La fiscal Lema solicitó la medida cautelar, la cual fue dispuesta por la jueza Cristina Fortunato en una audiencia realizada ayer en los tribunales de Rafaela. Los imputados son un subcomisario de 43 años y una subinspectora de 37, a los que se investiga como jefes de la organización, y un oficial de policía de 27 años, a quien se le atribuyó ser partícipe en carácter de miembro. Se les endilgaron 13 hechos ilícitos cometidos en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia.
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Los imputados son un subcomisario de 43 años, cuyas iniciales son GEE, y una subinspectora de 32, de iniciales MSA, que son investigados como jefes de la organización. En tanto, hay un tercer hombre que también fue imputado por integrar la asociación ilícita en carácter de miembro. Se trata del oficial de policía JHEV de 27 años.
La funcionaria del MPA aclaró que a los tres policías les atribuyeron 13 hechos cometidos en el marco del ejercicio abusivo de sus funciones como integrantes de la policía de la provincia. Los delitos ocurrieron de forma habitual y continua, en el contexto de una asociación ilícita que también integraban otros miembros de la fuerza policial.
Asociación ilícita
“Los delitos que investigamos fueron cometidos en un periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de este año en las localidades de Frontera y Josefina”, precisó Lema y agregó que si bien se registraron alternancias temporales en las que hubo menor actividad, no se interrumpió la permanencia de la organización.
Acerca del funcionamiento de la asociación ilícita, Lema explicó que sus integrantes asumieron roles en el marco de una estructura jerárquica interna en la que había distintos niveles de responsabilidad. Cada uno realizaba aportes en forma individual o grupal para que la organización pudiera sacar provecho económico con su actividad y mantenerse en el tiempo.
Entre las actividades delictivas que llevaban adelante los imputados se destaca la suscripción de actas de procedimientos policiales con información adulterada o falaz. Los policías brindaban datos falsos sobre distintos hechos delictivos y omitían realizar las comunicaciones al MPA.
Los investigados defraudaron al Estado provincial mediante la prestación de servicios de custodias policiales en los que no cumplían con las reglamentaciones administrativas y legales establecidas para la contratación del servicio. Además, recibieron dádivas con la finalidad de obtener beneficios que luego se repartían entre los miembros de la asociación.
Delitos
Sobre los delitos atribuidos, Lema precisó que “MSA y JMEV son investigados como coautores del delito de privación ilegal de la libertad por abuso funcional”. La fiscal explicó que “a ambos también se les atribuyó el delito de falsedad ideológica de instrumento público calificada, a MSA por cuatro hechos y a JMEV por uno”.
La subinspectora también es investigada por los delitos de encubrimiento agravado y de secuestro coactivo agravado. Sostuvo que “se le endilgó la coautoría del delito de usurpación de funciones y defraudación a la administración pública” y aclaró que por este último delito, también fue imputado GEE.
Otro de los delitos atribuidos a JMEV y a GEE es por apremios ilegales y vejaciones y privación ilegítima de la libertad. En cuanto a GEE, además se le atribuyeron los delitos de encubrimiento agravado; lesiones graves en accidentes de tránsito; recepción de dádivas; exacciones ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público; omisión de hacer cesar las detenciones ilegales; amenazas; y falsedad ideológica de instrumento público.
Oficina de Prensa y Difusión MPA
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