El momento en que la policía y peritos hallaron el cuerpo de la víctima y lo enviaron a la morgue judicial.
La fiscal que investiga el asesinato de Matías Casco, ocurrido en diciembre del 2020 en Sauce Viejo, reveló este lunes detalles sobre cómo fue la secuencia criminal que terminó con el hombre 30 años muerto con un disparo en la cabeza y su cuerpo arrojado a las aguas del Río Coronda.
Los datos fueron dados a conocer en la audiencia de imputación de cargos que se desarrolló este lunes en tribunales y en donde Enrique Quintana (43), detenido el pasado viernes tras un allanamiento en su casa del barrio Las Mercedes de Recreo, fue acusado de haber participado del crimen con sello mafioso.
Por la causa, Quintana fue imputado por la fiscal Laura Urquiza como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por alevosía y también por tenencia ilegítima de arma de guerra, ya que cuando fue allanado, la policía halló en su casa dos pistolas calibre 380 sin su numeración visible, como también municiones.
Asistido por la abogada Natalia Giordano, el principal sospechoso del crimen se abstuvo a prestar declaración y permanecerá detenido hasta por lo menos el próximo miércoles, cuando se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares en donde un juez resolverá si atraviesa la causa detenido o con alternativas a la prisión preventiva.
Según la fiscal, el 5 de diciembre del 2020, Quintana buscó a Casco de su casa de Misiones al 6100, en zona del barrio Loyola Sur. Ambos se dirigieron a bordo de un Chevrolet Corsa hasta un pasaje sin nombre del barrio La Arenara de Sauce Viejo, cerca del kilómetro 451 de la ruta 11.
Allí Casco fue salvajemente golpeado en todo su cuerpo hasta quedar sin posibilidad de defenderse y luego ejecutado con un disparo en la cabeza que ingresó por la parte del occipital, según determinó el examen de autopsia.
El cuerpo fue atado con alambres y envuelto en una bolsa de nylon para luego ser arrojado al río Coronda y ser encontrado días después por un pescador que navegaba por la zona.
El caso inicialmente quedó a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, que recién el 30 de diciembre, tres semanas después del hecho, allanó el inmueble al que Casco había dicho que se dirigía cuando Quintana lo buscó por su casa del barrio Loyola Sur de Santa Fe, 5 de aquel mes. Sin embargo, la causa no tuvo mayores avances. Recién tres años después, el caso volvió a cobrar un nuevo impulso, por lo que el pasado 14 de abril la Agencia de Investigación Criminal y personal del Organismo de Investigaciones (OI) volvieron al establecimiento rural de Quintana y lo detuvieron por orden la fiscal Urquiza.
La reciente detención además logró poner a Quintana en manos de la Justicia federal de Santa Fe, ya que el hombre de 43 años se encontraba prófugo de la causa “Buque Don Juan” que investigó a un grupo de santafesinos y paraguayos implicados en el transporte de un cargamento de marihuana que fue escondido en un barco procedente de Paraguay.
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Por aquella causa, en junio del 2021, fueron condenadas en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe un total de 9 personas identificadas como Emilio Curi Huespe, Mauricio Bogado Leiva, Hugo Rolón Valdéz, Héctor Fernández, Juan Acosta, Marcela Leguizamón, Héctor Alaniz, Rubén Álvarez y Alejandra Sánchez a penas de hasta seis años de prisión.
Quintana en esa investigación, en la cual fue sindicado como presunto coordinador de los cargamentos, quedó prófugo y con un pedido de captura activo emitido por la Fiscalía Federal N°1 de Santa Fe, a cargo de Gustavo Onel.
Sobre el hombre pesa además otra causa judicial que se inició a partir del hallazgo de más de 31 kilos de marihuana en cogollos que se encontraban en distintas cajas que se ubicaban varios sectores de la propiedad, que fue allanada el viernes pasado.
Junto al hoy imputado también fue detenida una mujer identificada como Natalí Rojas, quien al igual que Quintana también se encontraba prófuga de una causa que investigó una serie de actos preparativos para la llegada de un cargamento de 300 kilos de marihuana que iban a llegar a Santa Fe y que fueron gestionados por el convicto Juan Pedro “Pato” Calderón (42).
Además, Rojas, fue condenada por la causa que desbarató en 2020 a una banda que se dedicaba a usurpar viviendas en distintos barrios de Santa Fe y en la que Calderón fue colocado como el jefe de una asociación ilícita.
