El juicio a Marcelo Galaz, docente y exsecretario del intendente de Avellaneda, acusado de abuso sexual infantil, fue postergado por decisión del juez Santiago Banegas tras un pedido de la Defensa. El inicio del debate había sido fijado para el viernes 11 de noviembre.
El hombre fue denunciado por abusos sexuales reiterados durante años
El día previo el abogado defensor Andrés Ghio pidió postergar el inicio del juicio para realizar una prueba pendiente que considera indispensable, y el juez avaló el pedido de la defensa. La prueba en cuestión es la evaluación de la víctima por parte de la Junta Especial de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia.
Evaluación no realizada
En su momento, la Junta Médica no realizó la evaluación por considerar que podía ser “un proceso más de revictimización ante los sucesivos y repetidos relatos” que ya había realizado la denunciante durante el proceso. Los profesionales de la JESM sugirieron que la información sobre el estado de salud mental de la víctima sea aportada por el profesional que la asiste. Sin embargo, el defensor sostuvo que, como representante de Galaz, esa respuesta de la Junta es una “reticencia o negativa encubierta a cumplir una orden judicial legítima, emanada por un magistrado, que lesiona de manera grave el derecho de defensa".
En su planteo, Ghio sostuvo que la Junta asumió una posición sobre la supuesta culpabilidad de Galaz al hablar de “revictimización”, mientras que el acusado niega la ocurrencia de los hechos denunciados. El defensor expresó que la intervención de la Junta para entrevistar a la denunciante fue ordenada y fundamentada por el juez de la Investigación penal Preparatoria y que, por lo tanto, la JESM no puede decidir sobre la procedencia o no de la prueba. Ghio agregó que la Junta “solo alude a una posible revictimización, sin conocer ningún detalle ni de la presunta víctima ni del proceso judicial”.
El pedido de intervención de la Junta encuentra su origen en la detención e imputación de Galaz, el 21 julio de 2021. El fiscal Aldo Gerosa sostuvo que la denunciante presentaba los trastornos psicológicos y psiquiátricos propios de las situaciones vividas, acreditado mediante los correspondientes informes profesionales. Según la Junta, en esos informes debe basarse la discusión del juicio y no entrevistar nuevamente a la víctima, quien si bien hoy ya es mayor de edad, los hechos denunciados se remontan a cuando era niña y se prolongaron durante varios años.
Tras el planteo del defensor y la suspensión del inicio del juicio, el jueves 17 de noviembre, a las 10, se realizará una audiencia en la que el juez Banegas deberá definir la realización o no de la pericia de la Junta Especial de Salud Mental. En tanto, el docente acusado aguarda en libertad el inicio del debate.
Acusación
Galaz fue acusado como autor de abusos sexuales agravados, reiterados en el tiempo, en número indeterminado de veces y agravados a su vez por varias circunstancias, entre ellas, causar daño grave a la salud mental de la víctima, en concurso real con la promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima. El fiscal Gerosa adelantó un pedido de pena de 32 años de prisión.
El fiscal sostuvo que la joven denunciante debe recibir asistencia psicológica y psiquiátrica desde hace años, por las secuelas en su salud mental que le ocasionaron las agresiones sexuales, asistencia que la ayudó a procesar lo ocurrido para poder recurrir a la justicia. En una entrevista brindada en AIRE, Gerosa detalló que la mujer se cruzó con su agresor en una circunstancia laboral y esa situación fue el desencadenante para que radique la denuncia.
Según la declaración de la propia víctima, los abusos comenzaron cuando ella tenía 4 años y se extendieron aproximadamente por seis años, pero recién cuando alcanzó la mayoría de edad pudo contarlos y recurrir a la justicia.
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