Por aire pero también por tierra: el tráfico de cocaína hacia los puertos del Gran Rosario

Durante el último año, el mapa del ingreso de cocaína a Santa Fe se leyó casi por completo en clave aérea. Entre junio de 2025 y mayo de 2026 se sucedieron los aterrizajes de avionetas Cessna cargadas de droga en campos del centro y norte provincial: 442 kilos en Vera, 321 en Villa Eloísa, decenas de kilos en Arequito.

Los fiscales describieron un corredor consolidado entre Bolivia y el centro argentino, con aeronaves de mayor autonomía que ya no descargan en el monte salteño sino a las puertas de Rosario y los puertos del Paraná. La avioneta pasó a ser la imagen dominante del narcotráfico santafesino.

El caso de los dos camiones cisterna detenidos en Susana corrige esa lectura. La logística pesada por tierra no desapareció bajo el auge aéreo: convive con él. El 21 de mayo, sobre la misma ruta nacional 34, a la altura de Aguaray, Gendarmería halló 112 kilos de cocaína en un camión cisterna boliviano. Dos meses después, en el kilómetro 210 de esa misma ruta, cayeron 388,500 kilos en dos cisternas que viajaban en convoy. A los vuelos que bajan del cielo se les suman los camiones que suben por el asfalto. Son dos modalidades en paralelo, no una que reemplaza a la otra. Lo que nadie parece investigar es a los puertos por donde sale esta droga. Es llamativo cómo funciona el sistema.

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Lo que cambió dentro del transporte terrestre es otra cosa. El sistema tradicional de "mulas" y "pitufeo" —personas que ingerían cápsulas o escondían pequeñas cantidades— sí perdió protagonismo, según describió el fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos, desplazado por estructuras más sofisticadas. Pero el camión de carga sigue firme: un informe del Fondo de Investigación e Inteligencia Financiera que analizó macrooperativos ubica a los camiones en el 18% de las interceptaciones y a las camionetas en el 39%, mientras las vías aérea y marítima representan el 16% de los casos aunque el 30% del volumen.

El caso de Susana ordena esa convivencia en torno a dos datos duros. El primero: la droga no ingresó desde Bolivia. Este punto es particular, porque la droga se produce en Bolivia. Los dos camiones, con patente boliviana, cruzaron por Salvador Mazza el 22 de julio y la Aduana de Pocitos los escaneó con los tanques vacíos.

A la medianoche del 23, en el control del Escuadrón de Seguridad Vial "Rafaela" de Gendarmería, ya llevaban las dieciséis mochilas. Entre un punto y otro, la carga se incorporó en territorio argentino. La estructura que cruza los vehículos por el paso formal y la que los llena del lado argentino son, en la hipótesis fiscal, la misma cadena.

El caso de Susana ordena esa convivencia en torno a dos datos duros.

El decomiso tuvo su mecánica. Detenido el primer camión, el chofer se negó a identificarse y no exhibió la documentación de la CNRT. Un sargento advirtió un olor fuerte a combustible, la maniobra habitual para tapar el aroma de la droga, y vio cinco mochilas en la cabina. El camionero dijo que era "ropa sucia" y después admitió que guardaba "cosas prohibidas". La requisa encontró diez mochilas con 228 ladrillos, 239 kilos, entre la cabina y la cisterna. En el segundo camión había seis mochilas idénticas en el tanque, con 142 ladrillos, 149,500 kilos. Que parte de la carga viajara en la cabina, y no oculta en el tanque, es leído por los investigadores como signo de confianza: la banda daba por segura la ruta y no esperaba un control tan al sur.

La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad Región NEA formalizaron la imputación. Actuaron los fiscales coadyuvantes Gonzalo Ruggeri, de PROCUNAR NEA —bajo coordinación de Matías Scilabra en el Distrito Rosario—, y Federico Grimm, de la unidad a cargo del fiscal Gustavo Onel. Imputaron a los dos conductores y a un acompañante, los tres bolivianos, como coautores de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, según los artículos 5 y 11 de la ley 23.737. El juez de garantías Santiago Saux dictó la prisión preventiva por 121 días. Grimm valoró el peligro de fuga por falta de arraigo, la pena en expectativa —de seis a veinte años— y un valor de mercado superior a los 13.500 millones de pesos.

Son causas que terminan con los choferes detenidos. Nunca se investiga hacia arriba, o el destino final de la droga. Con el caso de José Luis Sejas Rosales fue diferente, y el caso que investigó la PROCUNAR terminó por revelar un engranaje de corrupción que tenía al exjuez de Orán Raúl Reynoso como un punto clave y también, según se terminó de conocer hace poco tiempo, el exfiscal federal José Luis Bruno, acusado de arreglar con los narcos.

El segundo dato duro es el destino. Los camiones fueron interceptados a pocos kilómetros de su punto final: una terminal de carga de combustible sobre el puerto de Rosario. La cocaína no iba al consumo interno. Iba al puerto, es decir, al contrabando internacional. Aquí los dos corredores confluyen: la droga que baja en avioneta a los campos que rodean Rosario y la que sube en cisterna por la ruta 34 apuntan al mismo lugar, la salida marítima por la Hidrovía Paraná-Paraguay hacia Europa, Asia y Oceanía. La provincia funciona como nodo de acopio y despacho, alimentado por aire y por tierra.

El camión cisterna como método no es una novedad. Tiene una historia, y esa historia tiene un nombre. Diez años atrás, la investigación sobre José Luis Sejas Rosales expuso la misma arquitectura que ahora reaparece en Susana. El empresario de Santa Cruz de la Sierra, dueño de una flota de más de noventa camiones cisterna que operaba a través de cinco firmas, fue acusado por la Procuraduría de Narcocriminalidad de ingresar más de 500 kilos de cocaína y 30.000 litros de tolueno —el precursor para estirar la droga— en once causas abiertas en Orán. Los vehículos tenían como destino Rosario y San Nicolás. El método era idéntico: cisternas de combustible como cobertura, ingreso por la frontera salteña, viaje hacia el sur santafesino.

Sejas Rosales nunca fue juzgado en la Argentina. Detenido en abril de 2015, el entonces juez federal de Orán Raúl Reynoso le devolvió los vehículos secuestrados, lo declaró partícipe secundario y le concedió la libertad. Regresó a Bolivia y no volvió. Aquella liberación fue una de las piezas que llevaron a Reynoso al banquillo: en 2019 el Tribunal Oral Federal 1 de Salta lo condenó a 13 años de prisión por concusión y prevaricato, por cobrar sobornos a detenidos por narcotráfico entre 2010 y 2015. Según la acusación, Sejas Rosales le habría pagado 350.000 dólares. La Corte Suprema dejó firme la condena en 2024.

La logística que hoy aparece en la ruta 34 es, en el fondo, la que Sejas Rosales industrializó una década atrás: el camión cisterna como buque de carga terrestre de la cocaína boliviana rumbo a los puertos del Paraná. Lo que se agregó desde entonces es el corredor aéreo, más veloz y más caro. Pero la cisterna resistió. No volvió de un desuso: nunca se fue. La investigación busca ahora establecer dónde se llenaron los tanques en territorio argentino y quiénes intervinieron. La organización, dicen los fiscales, no fue desmantelada.