Este martes, en los tribunales de Santa Fe, se conocerá la sentencia del juicio contra al docente del jardín San Roque, Darío Céspedes, que fue juzgado por el presunto abuso de un alumno que concurría a sus clases.
Los hechos que investigó la Justicia ocurrieron dentro del jardín de la ciudad de Santa Fe. Maiquel Torcatt / Aire Digital
El veredicto estará a cargo de los jueces que presidieron el debate, Gustavo Urdiales, Rosana Carrara y Pablo Ruiz Staiger, quienes a partir de las 8.30, en sala 6 del palacio de justicia, darán a conocer la sentencia del caso.
Céspedes llegó al juicio detenido con prisión preventiva y acusado de abuso sexual con acceso carnal calificado por ser encargado de la educación, en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada. Tales hechos, según imputaron desde Fiscalía y querella, presuntamente ocurrieron en dos tramos: en 2018, cuando la víctima fue alumno del docente en el jardín de infantes; y el segundo entre marzo y el 26 de julio de 2019, cuando el niño asistía a primer grado.
Producto de esa hipótesis, los fiscales que expusieron las pruebas en el juicio, Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, solicitaron al tribunal que condene a Céspedes a la pena de 16 años de prisión. Mientras que la querella, a cargo de Carolina Walker Torres, fueron por más y pidieron 20 años de condena.
Desde la vereda opuesta, los abogados defensores, Sebastián Oroño e Ignacio Alfonso Garrone, exigieron la absolución de su asistido luego de poner en duda el tratamiento del material probatorio que utilizó la Fiscalía para llevar a juicio al maestro de música. Como, por ejemplo, la pérdida de un disco externo en el que estaban registradas las imágenes de las cámaras de vigilancia del establecimiento educativo y que hoy no se sabe dónde está.
En su pedido de pena, los fiscales y las querellas consideraron que durante el juicio se acreditó la responsabilidad de Céspedes en los hechos. En esa línea, Broggi planteó el caso como un rompecabezas de tres piezas; la primera es el relato de la mamá del menor, “la única que supo escucharlo y acompañarlo”. La segunda, las marcas físicas del niño, que detectaron los profesionales que examinaron al menor; y la tercera pieza, las marcas psicológicas del niño, como, por ejemplo, el impacto directo en su educación, en el desinterés por el juego, en la dificultad para socializar con sus pares.
En la misma dirección, la querella defendió la investigación y la intervención de los organismos estatales, a los que la defensa supo catalogar como “tortuosos” en los alegatos de apertura. “Es evidente, que los abusos sexuales denunciados por la familia han existido. No hay un solo elemento que se haya producido en este debate que nos haga pensar lo contrario”, indicaron.
La defensa por parte atacó varios ejes impulsados por el bloque acusador. En primer término requirió la invalidez por la violación del principio de congruencia, como ya lo habían hecho en los alegatos de apertura. Es que Céspedes fue imputado como autor de abusos agravado por ser encargado de la educación; sin embargo, la acusación fue presentada como abuso agravado por ser encargado de la guarda.
Sobre la prueba que se produjo durante el debate, tanto Oroño como Alfonso Garrone, consideraron que no se pudo comprobar que su asistido sea responsable de los delitos atribuidos, ni que el niño haya sido abusado. Es que según los letrados, la causa se construyó sobre el relato de la mamá del niño, quien creyó que su hijo fue víctima de abusos aunque nada avale esa hipótesis, y que el niño absorbió lo que escuchaba contar a su mamá a los profesionales que lo asistían. "El menor expresó un relato sugestionado y contaminado”, sostuvo la defensa. Los letrados agregaron que los hechos como fueron atribuidos no responden al sentido común: “todos fuimos al jardín y vimos las dimensiones; es inimaginable que Céspedes pueda deambular con un niño sin ser visto. ¿Nadie lo va a reconocer? Es inconcebible, hay que poner la lógica sobre la mesa”, sostuvo Oroño en ese entonces.
Bajo esos argumentos, los defensores solicitaron que se declare la invalidez de la acusación de fiscalía y querella y las anule por encontrarse afectadas de ilegitimidad, por ser violatorias de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso, y por ser violatorias del principio de congruencia, y que se absuelva al acusado. En caso de no hacer lugar a los planteos de invalidez, solicitaron que absuelva de culpa y cargo a Céspedes por el principio del beneficio de la duda.
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