El abogado penalista de Rosario, Martín Frassi, indicó que Brisa Milagros Leguizamón, la novia del casamiento de Ibarlucea, por el cual horas después del evento una familia fue asesinada en un claro ajuste de cuentas, explicó que su clienta, actualmente prófuga, tiene intenciones de ponerse a disposición de la Justicia federal en donde actualmente atraviesa un procesamiento. Sin embargo, aclaró que quiere saber cuáles son las garantías que se le brindarían en caso de comparecer a sede judicial.
La afirmación del letrado se dio a partir de que el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario emitió el sábado pasado una orden de captura contra la mujer, ya que la misma violó la prisión domiciliaria en la que debía encontrarse al momento de la boda.
Al respecto, Frassi indicó a AIRE que pese a la orden de detención interpuso un recurso ante el tribunal para que sea una instancia superior (Cámara de Casación Penal) quien analice si es correcta el pedido de captura de su asistida. Es que según explicó el abogado, la medida cautelar de prisión preventiva de manera domiciliaria aún no se encontraba firme.
Tal situación generó un nuevo incidente judicial que deberá ser analizado en las próximas horas por los jueces del TOF rosarino. “Ella está con las intenciones de comparecer ante la Justicia, pero para eso hay que esperar la resolución del recurso”, explicó al respecto el abogado penalista. “La orden de captura no está firme”, agregó el letrado.
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En torno a por qué se encontraba con la domiciliaria, Frassi recordó que su clienta fue beneficiada, desde hace dos años y medio con esa medida cautelar, ya que tiene dos chicos de 3 y 6 años.
Procesada por la “Tía Olga”
Leguizamón, y su marido, Esteban Rocha, se encuentran ligados a una causa judicial que investigó a Olga Medina, alias "Tata", una narco de 54 años, que dominaba el norte de Rosario y que fue condenada en 2020 a cuatro años de cárcel.
La investigación contra Medina en 2014 desembocó en la caída del "Delfín" Zacarías, uno de los mayores proveedores de cocaína de Rosario, que fue condenado en 2018 a una pena de 16 años. Tenía un laboratorio clandestino en Funes, en las afueras de Rosario, donde tenía capacidad para producir 500 kilos por mes de cocaína.
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