La denominada “Causa del Comando de la Costa” ha ingresado en su etapa de definiciones. Esta semana la ex subjefa Nadia Soperez admitió su responsabilidad en los hechos investigados por la Fiscalía de Violencia Institucional y se sumó así a los cuatro coimputados que ya fueron condenados también en juicios abreviados.
La audiencia fue presidida por el juez Nicolás Falkenberg, quien debe evaluar los alcances del acuerdo y dictar sentencia. En tanto, la imputada contó con la asistencia de los abogados particulares Ramiro Díaz Duarte y Esteban Yossen.
Los fiscales Ezequiel Hernandez y Mariela Jimenez expusieron los detalles del procedimiento abreviado que cuenta con el aval del fiscal regional Carlos Arietti y Jorge Baclini por comprender una pena superior a los ocho años de prisión.
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El Comando del descontrol
Soperez fue imputada como autora y coautora de doce delitos perpetrados como funcionaria policial, en abuso de sus funciones. La mayoría de ellos fueron cometidos durante el año 2017, entre los meses de enero y noviembre, mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de La Costa. Por lo tanto, los hechos tuvieron lugar en La Guardia, Colastiné, Rincón y Arroyo Leyes.
El proceder habitual de los policías investigados era ingresar a viviendas sin orden judicial y sin permiso de los moradores, golpearlos, llevarlos detenidos sin motivo y continuar los golpes tanto en el móvil policial como en la comisaría. Las agresiones eran cometidas mientras los tenían esposados, al tiempo que los insultaban y los amenazaban, les robaban sus pertenencias y por último realizaban actas de procedimiento falsas que justificaban el proceder policial.
Al momento de solicitar el monto de pena, de ocho años y medio de prisión, los fiscales Hernández y Jiménez destacaron que en varios de los delitos atribuidos las víctimas eran personas vulnerables, menores de edad o con discapacidades.
Apremios, vejaciones y amenazas
La investigación permitió precisar que los uniformados hacían arrodillar a las personas privadas de la libertad y las golpeaban con palos en las plantas de los pies, o les colocaban bolsas de nylon en la cabeza y los hacían desnudarse, tanto en las viviendas donde ingresaban sin autoridad judicial ni permiso de sus moradores, como en los móviles policiales y en la comisaría.
Algunas de las amenazas tenían como finalidad evitar que los detenidos denuncien los malos tratos recibidos por el personal policial: "si ustedes dicen que les pegamos, cuando lleguemos a la comisaría los molemos a palos y va a ser peor", "no digas nada porque ya sabemos donde viven", "la próxima que los veamos les vamos a pegar peor", "si se les ocurre denunciarnos los buscamos y los matamos".
En otras oportunidades los insultos eran exigiendo entrega de armas o drogas. En uno de los hechos ventilados, ingresaron a una vivienda e hicieron sentar a su moradora en una silla, mientras le propinaban golpes con una cuchara de plástico con la intención de que “entregue las armas y las drogas”. Asimismo le dijeron que si manifestaba algo en la comisaría “iban a volver y la iban a prender fuego”, y la obligaron a desvestirse. En esa misma oportunidad amenazaron a una niña de 12 años diciéndole "decinos donde está la droga o te vamos a llevar a un hogar donde te van a violar, así que hablá".
En otras circunstancias las agresiones verbales eran para denigrar a los detenidos. En una oportunidad detuvieron a dos mujeres que seguían en moto el móvil policial donde trasladaban a dos allegados. En el móvil las golpearon mientras le decían: "a las negras chotas como vos hay que matarlas a todas". Una vez en la comisaría volvieron a golpearlas y mientras a una de ellas le decían que iba a morir presa embarazada porque la iban a violar e iba a tener gangrena, a la otra joven le decía "mirame a la cara pendeja y decime señora, soy soy la autoridad".
A un joven lo agredieron con un látigo de cuero trenzado y le decían "tenés miedo puto", " mira como llora el putito de mama", "a vos te gusta pegarle a las mujeres" y le dijeron que si los denunciaba lo iban a hacer desaparecer.
Amenazas por Facebook
Los últimos hechos atribuidos a Soperez tuvieron lugar durante el año 2019, cuando la imputada se encontraba en prisión preventiva bajo el régimen de arresto domiciliario. Es así que el 19 de agosto realizó una publicación en la red social Facebook a la medianoche en el perfil "Libertad Comando de la Costa URI" bajo la leyenda "Los niños del fiscal Ezequiel Hernandez y la fiscal Parodi legajo nro 10".
La publicación presentaba un video del interior de un domicilio donde se ve a un masculino que estaría cometiendo un ilícito, publicando todos los elementos que se habrían secuestrado, organizados en el piso de la vivienda, y que se trataría de "Pistolón" Perezlindo, de quien también publicaron su planilla prontuarial y el acta de retiro labrada en la comisaría el 21 de noviembre de 2017, material al que tuvo acceso por ser personal policial en funciones.
En tanto el 12 de septiembre de 2019, mediante la publicación en la red social facebook desde los perfiles: “Libertad al comando de la costa URI”, "Nadia Soperes" y "Comando de la Costa URI", publicaron fotos de un menor tomadas en el 2017 cuando fue trasladado a la comisaría con su teléfono celular con publicaciones "rata inmunda nos cansamos de meterte preso... bañate negro sucio llorón... por facebook se hace el hablador... pichi competición desapareció.."
En otra foto acompaña el texto: "lo vas a pagar y la noche será testigo... ya nos vamos a ver en el juicio". Comentarios que hicieron que el hombre se sintiera amedrentado y no quiera asistir al juicio contra Soperez.
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Calificación legal y pena
Los 12 hechos atribuidos a Soperez como autora o como coautora se tipifican como allanamientos ilegales, severidades, vejaciones, amenazas coactivas, robo calificado, falsedad ideológica agravada, violación de secreto, privación ilegítima de la libertad, torturas, abuso de armas, lesiones leves y apremios ilegales.
La pena solicitada por los fiscales y aceptada por la imputada y sus defensores es de 8 años 6 meses de prisión, e inhabilitación perpetua.
Para motivar el pedido punitivo, los acusadores precisaron que “el ingreso sorpresivo y sin autorización del personal policial al domicilio de las víctimas implica vulneración de múltiples derechos constitucionales; que en lugar de cuidar la pacífica convivencia y proteger los bienes jurídicos de todos los ciudadanos, como corresponde a una funcionaria policial, la imputada actuó con total desaprensión a la propiedad y la libertad, utilizando para ello los conocimientos y las herramientas de trabajo provistas por el estado; en su mayoría fueron víctimas vulnerables por edad y condiciones especiales; y que falsearon las actas de procedimiento que son los instrumentos que tienen como fin anoticiar a la justicia penal la comisión de delitos, la génesis de la investigación. Soperez redactó ella misma todas las actas y participó activamente en todos los hechos”.
Por último, remarcaron que la imputada era la subjefa del Comando, la funcionaria de mayor rango en los procedimientos. En este sentido, la acusada reconoció su culpabilidad y brindó su conformidad con el presente.
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