Redacción Aire Digital
Esta mañana la ex subjefa del comando de la costa Nadia Soperez fue imputada en la sala 2 del subsuelo de tribunales. La fiscal de Delitos Complejos Laura Urquiza le atribuyó tres nuevos hechos delictivos, dos de ellos cometidos mientras se encontraba cumpliendo la prisión preventiva domiciliaria.
Soperez estuvo asistida por la defensora pública Silvina Corvalán y el juez que presidió la audiencia fue Gustavo Urdiales. Urquiza solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva de Soperez, que fue fijada para el próximo domingo 6 de octubre en horario a determinar.
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Por redes sociales
La ex funcionaria policial se encuentra imputada por una serie de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa. La mujer había recibido la morigeración de la prisión preventiva para poder asistir a su padre que se encontraba enfermo.
Tras el fallecimiento del hombre, la fiscalía no solicitó revisar la medida por lo que Soperez continuó arrestada en su domicilio. Hasta que el miércoles se llevó a cabo un allanamiento que culminó nuevamente con la detención de la ex subjefa del comando.
Esta mañana la fiscal Urquiza le atribuyó tres hechos delictivos: apremios ilegales agravados por violencia en perjuicio de un menor de edad detenido en agosto de 2017 en la zona de la vía muerta, y dos hechos calificados como amenazas coactivas y violación de secreto en concurso real.
Estos dos últimos hechos se tratan de publicaciones realizadas a través de la red social Facebook, en el perfil “Libertad Comando de la Costa URI”, por la propia Nadia Soperez desde su casa, mientras cumplía la prisión preventiva domiciliaria.
“Bañate negro sucio”
El primero de los hechos de amenazas atribuidos a Soperez es una publicación en Facebook de fecha 12 de septiembre de 2019. Según atribuyó Urquiza en la audiencia, desde los perfiles “Libertad comando de la costa URI” “Nadia Soperez” “Comando de la Costa URI”, la imputada publicó fotografías de Marcos Ramón G. cuando este era menor de edad, tomadas en el mes de agosto de 2017 cuando fue trasladado a la sub 4ta.
Las fotos fueron tomadas con el teléfono celular de Soperez dentro de la dependencia policial, y las publicó en Facebook con comentarios del tipo: “rata inmunda nos cansamos de meterte preso… bañate negro sucio llorón… llorón. Por Facebook se hace el hablador… lloraba, no sé por qué… pobrecito… quieren su planilla de antecedentes? Pichi competición desapareció”.
Además, en una de las publicaciones, la imagen de Marcos Ramón es acompañada por la de Emanuel R., en las mismas circunstancias dentro de la misma dependencia. En este caso se acompañó con el comentario: “Lo vas a pagar y la noche será testigo, ya nos vamos a ver en el juicio”.
Según Urquiza, esto ocasionó que Marcos Ramón se sintiera amedrentado y compelido a no asistir al juicio que se realizará contra Soperez y el resto del personal del comando coimputado en la causa.
Otra de las publicaciones que configuran delito es de fecha 19 de agosto. Se trata de un posteo en Facebook que bajo la leyenda “Los niños del fiscal Ezequiel Hernandez y la fiscal Parodi” muestra un video del interior de un domicilio particular, donde se observa un masculino que estaría cometiendo un ilícito. El video es acompañado por la publicación de elementos que se habrían secuestrado, organizados sobre el suelo de la vivienda, así como la ropa y zapatillas del imputado, “Pistolón” Perezlindo.
De Perezlindo publicó también a través de la misma red social su planilla prontuarial y el acta de retiro que obra en el sumario prevencional labrada en la subcomisaria 4ta, el 21 de noviembre de 2017. Soperez tuvo acceso a este material por haber sido personal policial en funciones en ese procedimiento.
La causa que desarticuló al Comando
En febrero de 2018 seis policías del Comando de la Costa fueron detenidos e imputados por una serie de delitos cometidos en ejercicio de sus funciones durante el 2017.
El fiscal Ezequiel Hernandez les atribuyó haber cometido torturas; robos; allanamientos ilegales; apremios; amenazas coactivas; falsedad ideológica; privación ilegítima de la libertad; vejaciones; apremios; abuso de armas y severidades.
En aquel momento el fiscal del MPA informó que “uno de los ilícitos más reiterado consistía en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar –en algunos casos de forma realmente cruel– y llevarse pertenencias de las víctimas”. Hernández añadió que “finalmente, realizaban actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos”.
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