Por Andrea Viñuela
Jorge Alberto Lescano y Nancy Graciela Bugnon fueron procesados por el juez federal número 2 Francisco Miño el 28 de septiembre de 2017 como autores del delito de “lavado de activos, por administrar o poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, agravado por la habitualidad y ser realizados como miembro de una asociación o banda”. Además, para Bugnon se aplicó el agravante establecido por su condición de agente inmobiliaria. La ley precisa que se agrava la figura para “quien hubiere actuado en ejercicio de una profesión y oficio que requieran habilitación especial”.
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Cuestionamientos
La resolución fue cuestionada por los defensores de Lescano y Bugnon, los dres. Néstor Oroño y José Mohamad.
Según Oroño no existe en la causa ningún antecedente que relacione la actividad de Bugnón con cada uno de los bienes detallados en la imputación, “excepto la frustrada intermediación para la adquisición del complejo de cabañas sito en la localidad de Sauce Viejo”.
En tanto, Mohamad, manifestó en el mismo sentido que “el negocio de las cabañas nunca se consumó ni se materializó –al menos con la intermediación de Lescano- toda vez que los contratantes –comprador y vendedor- habían rehusado el pago de la comisión inmobiliaria que les correspondía”.
Por último los defensores insistieron que “en todas las comunicaciones que se registraron, y que tienen a Lescano y Bugnon como emisor/receptor, en todo momento, estos refieren a “intentar asegurar la plata”, “lo nuestro” o “la comisión” sin que existan, a posteriori, llamadas, o mensajes en los que hayan manifestado haberla percibido o estar próximos a hacerlo”.
Finalmente, Oroño y Mohamad cuestionaron también el embargo de los dos millones de pesos trabado a cada uno de los imputados.
Los jueces de la Sala A de la Cámara Federal de Rosario, Fernando Barbará y Aníbal Pineda, confirmaron en su totalidad el procesamiento dictado por Miño en la causa que investiga el fiscal federal Walter Rodríguez.
El fallo de la alzada retoma el auto de procesamiento y determina que “motivados por el cobro de comisiones, (Lescano y Bugnon) habrían participado activamente en la gestión comercial para lograr la adquisición, almacenamiento, venta y cobro de distintas operaciones correspondientes a bienes que habrían tenido origen en utilidades provenientes de narcotráfico y que habrían integrado el patrimonio de Sergio Norberto Villarroel y Débora Vanina Flores”.
Recordamos que tanto Villarroel como Flores fueron condenados por delitos vinculados al comercio de estupefacientes, y actualmente se encuentran procesados en la misma causa que Bugnon y Lescano.
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Inmuebles, vehículos de lujo y cheques
Los bienes de Villarroel y Flores fueron presumiblemente administrados a través de la firma “Habitar Negocios Inmobiliarios” y el ejercicio de la actividad de Corredora matriculada ante el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe de Graciela Nancy Bugnon. La lista comprende inmuebles, vehículos de alta gama y cheques de diferentes bancos.
Inmuebles: 1) -Inmueble ubicado en calle Juan Díaz de Solís al 1550 de la localidad de Sauce Viejo; 2) -Inmueble ubicado en calle Del Sol n° 3170 del barrio Villa California, de la ciudad de San José del Rincón; 3)- Inmueble ubicado en calle Matheu, Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires; 4) -Inmueble ubicado en el country los Molinos de Santa Fe.
Además, los siguientes vehículos: 5)- Un tractor John Deere; 6) -Vehículo Mercedes Benz L 1117/48; 7) -Vehículo Ford Rural Ecosport; 8) -Vehículo Toyota Hilux SW4; 9) -Camiones marca Volkswagen 18310 y marca Iveco 17250; 10)- Vehículo BMW Z4; 11)- Vehículo BMW 325; 12) -Vehículo Citröen C3; 13) -Vehículo Toyota Hilux; 14)- Vehículo Suzuki Gran Vitara SDR; 15) -Vehículo Honda FIT LX; 16) -Vehículo Ford Eco Sport; 17) -Vehículo Renault; 18) –Una embarcación Yamaha, tipo F/B.
Además, integran su patrimonio la suma de $289.638, cuatro cheques del Banco Macro por un total de $95300 y cinco cheques del Banco Comafi por un total de $110000.
La lista la completa las “tratativas precontractuales con el fin de adquirir cabañas en la localidad de Sauce Viejo, Provincia de Santa Fe, ofrecidas por un sujeto de supuesta nacionalidad española apodado “Chacra”, a partir del valor de otros bienes ofrecidos en permuta”.
Los bienes fueron valuados por un monto de $10.615.020 aproximadamente, tomando el valor de venta del dólar en el BCRA el día en que se producen los allanamientos, 10 de diciembre de 2016, e incluyendo el dinero en efectivo y los cheques incautados en la vivienda de Villarroel. A esto debe sumarse un inmueble (“casaquinta”) y un vehículo respecto de los cuales no se cuenta con estimación de su valor.
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Participación innegable
Los camaristas precisan que “existen al menos dos negocios que se habrían concretado con relación a los imputados”. Y precisan que del allanamiento del domicilio de calle Bv. Gálvez se secuestró documentación de operaciones inmobiliarias efectuadas por Sergio Norberto Villarroel. Entre ella un documento supuestamente firmado por el nombrado, identificado como “Reserva compra de inmueble”, en el que se estableció que Graciela Nancy Bugnon recibió la suma de U$S 15.000 en fecha 15 de octubre de 2015 para ofertar precio y condiciones de pago para adquirir un inmueble ubicado en Sauce Viejo”.
En cuanto a Lescano, se precisa que “llegó a interactuar como prestanombre o testaferro sobre la adquisición de determinados bienes, conforme surge de las conversaciones del 23 de mayo de 2016 de las que se desprende que un tractor de Villarroel fue adquirido por medio de un boleto en el que Lescano figura como adquirente”.
En relación a esta operación inconclusa, el fallo de la Alzada determina que “…aunque no se haya concretado el negocio de las Cabañas en Sauce Viejo -o al menos no con la intervención de Bugnon y Lescano-, ellos sí participaron en operaciones en las cuales Villarroel se desprendió de bienes para alcanzar ese objetivo –etapa inicial de las negociaciones-, como ser la venta de los camiones de las que se da cuenta en las comunicaciones telefónicas antes indicadas. De acuerdo a esas conversaciones, Bugnon participó activamente de ellas aunque no haya tenido contacto directo con los “clientes” Villarroel y Flores. Sumado a que su obligación como corredora inmobiliaria de comunicar operaciones sospechosas no nace cuando un negocio se concreta, sino que existe desde el inicio de las tratativas, como se verá más adelante al tratar la calificación legal aplicable a los hechos…”.
Para los jueces, “los imputados conocían la procedencia ilegal de los bienes de Villarroel y Flores, y habrían utilizado sus medios específicos y dedicación con el propósito de borrar los rastros ilícitos del dinero, por lo que corresponde confirmar su procesamiento”.
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