Simulaban ayudarla y la estafaron durante años: se quedaron con su casa, su auto y su jubilación
Un hombre y una mujer quedaron en prisión preventiva este martes en el marco de una investigación por múltiples estafas a una mujer de 80 años en Rosario
La mujer perdió sus bienes a manos de los estafadores
La Justicia de Rosario investiga a un hombre y a una mujer de 48 y 53 años por estafas reiteradas a una anciana octogenaria durante años; los sospechosos fueron imputados por varios delitos cometidos desde 2023 y quedaron en prisión preventiva este martes.
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La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Brindisi, quien atribuyó los hechos y dio a conocer la evidencia que vincula a M.D. y a W.R., como coautores de varias maniobras de estafa en perjuicio de la víctima, a quien llegaron a despojarla de sus bienes y hacerla perder el contacto con su familia.
La lectura de cargos se realizó entre el lunes y el martes en la sala 4 del Centro de Justicia Penal Rosario, ante el juez Federico Rébola, quien dio por acreditados los hechos y los riesgos procesales e impuso la prisión preventiva para ambos imputados por un plazo de cuatro meses.
De la ayuda a la estafa
La fiscal sostuvo en la audiencia que M.D. y W.R. abusaron de la confianza de la víctima durante años, con la que entablaron una relación tras un accidente de tránsito que sufrió la mujer en 2023; aprovechando la confianza, lograron tomar el control de las llaves de su hogar, introducir cuidadores allegados a ellos y manejar las tarjetas bancarias de la víctima.
Brindisi precisó que el 4 de enero de 2024 los imputados le hicieron transferir la titularidad de su automóvil Renault Sandero a un tercero y tomaron posesión del vehículo bajo el falso pretexto de protegerlo de un supuesto juicio laboral de una persona que había trabajado para la mujer.
Otra de las maniobras imputadas ocurrió el 3 de abril de 2024, aprovechando el deterioro de su salud, la hicieron firmar ante escribana pública un Poder General de Amplia Administración y Disposición de Bienes haciéndole creer que era un trámite necesario para su cuidado e internación. La fiscal explicó que con esto limitaron su autonomía e impidieron que mantuviera contacto con sus familiares indirectos desde enero de 2024.
Además, el 17 de abril de 2024, W.R. utilizó dicho poder para rescindir el contrato de alquiler de la víctima en Villa Gobernador Gálvez e instalar allí a su propio hijo con las pertenencias de ella. Luego, tras internarla en residencias geriátricas de Alvear y Rosario, retiraron sus bienes muebles del departamento: nunca se los devolvieron ni le dijeron dónde los habían llevado.
Los imputados también se quedaron con la jubilación de la mujer y los rendimientos provenientes de un campo en Piamonte; a través de compras con tarjetas VISA y retiros no autorizados, consumieron sus ahorros bancarios, reduciéndolos de aproximadamente $400.000 en enero de 2024 a tan solo $1.500 para agosto de 2026.
La investigación permitió precisar además que los imputados utilizaron las facultades del poder para gestionar cuatro créditos ante el Nuevo Banco de Santa Fe a nombre de la víctima por un total de $5.410.000 (distribuidos entre 2024 y 2025), cuyos fondos fueron derivados inmediatamente a beneficio de los imputados o terceros.
Finalmente, entre julio de 2024 y agosto de 2026, los acusados realizaron múltiples transferencias desde la cuenta de la víctima hacia personas que no tenían ninguna relación con los establecimientos geriátricos donde ella residía. La mayor parte del dinero fue a parar a un sujeto que no registraba actividad comercial declarada ante el ARCA, quien recibió 14 transferencias por un total de $7.180.000, monto que superó incluso lo destinado a la residencia de Alvear (unos $2.000.000 por 5 meses) y se aproximó a lo abonado en la residencia de Rosario ($5.800.000 por 5 meses de 2026).
Imputación y prisión preventiva
La fiscal Brindisi imputó a M.D. y W.R. como coautores de los delitos de estafa, suscripción engañosa de documentos y defraudación por administración fraudulenta (varios hechos) en concurso real, y solicitó que permanezcan detenidos en prisión preventiva.
El juez Rebola analizó la evidencia presentada por la Fiscalía, entre las que se destacan documentos y escrituras, auditorías de las cuentas bancarias, entrecruzamiento de datos del ARCA y el ANSES y el testimonio de la víctima, entre otras. El magistrado encontró acreditada la investigación e impuso la prisión preventiva para los dos sospechosos por un plazo de cuatro meses, tras lo cual podrá revisarse la medida.
