El juez federal N°2 de Santa Fe, Francisco Miño, dictó el procesamiento para el exintendente de la ciudad de San José del Rincón, Carlos Sánchez, en el marco de la causa que investiga la gestión de un programa nacional, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación y cuyo fin fue el financiamiento de urbanización y mejoras sanitarias de la localidad de la Costa.
La reciente medida judicial se dio luego de una pesquisa que llevó adelante el fiscal Walter Rodríguez que investigó una denuncia que presentó el actual mandatario de la localidad de la Costa, Silvio González, y que apuntó a una serie de irregularidades que ocurrieron, entre el 23 de mayo del 2016 y 9 de diciembre del 2017, cuando se ejecutaron parte de las obras de dicho programa.
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La resolución de Miño determinó procesar al exmandatario por el delito de “sustracción de caudales” cuya pena máxima es de diez años de cárcel y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos. En tanto, el magistrado dispuso trabar un embargo sobre los bienes del imputado por un monto total de $100.000 y además confirmar el estado de libertad para el exmandatario municipal.
“En las presentes actuaciones existen suficientes indicios que revisten el carácter de graves, precisos y concordantes que, hacen presumir, con el grado de certeza exigido para esta etapa, la responsabilidad de Carlos Luis Sánchez en el hecho que le fue reprochado”, resaltó en su fallo Miño.
El caso salió a luz en 2018 luego de que González denunció, primero en el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, sobre una serie de irregularidades contables y administrativas que habrían ocurrido cuando se ejecutaron las obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Las Casillas de la localidad.
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Dicha ejecución de las obras fue en base a un convenio ACU N°129/2016 que fue suscripto entre la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano de la Nación y la Municipalidad de San José del Rincón en fecha 23 de mayo de 2016. El mismo tuvo como fin llevar a cabo los proyectos llamados “Urbano” y “Humano”, bajo el programa denominado “Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social” y que asignó desembolsos de dinero por un total de $10.267.916.
Los mismos tenían como fin llevar adelante una serie de obras de cordón cuneta, saneamiento y hasta un playón deportivo que iban a estar ubicadas muy próximas a la ruta provincial N° 1, en la zona del exramal del ferrocarril (desde el kilómetro 3 hasta el Callejón Vergara).
El primer desembolso que llegó a la Municipalidad fue por un monto de $5.982.853, 80 y tuvo como fin llevar a cabo la primera etapa de los trabajos. Sin embargo, el proyecto no continuó debido a que el personal encargado de supervisar el proyecto (de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación) detectó que solo se había concretado un 25% de la obra. Por esa razón, desde la cartera nacional se dispuso no enviar ni un centavo más al municipio de la Costa.
Tras abordar el tema, el fiscal Rodríguez inició una investigación y detectó que “la diferencia porcentual calculada proporcionalmente sobre el monto citado, implicó un apartamiento dinerario de la esfera de custodia de la Administración Pública Nacional, cuya administración de recursos se encuentra sujeta a la responsabilidad del imputado como titular del Ejecutivo Municipal”.
En base a ello y ante una serie de testimonios aportados por personal de la auditoría interna del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el fiscal solicitó la indagatoria la cual se concretó y derivó el pasado 5 de marzo en el presente procesamiento del juez Miño.
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