El fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier, ordenó reabrir la investigación contra la Junta de Salud Mental que intervino en el caso Baraldo, por el cual fueron juzgados y condenados un matrimonio y su hijo por el abuso intrafamiliar de un menor oriundo de la ciudad de Esperanza.
Los Baraldo, el día que fueron condenados en primera instancia en el 2018.
La medida fue dispuesta luego de una presentación que realizaron los familiares del menor, con el patrocinio del abogado Martín Risso Patrón, tras el archivo dispuesto por la fiscal Rosana Peresin.
La reciente resolución además asignó la causa al fiscal Ignacio Orio (del área de flagrancia) y a su vez le encomendó una serie de medidas probatorias para sumar a la investigación judicial que surgió a partir de la denuncia de los familiares del menor abusado.
Por la causa, quedaron bajo la lupa de la Justicia los entonces integrantes de la Junta de Salud Mental: el abogado Hugo Alejandro Haimovich, las psicólogas Ana Gabbi y Mariana Churruarín y la psiquiatra Adriana Noemí Ferrer, quienes intervinieron durante la investigación que en 2018 terminó con la condena de Nidia Morandini, Víctor Hugo Baraldo y Juan Pablo Baraldo a 20, 18 y 16 años de prisión.
Tras la sentencia condenatoria, el tribunal que intervino desestimó los informes que realizó la Junta de Salud Mental en el caso. A su vez, precisaron que no tuvieron en cuenta el informe que fue presentado en el juicio (el otro fue desistido por la Defensa), y dispusieron que se remitan copias al MPA para que se investigue lo ocurrido.
De hecho, el fallo estableció que los informes de la Junta tenían irregularidades probadas, donde se intentó desviar la investigación para que la acusación por los abusos recayera en la figura de Carlos Grool, la pareja de la madre de la víctima y no en los abuelos y el tío del menor abusado. Tal secuencia se pudo establecer porque Grool grabó la entrevista que mantuvo con la Junta en 2014.
Inclusive, Grool aseguró en reiteradas oportunidades en AIRE que cuando fue citado por la Junta de Salud Mental no sabían ni su apellido. La entrevista duró apenas 19 minutos y los informes de los profesionales terminaron reflejando una muy diferente a la realidad.
Desde entonces, se inició una investigación contra los seis profesionales que intervinieron. De ese total, hubo cuatro que fueron imputados por el fiscal Carlos Lacuadra: el abogado Hugo Haimovich, las psicólogas Gabbi y Churruarín y la psiquiatra Ferrer.
Sin embargo, Lacuadra fue luego reasignado a la Fiscalía de Homicidios, por lo que la causa quedó en manos de la fiscal Peresín, la cual dispuso el archivo, hasta la reciente resolución del fiscal regional que ordenó reabrir la investigación.
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