La historia de Patricio Serjal, el ex fiscal regional de Rosario, que será imputado por cobrar coimas con su ex colega Gustavo Ponce Asahad, está teñida por su rol en la megaestafa inmobiliaria, que tenía a peces gordos del poder económico de Rosario. Serjal fue quien promovió un cambio en la política de persecución que llevó a que se desistiera en acusar en esta causa a gente poderosa, como el contador Jorge Oneto y al empresario Pablo Abdala, gerente del diario La Capital, quienes fueron sobreseídos, en un polémico procedimiento en el que Serjal fue clave.
Es probable que la instancia final de este caso tenga que ver con el debilitamiento que sufrió durante los últimos meses la figura de Serjal, que antes del escándalo de las coimas estaba siendo investigado en la Legislatura de Santa Fe luego del supuesto desmanejo en la compra de dos autos al dueño de una concesionaria cuya causa en su contra se había archivado.
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En diciembre pasado, el último día antes del inicio de la feria judicial, la justicia elevó a juicio oral este caso emblemático, que tiene 15 imputados, entre los que figuran empresarios, escribanos, contadores y sindicalistas.
Esta red está acusada de tramar estafas y fraudes con más de 50 propiedades, entre las que había dos campos cercanos a Rosario. Con los escribanos Eduardo Torres y Kurtzemann -que luego fueron sobreseidos- se sospecha que se falseaban poderes para realizar transacciones inmobiliarias a espaldas de los dueños verdaderos.
Luego, esos inmuebles se vendían varias veces para que las operaciones tomaran un aspecto lícito y se lavara el dinero. Porque una de las finalidades era blanquear dinero. En este punto el fiscal Sebastián Narvaja conectó los hilos de esta organización con bandas narco como Los Monos y la liderada por Luis Medina, pero su estrategia no logró convencer y recibió fuertes críticas de los defensores de los imputados.
Ahora en este caso de las coimas que dice haber pagado el empresario Leonardo Peiti está más clara la vinculación con Los Monos, a través de aprietes y extorsiones.
Serjal, oriundo de San Pedro, llegó a la fiscalía con pocos conocidos en el foro local, a diferencia de Gustavo Ponce Asahad, el supuesto socio en la trama de las coimas. El Turco era secretario del juzgado de una controvertida jueza como María Laura Pérez Vara, que tuvo causas resonantes sin llegar a ningún lado como el crimen de Luis Medina y el atentado al ex gobernador Antonio Bonfatti.
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Pérez Vara, que se jubiló a principios de 2014 gracias a la firma de Bonfatti, fue condenada por el juez de Sentencia Julio Kesuani por estar en Cariló en momentos en que estaba de turno y tenía que estar a cargo de la investigación del asesinato de Medina. La jueza no estaba en Rosario, algo muy extraño, cuando se produjo la intervención en la computadora del narco, sin ninguna autorización oficial. Esto desembocó en una denuncia contra los técnicos Javier Echaniz y Martín Degrati y la propia Pérez Vara. Pero esa causa fue archivada en diciembre de 2015.
Dos años después de asumir en el cargo Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro
Al quedar vacante la fiscalía de Rosario, tras el ascenso de Jorge Baclini a la Fiscalía General, se presentaron en 2017 diez postulantes para ese puesto, pero en la terna final quedaron Serjal y dos fiscales de la unidad de homicidios de Rosario: Adrián Spelta y Miguel Moreno.
Serjal obtuvo el primer puesto. Y quedó al tope del orden de mérito en el concurso, según informó en marzo de 2017 el Concejo de la Magistratura.
Serjal había remarcado en este último tramo de evaluaciones que pensaba que era "indispensable fortalecer la Unidad de Violencia contra la Mujer, un delito en el que las víctimas se encuentran en una gran situación de vulnerabilidad", ya que en algunos casos las víctimas han sufrido maltrato sistemático durante años.
En ese momento, el entonces gobernador Miguel Lisfchitz envió diez pliegos de fiscales y defensores para que tuvieran la aprobación de la Asamblea Legislativa. Los propuestos eran los que habían obtenido el primer puesto en los concursos, como acostumbraba hacer el ex gobernador.
En abril de 2017 los senadores y diputados provinciales prestaron acuerdo al pliego de Baclini para ocupar el cargo de Fiscal General y como así también los de Carlos Arietti para la Regional 1; Serjal para la Regional 2; y Diego Vigo para la Regional 5. Nadie votó en contra.
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En ese momento el pliego más discutido por la Asamblea Legislativa fue la de la defensora Jaquelina Balangione, por su relación con el presidente de la Corte Suprema Rafael Gutiérrez.
Dos años después de asumir en el cargo Serjal quedó en la mira de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura cuando archivó una causa contra un empresario al que luego le compró dos autos cero kilómetro por dos millones de pesos, en una causa investigada por la Unidad de Delitos Económicos.
Esta trama motivó a que Baclini apartara de esa causa al funcionario y pidió a la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que evalúe el desempeño de Serjal.
La raíz de la sospecha es una causa judicial por delitos económicos que fue iniciada por Omar Santero, de carrocera Sudamericana, contra Rómulo González, actual titular de Auto Rosario, que comercializa la marca Toyota. La causa fue favorable a González por una resolución con la firma de los fiscales de grado David Carizza y Natalia Benvenutto y fue después confirmada por Serjal.
Un mes después de esta decisión, Serjal adquirió dos autos cero kilómetro en Auto Rosario. Fueron un Toyota Corolla y un Toyota Etios, ambos versión full. Como los abogados patrocinantes Gustavo Peirone y Walter Stramazzo apelaron, la causa que había sido favorable a González se reabrió por orden del fiscal general.
Luego de no obtener quórum en dos ocasiones, los legisladores de la comisión decidieron admitir la denuncia presentada el 27 de noviembre por la diputada Alicia Gutiérrez y habilitar el inicio de una investigación por parte de los diputados y senadores.
Serjal nunca fue suspendido hasta que renunció a su cargo de fiscal regional tras el escándalo de las coimas y luego fue destituido del poder judicial por el gobernador Omar Perotti. .
En una entrevista con Canal 3 de Rosario, Serjal dijo esta semana que no entiende el motivo de que "difamen su apellido” opinó que la causa que lo llevará a una audiencia imputativa la semana que viene "se ha politizado”. “Esto se remonta al momento en que empecé mi gestión tras ganar un concurso legítimamente a pesar de que muchos dijeron lo contrario. Entonces empezó una campaña de desprestigio hacia mi persona", afirmó.
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