La saga del crimen dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) tiene varios capítulos: el viernes se escribió uno clave, que podría ser una bisagra en un caso en el que se pagó dinero a una organización criminal de Rosario –se sospecha unos 300.000 pesos- para matar el 18 de noviembre al exdiputado de Juntos por el Cambio Pablo Ansaloni, quien perdió un mes después en las elecciones para conducir ese poderoso gremio. Pero los asesinos, como publicó AIRE el 14 de enero pasado, se equivocaron de víctima y ejecutaron al chofer del exlegislador Mauricio Cordara, también dirigente de Uatre.
Los sicarios fueron a buscar a un exdiputado pero mataron al chófer.
Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron en Rosario este viernes a Iván Alonso, un joven de 19 años, que condujo al sicario en un Fiat Palio color rojo desde Rosario a la localidad bonaerense de Colón aquel 18 de noviembre, cuando esperaron en la esquina de la casa de Ansaloni a la que arribara el auto –un VW Vento-, en el que la víctima elegida trasladaba todos los viernes sus hijos desde Buenos Aires a Colón, de donde es oriundo. Ese día Ansaloni cambió de planes. Estaba en Misiones de campaña electoral de cara a las elecciones en el gremio y le pidió a Cordara que cumpliera era ritual. Los sicarios no lo sabían y el fallecido de siete disparos fue el chofer.
Los agentes de la AIC, al mando del comisario Damián Meza, realizaron una minuciosa investigación en Rosario para dar con los autores. Alonso es el cuarto detenido en este caso, que tuvo una fuerte repercusión política, porque deja al descubierto cómo se utiliza mano de obra del crimen organizado para zanjar un problema que tiene origen en la actividad gremial.
Alonso es una pieza clave en la investigación, en la que también participa el fiscal Matías Edery, porque este joven conoce no solo detalles de cómo se gestó el crimen del dirigente gremial, sino también dónde podría ocultarse el autor material, es decir, el sicario. En la investigación de la AIC aparece como posible ejecutor del crimen un joven al que apodan Calamar.
A partir de esta investigación se trasluce el submundo de la violencia y de los asesinos a sueldo en Rosario, en la que aparecen bandas que tienen actividades múltiples, como Los Romero, que manejan búnkeres de venta de drogas, compran y venden autos robados y además aportan a cambio de dinero mano de obra para matar, que como en este caso comete “errores”. La confirmación de que los sicarios se equivocaron de blanco surgió de una escucha en la cárcel de Piñero. “Le regatilló. Le dieron al que no era”, dijo Ángel Ochoa, un recluso que vendía autos robados desde el penal. El comprador del auto, según la imputación que se realizó hace dos semanas, fue Fernando Burgos, otro joven que está detenido. Aportó el vehículo para que Iván Alonso y el sicario fueran a ejecutar a Ansaloni. Aún resta desentrañar quién pudo ser el autor intelectual.
La clave para empezar a esclarecer el crimen fue el secuestro del auto que se usó para matar a Cordara. El 28 de noviembre, diez días después de la ejecución, agentes de la AIC detuvieron a Ramón Vallejos, miembro del clan Romero, padre de Hernán Vallejos, conocido como Lichi Romero, con el vehículo en la estación de servicio de Baigorria y Circunvalación.
Los Romero son una histórica banda que, como la mayoría, se dedicaba a los delitos comunes, como entraderas y robos, y derivó a un perfil con una base de recaudación en el manejo de la venta de drogas en esa zona cercana a la ruta 34. También como ocurre con otras organizaciones criminales, como Los Monos, es un clan familiar, liderado por Lichi que está preso y fue condenado en octubre de 2018 a 20 años de prisión por una ristra de delitos violentos.
Hasta ahora la única relación entre el crimen y los Romero es Ramón Vallejos, que fue imputado y está detenido. Este hombre fue detenido con el Palio que se usó en el asesinato. De acuerdo a las escuchas que figuran en la investigación le dieron el auto para quemarlo y en vez de destruirlo se lo quedó unos días. En ese lapso fue detenido con el rodado.
El auto fue robado en Esteban Echeverría, conurbano bonaerense, el 30 de agosto pasado. De ahí fue para Rosario, con una patente robada. Lo compró un ladrón de autos, Ángel Ochoa, que está preso en el pabellón Nº20 de Piñero. Es un hombre que se dedica a ese rubro delictivo, conocido como el “emponchado”, robar y adulterar autos con documentación apócrifa que luego se venden.
Tres días antes del crimen, Ochoa recibió un mensaje al celular que tenía en la cárcel de parte de Fernando Burgos, un joven que buscaba un auto para cometer un delito. “Necesito uno como los de Miami. Es para hacer un trabajo y descartarlo”, le contó Burgos al recluso, especialista en robo de vehículos. Según los investigadores, la referencia a Miami tiene que ver con el juego GTA, que trata de ladrones de autos, y la sexta edición transcurre en esa ciudad.
Ochoa, quien no tenía ni idea del GTA Miami, le contestó que tenían un auto disponible, “un Palio rojo”. Estaba muy lejos de los Camaro que aparecen en el juego. Lo tenían “guardado” en un galpón en México y Nicaragua, en el barrio Empalme Graneros.
Lo que aún es un misterio y no hay una hipótesis clara es quién o quiénes ordenaron matar al exdiputado. En un principio asomó como la principal sospecha en la fiscalía a cargo de Magdalena Brandt la posibilidad de que se tratara de una interna gremial de UATRE, gremio que estaba en plena ebullición en medio de la campaña electoral y con denuncias cruzadas entre Ansaloni y el actual secretario general Victor Voytenco.
El sindicato de peones rurales fue conducido desde 1992 por Gerónimo “Momo” Venegas, que pasó a manejar un año después la obra social, luego de que lograra que el entonces presidente Carlos Menem transformara por decreto el Instituto de Servicios Sociales para las Actividades Rurales y Afines en la actual OSPRERA, que hoy tiene una caja de 2800 millones de pesos. Venegas condujo la entidad sin disidencias internas hasta el 26 de junio de 2017, cuando falleció.
La muerte de Momo, que había creado el partido FE en 2013, le sirvió a Ansaloni para llegar a ser diputado nacional por Cambiemos. Ocupó ese lugar en la Cámara baja porque Ramón Ayala, quien había sucedido a Momo en UATRE, cargaba con algunas desprolijidades sobre sus espaldas, que no representaban una amenaza en el gremio, pero sí en el Congreso de la Nación. Ayala falleció tras contraer covid en octubre de 2020 y el manejo del sindicato quedó en manos de Voytenco, un dirigente chaqueño, y la obra social a cargo de Ansaloni, que en 2019 formó bloque propio en el Parlamento con otros siete legisladores del interior, se fue de Juntos por el Cambio, y a se acercó al massismo. Luego intentó disputar la conducción del gremio y ahí comenzaron los problemas y los conflictos. Los investigadores sospechan que el crimen podría tener relación con la actividad gremial, pero no con la disputa interna, sino con dinero que se manejaba de manera oscura.
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