar de esos impedimentos, los hermanos salieron de la cárcel y se instalaron en un departamento de barrio Rucci con tobilleras electrónicas gracias a un acuerdo entre el fiscal Spelta y el abogado defensor de los Sandoval, y convalidado por el juez Hernán Postma en mayo de 2018.
Posteriormente, en abril de 2019, los Sandoval lograron, con la no oposición del fiscal y la autorización del juez Gustavo Pérez Urrechu, mudarse a una casa alquilada en Pago Largo 654, en La Florida, donde Sandoval encuentra la muerte el 25 de octubre pasado. Ahí toma estado público que el inmueble alquilado es propiedad del camarista civil y comercial Oscar Puccinelli.
El crimen de Sandoval –el grupo comando que atacó la casa también mató a una joven de 22 años y un joven que estaban en el lugar– disparó, dos investigaciones paralelas en el Poder Judicial.
El proceso está plagado de irregularidades y situaciones sospechosas. Por ejemplo, el departamento de barrio Rucci era propiedad de un abogado condenado por narcotráfico. Y la casa de La Florida fue alquilada a nombre de un joven de 23 años sin ingresos ni trabajos demostrables y las garantías desconocen haber asumido ese rol y las firmas estampadas en el contrato.
El crimen de Sandoval –el grupo comando que atacó la casa también mató a una joven de 22 años y un joven que estaban en el lugar– disparó, dos investigaciones paralelas en el Poder Judicial. La Corte, por un lado, encomendó una instrucción sobre el accionar de los jueces Postma, Pérez de Urrechu y Puccinelli. El informe concluyó que el acuerdo que permitió salir de la cárcel a los Sandoval fue “ilegal e irracional” y hoy está a la espera del dictamen del procurador Jorge Barraguirre.
Por el otro, la investigación de la Auditoría General del MPA con respecto a la actuación del fiscal Spelta.
Los siguientes son los hechos que la auditora Vranicich le endilgó a Spelta e informó a la Legislatura.
- No haber sostenido ni defendido el cumplimiento de la prisión preventiva en un establecimiento penitenciario tanto respecto a Lucas Sandoval como de Emanuel Sandoval.
- Haber pedido de común acuerdo con el defensor particular Fausto Yrure una medida cautelar fuera de los previstos por la ley, siendo ello manifiestamente improcedente cuando sólo les correspondía legalmente la prisión preventiva en establecimiento penitenciario que venían cumpliendo, poniendo en riesgo la investigación, como quedó demostrado con la fuga de Lucas Sandoval, quien rompió la tobillera electrónica y abandonó el edificio donde se encontraba, todo ello causando grave daño y obstaculizando la investigación…
- Haber tergiversado la realidad discursivamente al solicitar judicialmente y argumentar en las audiencias respecto a la procedencia de una medida cautelar no privativa de la libertad cuando en los hechos consistía en una prisión domiciliaria, a los efectos de eludir lo dispuesto en la ley 13476 modificatoria del Código Procesal Penal y la instrucción del Fiscal General…
La Comisión de Acuerdos –integrada por 4 senadores y 8 diputados– de la Asamblea Legislativa tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver si promueve una sanción o la remoción de Spelta
- Haberse opuesto en la audiencia del 10 de abril de 2019 ante el juez Pérez Urrechu al pedido de cambio de domicilio efectuado por el defensor Yrure intentando rectificar lo acordado previamente respecto a la prisión domiciliaria a los efectos de dotarlo de una apariencia de legalidad inexistente, desnaturalizando la medida cautelar no privativa de la libertad cuando en los hechos era una prisión domiciliaria, todo para eludir el mandato de la ley y del fiscal general.
- Haber solicitado en la audiencia preliminar del 20 de marzo de 2019 una pena consistente en 12 años de prisión siendo menor a la requerida en la acusación formulada en diciembre de 2018 consistente en una pena de 20 años, argumentando un error material, cuando los fundamentos vertidos en la acusación son coherente a la pena solicitada en primer término.
Ahora la Comisión de Acuerdos –integrada por 4 senadores y 8 diputados– de la Asamblea Legislativa tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver si promueve una sanción o la remoción de Spelta o, en caso de entender que la sanción aplicable debe ser leve (menor a 60 días de suspensión), devolverla a la Auditoría.
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