La reciente detención de la funcionaria del Poder Judicial de Santa Fe, en el marco de una causa que investiga estafas por medio de las terapias vinculadas a las “sanaciones egipcias”, causó una gran sorpresa en el edificio de Urquiza y Tucumán, donde se desempeña como secretaria de la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes del Ministerio Público dependiente de la Procuración General.
Uno de los santuarios utilizados por los miembros de la fundación.
Desde la jornada del miércoles, un día después de su detención, nadie en su ámbito laboral podía comprender por qué la mujer terminó esposada y puesta a disposición de la Justicia de Córdoba tras un allanamiento efectuado por agentes de la Policía de Córdoba en su domicilio de Francia al 2700. “Fue muy sorpresivo todo”, comentó al respecto una fuente que trabaja en el lugar.
La funcionaria, identificada como L.M., se encuentra detenida por orden de la fiscal Analía Gallarato de Cura Brochero (Córdoba) la cual investiga una “asociación ilícita” que cometió presuntas estafas y causó perjuicios económicos en sus víctimas, como así también daños psicológicos.
Fuentes judiciales cordobesas, indicaron al respecto que probablemente el llamado a indagatoria por parte de la fiscal, a la funcionaria judicial, se concrete entre la semana próxima o más tardar la siguiente. En esa audiencia, le informarán los hechos por los cuales se encuentra detenida y además tendrá la posibilidad de prestar declaración.
Profesión bajo la lupa
La secretaria judicial se encuentra ligada a una investigación que encabeza la fiscal Gallarato que apunta a una organización que realizaba terapias de sanación egipcia cuyo líder era un hombre que oficiaba falsamente como “psicólogo”. Se trata de Álvaro Juan Aparicio Díaz, quien se hacía llamar como el “maestro” o el “licenciado Ahú Sari Merek”.
Por el caso hay más de diez personas que radicaron denuncias en contra de la organización, que operaba por medio de la Escuela Internacional de "Kábalah Científica y Meditación Egipcia". Una de esas denuncias fue de una médica de la ciudad de Córdoba, que tras presentar un cuadro de estrés cayó en manos de la organización. Primero como paciente y luego comenzó a estudiar las terapias que se dictaban en la “escuela” y cuya cabeza era el propio Aparicio Díaz.
Según consta en la denuncia, a la que tuvo acceso Aire Digital, la mujer narró cómo fue captada por la organización, a la cual de manera semanal o mensual aportaba importantes sumas de dinero por clases o cursos. “Las clases se dictaban desde marzo a diciembre y aparte se hacían charlas, posgrados, seminarios, maestrías y viajes a Egipto, todo esto además de los cursos mensuales obligatorios (ya que no se podía hacer una charla o un seminario si no se cursaba mensualmente), y a la inversa, no podías hacer grados si no ibas a las consultas de terapia personal con él (por Aparicio Díaz), al menos una o dos veces al mes, porque él te decía que no se podía estudiar estando enfermos”, destacó la denunciante que es asistida por uno de los abogados querellantes de la causa, Tomás Aramayo.
Sin embargo, cuando una persona intentaba desvincularse de la organización, sufría una supuesta embestida por parte de los integrantes de la “fundación” que tenía como eje los escraches en redes sociales o quizás presentaciones judiciales.
Sobre este último aspecto, la denuncia presentada, inicialmente en la Justicia de la ciudad de Córdoba y luego tramitada en la Fiscalía de Cura Brochero, señaló a la funcionaria judicial radicada en la ciudad de Santa Fe como quien cumplía, dentro de la fundación investigada, un rol clave en la parte jurídica.
Es que según sostuvo la denunciante, la santafesina se habría encargado de generar notificaciones legales a los “alumnos” que eran expulsados. En tanto, la denuncia también la acusó de ser quien se encargaba de “ordenar y distribuir consentimientos y obligar a firmarlos a los que participaban de cursos o terapias".
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