Una treintena de presos alojados en la comisaría 9° de la ciudad de Santa Fe reclamaron mejores condiciones de alojamiento en la dependencia que duplica su capacidad de albergue. Los disturbios se desataron en la tarde del lunes y arribó al lugar el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y bomberos zapadores, debido a la quema de colchones con la que los presos expresan su disconformidad. El defensor regional presentó un hábeas corpus para que los reclusos sean trasladados a otras dependencias.
El abogado Leandro Miró fue quien se acercó al edificio policial de Avenida Facundo Zuviría y Esquiú y participó de la reunión, tras el motín de los presos, junto a directivos policiales y familiares de los reclusos que reclamaron verlos. Del encuentro también participó la jefa interventora de la Unidad Regional I de policía, Marcela Muñoz.
Según constató Miró, las instalaciones de la comisaría 9° "no están en condiciones" de alojar a los 34 presos. "Ya presentamos un hábeas corpus para que se disponga el traslado y ahora esperamos que fijen fecha de audiencia", expresó el defensor al periodista Julián Brochero desde el móvil de Aire de Santa Fe.
"El problema es que la mayoría de las comisarías están colapsadas. La semana pasada había 40 y hoy son 34 las personas detenidas", detalló Miró sobre la comisaría 9° que tiene capacidad para albergar hasta 15 reclusos.
El principal reclamo de los presos apunta al hacinamiento en esa dependencia, pero también pidieron ver a sus familiares. Una de las madres que se acercaron a la comisaría para saber cómo se encontraba su hijo expresó: "Hace cuatro meses que no se nada de mi hijo y un perro duerme en mejores condiciones que ellos. Si de esa manera quieren reinsertar un preso, están perdidos".
El defensor regional confirmó que algunos familiares ingresarán al área de celdas para constatar el estado de salud de los presos. Sin embargo, Miró aseguró que "ninguno tendría una lesión vinculada a lo que pasó esta tarde" aunque aclaró que el informe definitivo lo tendrá el médico policial.
Luego de la reunión en la comisaría 9°, el defensor señaló que el recurso jurídico presentado incluye a todas las comisarías de la 1era. Circunscripción de Santa Fe. "La mayoría están en la misma situación. Hay muchas comisarías y no hay dónde alojar presos" y recordó que las cárceles de Las Flores, Coronda y Piñero "están desbordadas".
Hacinamiento en dependencias policiales santafesinas
A fines de mayo pasado, el ministro de Seguridad Marcelo Sain compartió un relevamiento que echó luz sobre la situación crítica que atraviesan cárceles y comisarías de la provincia de Santa Fe, en cuanto a superpoblación de detenidos y el estado edilicio de los establecimientos.
Si bien puede considerarse que la problemática no es nueva, con el advenimiento de la pandemia de coronavirus la situación se ha agravado aún más, especialmente tras las protestas de finales de marzo cuando se destruyeron pabellones de los penales de Las Flores y Coronda.
Según expresó el funcionario titular de la cartera de Seguridad, “durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas”, y “a la luz de las estadísticas mencionadas, no es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca”.
En ese momento, Sain resolvió declarar el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales en todo el ámbito de la provincia. A raíz de esto, para el ministro, la solución provisoria es “disponer que, en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecue el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales”.
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