Condenaron a un abogado de Santa Fe por usar sellos y firmas truchas para estafar con la venta de terrenos
El letrado integró una banda que durante diez años se dedicó la venta de terrenos sin autorización y usar a la Justicia para fraguar escrituras.
El fallo judicial fue dictado este martes en el marco de un juicio abreviado realizado en tribunales de Santa Fe.
La Justicia condenó este martes a un abogado de la ciudad de Santa Fe que integró una asociación ilícita que durante 10 años se dedicó a cometer múltiples estafas inmobiliarias mediante la venta fraudulenta de terrenos ajenos y la falsificación de documentos.
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Se trata del letrado Javier Andrés Cóceres (51) que por medio de un juicio abreviado, homologado por el juez Pablo Spekuljak, aceptó cumplir una pena de 3 años de prisión efectiva y ser declarado culpable por integrar una asociación ilícita (como miembro); estafas reiteradas en calidad de autor, coaturor y partícipe principal; ejercicio ilegal del corretaje inmobiliario y abuso de su profesión de abogado; y falsificación de documento privado y público.
El fallo, en tanto, inhabilitó a Cóceres a ejercer la abogacía por tres años y el corretaje inmobiliario por un plazo especial de 5 años. No obstante, dispuso otorgarle la libertad condicional ya que lleva más de dos años preso.
El acuerdo judicial, impulsado por la fiscal Bárbara Ilera con la defensa del imputado, estableció además una reparación económica para los 27 damnificados que tuvo el caso iniciado en 2024.
Dicha reparación fue por una suma superior a 60 millones de pesos cuya mitad fue abonada al momento de tratarse este martes el juicio abreviado en tribunales, mientras que el resto se hará en 15 cuotas.
Del fraude al descubrimiento
Ante el reciente acuerdo judicial, ya son siete los condenados que tiene la causa que se inició en 2024 y que descubrió el funcionamiento de una organización delictiva, de guante blanco, que se dedicó a la venta fraudulenta de lotes -en Santa Fe y la región- sin autorización de sus verdaderos propietarios.
Según estableció la investigación, la banda utilizaba como fachada agencias inmobiliarias y estudios jurídicos como "AS Inmobiliaria", "J.C. Consultoría Jurídica" o "Javier Cóceres y Asociados". La captación de víctimas se hacía a través de publicaciones de terrenos en redes sociales y cartelería. Luego se hacían reuniones en donde los integrantes de la banda le exhibián a los futuros damnificados planos de los terrenos y les aseguraban la inmediata posesión para construir y prometían una pronta escrituración con facilidades de pago.
Sin embargo, los terrenos ofrecidos eran ajenos o no contaban con la titularidad, administración o autorización de venta por parte de sus legítimos dueños. De hecho, para dar apariencia de legalidad a las operaciones, los miembros de la banda confeccionaban boletos de compraventa y cesiones de derechos apócrifos, inventando cadenas de transmisión de dominio en las que aplicaban timbrados fiscales falsos, sellos de organismos oficiales, partidas inmobiliarias inexistentes y firmas falsificadas de escribanos. A partir de ese ardid, las víctimas realizaban la disposición patrimonial abonando importantes sumas en efectivo, transferencias bancarias o entregando vehículos como parte de pago.
El fraude continuaba cuando los abogados de la red utilizaban los documentos adulterados para promover juicios de escrituración ante los Juzgados Civiles y Comerciales de Santa Fe, para obtener sentencias judiciales que revistieran de legalidad la estafa.
La estafa, finalmente, quedaba al descubierto cuando los compradores descubrían el engaño al verse imposibilitados de escriturar, ser intimados por los verdaderos propietarios o constatar que el loteo no estaba aprobado.
