El fiscal federal de Rosario Guillermo Lega fue suspendido de sus funciones y será sometido a un proceso en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación, luego de una extensa investigación que terminó con la acusación contra el funcionario por “incumplimiento de deberes”, a causa de “inconductas y malos tratos” y el cierre de una causa por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado nacional Humberto Roggero. La acusación contra Lega se inició por su polémico desempeño en la fiscalía de Río Cuarto, en Córdoba, entre 2009 y 2017.
Lega llegó a Rosario en el 2016, luego de las denuncias en la fiscalía de Río Cuarto.
Lega llegó a Rosario, uno de los distritos más complejos del país, luego de que lo “corrieran” de la fiscalía de Río Cuarto, donde fue denunciado en 2016 por el gremio de judiciales, encabezado por Julio Piumato, tras las reiteradas quejas de los empleados de esa sede judicial.
La extensa investigación que realizó la fiscal general de Santiago del Estero Cecilia Garzón llevó al procurador general de la Nación Edgardo Casal a dictar la suspensión de Lega, que se encuentra actualmente de licencia por enfermedad. El procurador abrió la instancia para que el funcionario sea juzgado por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Quedó a un paso de ser destituido.
En Rosario hay tres fiscalías federales, pero desde hace meses sólo funcionan dos, las que están en manos de Claudio Kishimoto y Adriana Saccone. Lega pidió licencia por enfermedad y ahora fue suspendido por el procurador general, por lo que la fiscalía federal Nº1 la absorbió Saccone.
Una de las últimas actuaciones de Lega fue el pedido de elevación a juicio de la casa por desaparición forzada de Franco Casco, en la que hay 19 policías acusados.
En Rosario Lega tuvo un perfil bajo en su trabajo, debido a los antecedentes que traía de Río Cuarto. Su traslado a esta ciudad, ordenado por la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó, tuvo que ver más con un castigo que con un premio. El gremio de judiciales había pedido desde hacía tiempo que apartaran a Lega, a quien los empleados lo habían denunciado ante el sindicato por malos tratos y acoso laboral.
Lega está acusado de tres cargos en el sumario que realizó la fiscal general de Santiago del Estero. En el sumario, al que tuvo acceso Aire Digital, se advierte que “el fiscal hacía referencia al juez y a los empleados del juzgado con expresiones como “burro”, “veterinario”, “hay que llevarle alimento balanceado a los del juzgado porque son animales”, y que en general descalificaba el trabajo ajeno (del Juzgado o de la AFIP, por ejemplo), tenía exabruptos, gritaba, empleaba malas palabras y términos peyorativos, frente a cualquier persona que se hallase presente”.
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En la investigación, Garzón señaló que “a partir del testimonio de los afectados y demás protagonistas, fueron tomando claridad y exhibiendo la existencia de un patrón de maltrato sistemático y progresivo del fiscal Lega hacia sus subordinados”.
“El comportamiento del fiscal había generado un clima laboral inadecuado, caracterizado por la fijación de estándares de trabajo que obligaba a la innecesaria doble o triple registración de actos o pasos procesales de las causas, órdenes contradictorias para la elaboración de dictámenes, gritos continuos, expresiones violentas sobre los muebles, comentarios degradantes y misóginos, insultos, palabras soeces, caprichosa asignación de tareas, amenazas de sumario o pérdidas del lugar de trabajo, y gestos con connotación sexual”.
La conclusión a la que llegó la fiscal Garzón, que realizó el sumario, fue que había “un patrón de comportamiento disfuncional” por parte de Lega, “contrario al rol que debe asumir como representante del Ministerio Público Fiscal”.
La causa Roggero
En el 2012, cuando estaba en Río Cuarto, Lega –quien llegó al cargo en 2009- promovió el cierre de la causa abierta contra el exdiputado nacional Humbero Roggero por enriquecimiento ilícito. Por este caso también fue investigado.
Le correspondía a Lega “agotar todas las medidas de investigación que hubieran permitido determinar si su evolución patrimonial se encontraba justificada.
Roggero fue jefe de la bancada peronista durante el menemismo y había sido denunciado nada menos que por quien fuera su mano derecha, Norberto Aime, quien le reclamaba una comisión de $ 1,5 millones por operaciones inmobiliarias. Según La Voz del Interior, este hombre dio detalles sobre la compra de estancias no declaradas y un enriquecimiento considerable del legislador y ex embajador en Italia.
Lega en su momento se basó en un peritaje de la oficina anticorrupción, que descartaba inconsistencias entre el patrimonio que Roggero declaró al ingresar y al retirarse del Congreso. Consideró que no hubo delito y archivó la causa.
En el sumario que realizó Garzón sostuvo que le correspondía a Lega “agotar todas las medidas de investigación que hubieran permitido determinar si su evolución patrimonial se encontraba justificada, sus movimientos de capital y las participaciones accionarias suyas y de su cónyuge, durante el tiempos que desempeñó funciones públicas, no sólo por el interés público del caso sino también para que la imagen de esta Institución no se viera afectada por las dudas que pudo generar la cuestionada actuación”.
En su descargo, el fiscal federal de Rosario negó todas las imputaciones, aunque su defensa no alcanzó para que el procurador Casal evitara abrir una instancia de enjuiciamiento y suspenderlo.
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