La Festram se solidarizó con el sindicato de trabajadores municipales de Rosario.
"Chari", como la conocían de toda la vida a María del Rosario Aguilar, una mujer de 60 años residente en el barrio Las Flores, armó su propio negocio y subsistió durante años engañando a gente humilde y necesitada a la que le pedía dinero a cambio un trabajo en estable en la Municipalidad de Rosario. Como la mentira era su fundamento y dicen que tiene patas cortas, las estafas salieron a luz.
La actitud de la mujer comenzó a ventilarse a principios de este año cuando, a poco de asumir la intendencia, Pablo Javkin empezó a recibir en sus redes sociales quejas de personas que “había cumplido todos los requisitos” para ingresar a la planta permanente de la Municipalidad, y le reclamaron abiertamente que cumpliera con un una gestión que ciertamente no había impulsado.
Javkin se mostró preocupado porque desde diciembre de 2019 cuando tomó el mando de la intendencia nunca lanzó una convocatoria abierta o formal de llamado a concursos para cubrir vacantes en la administración local. Entonces ordenó rastrear la información que daba cuenta del reclamo de los aspirantes.
El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, directamente presentó una denuncia formal en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investiguen los hechos, porque se detectó que detrás de las maniobras había una persona que ofrecía los trabajos a cambio de dinero. Y a los pocos días se hizo público un video captado con un teléfono celular donde se ventiló la charla que la sospechosa mantenía con una de las víctimas.
Ese registro y los mensajes con los reclamos que recibió Javkin fueron parte de la evidencia que la Municipalidad acercó a la Fiscalía, previa constatación ante escribano público. El caso recayó en el fiscal detenido y separado de su cargo, Gustavo Ponce Asahad, que en ese momento recibió una catarata de denuncias de personas damnificadas por la estafadora.
Luego de constatar la identificación de Chari, el fiscal ordenó su detención, que se concretó en una casa ubicada sobre calle Monteros al 6500, en el barrio Las Flores. Justamente la mayoría de las víctimas residía en esa populosa porción de Rosario, afectada por las crisis económica y el desempleo.
Luego de constatar la identificación de Chari, el fiscal ordenó su detención, que se concretó en una casa ubicada sobre calle Monteros al 6500, en el barrio Las Flores.
Es que según se pudo constar en la investigación a través de un relevamiento administrativo, la mujer nunca tuvo vinculación con la Municipalidad, salvo por su marido ya fallecido, que fue empleado estatal de Parques y Paseos.
Cuando la llevaron a la audiencia imputativa el fiscal Ponce Asahad le achacó 12 hechos de estafa. En esa instancia el juez Gustavo Pérez de Urrechu ordenó que quede en prisión preventiva por 90 días, la que luego fue prorrogada. La mujer quedó alojada en la nueva Alcaidía de Mujeres, donde según fuentes cercanas al caso, no la pasó del todo bien.
La fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Cecilia Brindisi, se hizo cargo del legajo tras la caída en desgracia de Ponce Ashad. Estableció que la mayoría de los damnificados eran personas jóvenes o de mediana edad, desempleadas, de condición humilde y pocas herramientas para advertir que eran engañadas.
Se estableció que Aguilar se comunicaba por teléfono o por mail con las víctimas, ante quienes se presentaba como colaboradora del intendente Javkin.
“Las víctimas eran personas con muchas ganas de trabajar. Por eso resulta repudiable la actitud de esta mujer, sobre todo en este momento desesperación y crisis. Jugó con las expectativas de la gente, porque les prometía un futuro que no se iba a cumplir”, explicó Brindisi a Aire Digital sobre la repudiable conducta de la acusada.
Se estableció que Aguilar se comunicaba por teléfono o por mail con las víctimas, ante quienes se presentaba como colaboradora del intendente Javkin. Y con cierta facilidad para la palabra, ofrecía trabajo en distintas áreas del municipio. A cambio 2.500 pesos como adelanto para “exámenes médicos, fotocopias” y demás trámites administrativos y papeleos.
Luego pactaba un encuentro en su propia casa, donde recibía el dinero estipulado y el currículum esperanzador. “Con esto se arma el legajo” prometía. Una de esas reuniones quedó registrada en el video que luego se hizo público. En esa la charla se la escucha decir que ella estaba en contacto con un funcionario que citaba como el que se encargaba de gestionar el empleo.
Ese posteo en las redes y los diarios digitales se colmó de comentarios de otras víctimas que habían sufrido las mismas falsas promesas de “la abuela Chari”. Si bien fueron 20 las personas que formalmente presentaron la denuncia en Fiscalía por hechos concretados entre 2019 y principios de 2020, se cree que hacía seis años que operaba de la misma forma.
Con un discurso convincente pero totalmente falaz, en algunos casos hasta le tomó las medidas del cuerpo a mujeres porque decía que era “para los uniformes”. Prometía descaradamente trabajo en los hospitales Roque Sáenz Peña y Clemente Alvarez, en Parque y Paseos, en la Guardia Urbana Municipal (GUM), la Aduana o la Dirección General de Tránsito o Control Urbano. Todo falso.
En la acusación que presentó la fiscal Brindisi se destaca que cometió “al menos 20 hechos de estafa simulando una calidad que no posee, alegando influencia mentida mediante ardides, engaños y maquinaciones fraudulentas, prometiendo puestos de trabajo en la Municipalidad a fin de lograr beneficio económico para sí defraudando a diversas personas”.
La fiscal desgranó que las denuncias contra Chari guardaban “armonía y coherencia entre sí”. Los relatos son coincidentes en relación a una mecánica calcada. Contactaba a una persona, la engañaba y le pedía que contactara a otras, y a sí sostenía el negocio en cadena. Crisis laboral mediante, nunca iba a dejar de tener aspirantes. “Cuanto más gente se presentará era mejor para ella. Era uno de los modus operandi para reclutar víctimas”, remarcó Brindisi.
“La conducta de la imputada iba más allá del desapoderamiento. Porque una vez que las víctimas le pagaban, Aguilar continuaba engañándolas, poniendo permanentes excusas en cuanto a las demora de los puestos de trabajo. Incluso vaticinaba fechas de ingreso a los puestos de trabajo. De esa forma mantenía la expectativa de las víctimas y lograba que no la denunciaran. Eso le daba tiempo y para seguir captando víctimas y tejiendo una red”, sintetizó la titular de la acusación.
En una audiencia que se celebró esta semana en el Centro de Justicia Penal (CJP) María del Rosario Aguilar fue condenada en un juicio de trámite abreviado, durante el cual aceptó su culpa como autora de 20 hechos de estafas, en concurso real.
La jueza Irma Patrica Bilotta convalidó los términos del acuerdo al que arribaron previamente las partes, lo homologó y le impuso a Chari una pena de 3 años de prisión efectiva. En la misma resolución se le ordenó una reparación económica a las víctimas por un monto total de 100.000 pesos, prorrateados en cinco cuotas de 20.000 pesos.
Como Aguilar cumplió más nueve meses y medio en prisión preventiva efectiva (las dos terceras partes), la jueza ordenó que quede en libertad. Igualmente le impuso una serie reglas de conducta: fijar domicilio en Monteros 6576; adoptar un oficio o actividad lícita adecuada a su capacidad; prohibición de contacto y acercamiento personal, telefónico, electrónico, por whatsapp, redes sociales con las sí o terceras personas con las víctimas.
Noviembre de 2019: solicitó 2.500 pesos a una víctima para ingresar a trabajar a la Municipalidad siendo asignado al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, luego a la GUM y después a Talleres Generales
Noviembre de 2019: requiere a otra víctima 2.500 pesos para ingresar a trabajar a la Municipalidad, y luego ser asignado a la Aduana.
Noviembre de 2019: le sacó 2.500 pesos a una mujer para ingresar a trabajar a la Municipalidad, como telefonista del Hospital Roque Sáenz Peña.
Enero de 2019: le solicita $2500 pesos a otra mujer para ingresar a trabajar realizando tareas de limpieza en el Hospital Roque Sáenz Peña.
Enero de 2019: solicita a otro hombre la suma 10.000 pesos para trabajar en el Hospital Clemente Alvarez.
Octubre de 2018: requiere a una mujer la suma de 12.500 pesos para ingresar a trabajar en Distrito Centro en atención al público. La víctima entregó el dinero en la puerta del Banco Municipal de Rosario, sucursal de peatonal San Martín y Córdoba.
Dos hechos de entre enero y noviembre de 2019: un hombre entregó 12.000 pesos para ingresar a trabajar a la Municipalidad, haciendo entrega además en otra ocasión de 31.000 pesos para que dos amigos también obtengan empleo
Marzo de 2019: un hombre entrega 7.000 pesos para ingresar a trabajar a la Municipalidad.
Marzo a noviembre de 2019: le solicitó a otro hombre una suma mensual indeterminada para trabajar en la Municipalidad. La víctima pagó cerca de 80.000 pesos.
Dos hechos de enero de 2019: solicita a un hombre y una mujer 12 mil pesos para trabajar en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) o en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.
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