Una treintena de presos alojados en la comisaría 9° de la ciudad de Santa Fe reclamaron mejores condiciones de alojamiento en la dependencia que duplica su capacidad de albergue. Los disturbios se desataron en la tarde del lunes y arribó al lugar el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y bomberos zapadores, debido a la quema de colchones con la que los presos expresan su disconformidad.
Según informó el periodista Julián Brochero desde el móvil de Aire de Santa Fe, las demandas de los reclusos también incluyeron la posibilidad de recibir visitas y el traslado a otras dependencias policiales.
La quema de colchones tuvo lugar en la parte trasera de la comisaría ubicada en Esquiú y Facundo Zuviría, donde se encuentran las celdas que pueden alojar hasta 12 detenidos. A la fecha son 34 los reclusos alojados allí.
A los pocos minutos que llegó el personal de la GOE, tanto la policía como los bomberos lograron controlar la situación.
El informe de Julián Brochero
Enterados de los disturbios por la cobertura periodística de Aire de Santa Fe, los familiares de los detenidos en la comisaría 9° llegaron a la dependencia y exigieron conocer el estado de salud de los allí alojados. "Hace cuatro meses que no se nada de mi hijo y un perro duerme en mejores condiciones que ellos. Si de esa manera quieren reinsertar un preso, están perdidos", dijo la madre de uno de los detenidos.
Las autoridades policiales no permitieron las visitas y el grupo de familiares reclamó quemando cubiertas y cortando el tránsito en Facundo Zuviría e inmediaciones de calles Huergo y Ruperto Godoy.
Hacinamiento en dependencias policiales santafesinas
A fines de mayo pasado, el ministro de Seguridad Marcelo Sain compartió un relevamiento que echó luz sobre la situación crítica que atraviesan cárceles y comisarías de la provincia de Santa Fe, en cuanto a superpoblación de detenidos y el estado edilicio de los establecimientos.
Si bien puede considerarse que la problemática no es nueva, con el advenimiento de la pandemia de coronavirus la situación se ha agravado aún más, especialmente tras las protestas de finales de marzo cuando se destruyeron pabellones de los penales de Las Flores y Coronda.
Según expresó el funcionario titular de la cartera de Seguridad, “durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de cada año se registran los mayores índices de personas detenidas”, y “a la luz de las estadísticas mencionadas, no es posible pronosticar que el número de personas privadas de libertad se reduzca”.
En ese momento, Sain resolvió declarar el estado de emergencia de las condiciones de detención en dependencias policiales en todo el ámbito de la provincia. A raíz de esto, para el ministro, la solución provisoria es “disponer que, en el marco del estado de emergencia declarado y hasta tanto no se adecue el número de personas detenidas a las capacidades de alojamiento de cada dependencia, no se reciban más personas para ser alojadas como detenidas en dependencias policiales provinciales”.
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