Encubrimiento agravado por ser funcionarios policiales y omisión de deberes fueron los delitos imputados por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Violencia Institucional Ezequiel Hernández a los cuatro uniformados sospechados de haber encubierto un grave caso de violencia de género.
La audiencia imputativa se desarrolló de manera semi remota en los tribunales santafesinos
La audiencia se desarrolló de manera semiremota esta mañana en la sala 2 del subsuelo de Tribunales, donde estuvo presente la jueza Susana Luna y los cuatro abogados defensores particulares Romeo y Ramiro Díaz Duarte, Raúl Sartori y Oscar Esteban Silva. En tanto, la defensora pública Virgina Segado, los policías imputados y el fiscal participaron por videoconferencia.
Los cuatro imputados pertenecen a la Policía de Santa Fe y fueron identificados como Jorge Gonzalo G., Claudio Adrián I., Leonardo Emiliano R.D. y Virginia Gabriela G.
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Proceder irregular
Al realizar la descripción del hecho endilgado a los policías, Hernández precisó que en fecha 2 de mayo los imputados fueron comisionados por la central de emergencias 911 a una vivienda de calle Venezuela al 10.000, cerca de las 6 de la mañana. Una mujer solicitaba la presencia policial y había realizado múltiples llamados por amenazas y agresiones que por parte de su ex pareja, quien además tenía una medida de distancia. La denunciante daba cuenta de golpes, amenazas y hasta disparos con un arma de fuego.
Cuando los policías se hicieron presentes, aprehendieron al agresor pero lo dejaron ir a las pocas cuadras. Además, no hubo registro del procedimiento y no comisionaron la asistencia médica para la denunciante, quien presentaba evidentes lesiones, ni la asistieron para que radique la denuncia correspondiente.
Hernández precisó que el arma de fuego que se presume tenía el agresor no pudo ser encontrada, y que la mujer es asmática, está embarazada e incluso padeció un desmayo en la sede de la seccional 18 cuando se presentó a radicar la denuncia.
Si bien no se pudo precisar qué impulsó a los uniformados a actuar de esta manera, hasta el momento no se ha detectado que el agresor les haya ofrecido algo a cambio de su libertad, o se hayan conocido previamente. El dato objetivo es que el procedimiento fue cercano a la hora de finalizar el turno de trabajo.
Alternativas
Los cuatro imputados recuperaron la libertad al finalizar la audiencia, con una serie de medidas alternativas a la prisión preventiva entre las que se destacan una fianza de 12.500 pesos cada uno y la prohibición de usar y portar armas de fuego.
Al precisar este punto, los defensores solicitaron aclarar la situación ya que hasta el momento de la audiencia el ministerio de seguridad no había tomado ninguna medida de sanción con los uniformados, por lo que se presume seguirán en funciones hasta que se adopte alguna medida. La jueza aclaró que se deberá notificar la prohibición que pesa sobre ellos respecto al uso de armas.
Además, deben fijar domicilio, quedar bajo la guarda de un familiar y no acercarse ni contactarse con la mujer denunciante de los hechos ni con el hombre que se presume encubrieron.
Aprehendido
En tanto, quien protagonizó el episodio de violencia será imputado después del mediodía por el fiscal Ignacio Suasnabar, de la Unidad de Gefas. Entonces se tendrán mayores precisiones sobre lo ocurrido en la vivienda de Venezuela al 10.000 que motivó por lo menos trece llamados desesperados al 911 solicitando ayuda.
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