Según la acusación, las personas acusadas estaban habilitados a comprar armas de manera legal, pero al hacerlo las desviaban a las bandas.
"Hay un mercado ilegal en Rosario y empezamos a hacer tareas de investigación. También detectamos que la ANMac, agencia que debería controlar a los legítimos usuarios y que no haya este mercado ilegal, era muy laxo", expresó al móvil de AIRE el subsecretario de Intervención Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Federico Angelini.
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En esa línea, sostuvo: "No podemos permitir que haya un mercado ilegal, un mercado de testaferros para fomentar la violencia en Rosario, por eso se hizo un convenio con el MPA de Santa Fe y el Ministerio de Seguridad de la Nación para investigar".
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"Había gente con permiso para comprar armas, que iba a una armería, compraba armas y las desviaba a las bandas. Eso es lo que sucedía y hay casos donde dos hermanos compraron en los últimos dos años 70 armas y que ninguna de esas armas estaban en su posesión", consignó el funcionario.
Y aseguró: "Las bandas han utilizado debilidades del sistema para hacerse de armamento de gran calibre y distribuirlas a organizaciones delictivas".
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Durante la investigación, la PFA realizó 31 allanamientos detuvo a personas sospechadas de crear una organización para adquirir armas y luego venderlas a los grupos criminales.
Por su parte, el fiscal Gastón Ávila adelantó también en este medio que "el próximo paso de la investigación es poder ver las responsabilidades de las armerías en de todo esto".
"Hay casos de personas que han levantado monotributos dos semanas antes para poder comprar armas, sin ingresos declarados", señaló y, hablando del caso de los dos hermanos que compraban armas, detalló: "Un hermano compró armas por alrededor de 35 millones de pesos y el otro por alrededor de 25 millones de pesos. Además, uno de ellos compró municiones por más de 10 millones de pesos".
