Una semana después del homicidio de Hugo Oldani, los peritos investigadores volvieron a la escena del crimen.
Foto/ Aire de Santa Fe
La causa que investiga una serie de irregularidades cometidas en torno a la custodia policial y judicial de la escena del crimen del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero en su local de la galería Rivadavia tras un asalto, ya cuenta con dos jefes policiales imputados por su presunto mal desempeño en el hecho.
La imputación estuvo a cargo de la fiscal del área de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, la cual acusó formalmente al Jefe de la Primera Zona de Inspección, Julián Nizzo y al Jefe de Orden Público de la Unidad Regional, Alejandro Amatti, por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En su acusación, la fiscal Jiménez le atribuyó a ambos jefes policiales “no haber cumplido con la orden de custodia de los locales 29 y 30” horas después de que Oldani fue asesinado con un balazo en la zona abdominal izquierda. En este sentido, la imputación hizo hincapié en que dicha orden de custodia fue emitida por la fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Cristina Ferraro, que atendió desde su inicio el caso y posteriormente fue apartada de la pesquisa.
Para Jiménez, tanto Nizzo como Amatti no cumplieron con la supuesta orden que emitió Ferraro, en donde ordenaba la “presencia permanente” de un efectivo policial para custodiar la faja que fue colocada y el cumplimiento de veda al ingreso al comercio en el que ocurrió el violento y fatal asalto.
Tras ser imputados, ambos funcionarios policiales negaron los hechos y según indicaron fuentes judiciales, los mismos dieron su versión de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Amatti, el mismo indicó que ese día se encontraba a cargo de un desalojo en un terreno público y no tuvo contacto con lo sucedido en la galería Rivadavia. En el caso de Nizzo, el mismo rechazó la imputación y explicó que llevó a cabo las tareas de custodia de la escena del crimen hasta que terminaron las actividades “investigativas y periciales”. Pero que dicha custodia no se prolongó porque no tuvo novedades ni de la fiscal ni de la Sección Homicidios de la Agencia de Investigación Criminal.
La reciente imputación de Jiménez se puso en sintonía con lo que planteó formalmente el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, cuando el pasado 1 de junio radicó en la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Walter Rodríguez, una denuncia vinculada al desempeño de los funcionarios policiales que actuaron en el lugar donde mataron a Oldani.
Aquella denuncia también hizo hincapié en el posible “lavado de activos” que pudo realizar la firma ya que, en el local, como dijo Sain, funcionaba una “cueva financiera” donde se realizaba el cambio de dinero de moneda extranjera a espaldas el Banco Central.
Tras esa denuncia, que trascendió rápidamente en la prensa, la fiscal Jiménez presentó en tribunales, ante el juez Gustavo Urdiales, un pedido para que la Justicia federal se inhiba de seguir actuando ya que en el Ministerio Público de la Acusación se investigan posibles delitos muy similares. Aquel pedido fue rechazado por el juez debido a que Jiménez no acompañó en ese entonces ninguna documental que ampare la denuncia en cuestión.
Sin zanjarse la situación de competencia en el caso, ambos fueros judiciales continuaron -y continúan- investigando las posibles irregularidades que se cometieron en la custodia de la escena del crimen -mayormente en el MPA- y los delitos vinculados al orden financiero.
Las dos investigaciones son el desprendimiento de la causa madre que investiga el homicidio del empresario y que tiene a cuatro personas detenidas bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Se trata de Juan Manuel Ruffino, el chófer de la banda, Brian Nahuel Damiani, que obró como campana y los que participaron del asalto dentro del local, Bruno Figueroa y A.C.G. Esta última transita el proceso judicial en el Juzgado de Menores de la Segunda Nominación ya que al momento de los hechos tenía 17 años.
Los tres que tienen la mayoría de edad fueron detenidos en distintos tramos. Primero quedaron detenidos Ruffino y Damiani a los pocos días del crimen del empresario. Mientras que Figueroa fue aprehendido en el mes de abril en una vivienda del barrio Los Hornos tras estar dos meses prófugo de la Justicia provincial. Finalmente, la joven menor de edad cayó a principios de junio tras una persecución policial en el norte de la ciudad.
Desde ese entonces, solo Ruffino prestó declaración ante el juez Jorge Patrizi y brindó una serie de datos sobre lo sucedido. Como ejemplo, aportó el nombre del joven que entró al local y luego baleó a Oldani en un presunto robo cuyo botín nunca quedó esclarecido.
Sin embargo, dos meses después, tanto Figueroa como la menor imputada mostraron intensiones de prestar declaración en la causa. De hecho, fueron fijadas dos audiencias, una en tribunales y otra en el Juzgado de Menores, para que ambos acusados puedan declarar y den su versión de los hechos pero las mismas no se realizaron.
Una, la de Figueroa, porque la querella -a cargo de Romeo Díaz Duarte- recién había asumido en el caso y no estaba al tanto de la situación, y la otra, la de A.C.G., se truncó el pasado 20 de agosto porque la defensa de la joven desistió.
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