Moderno House: los imputados seguirán en libertad y deberán presentar propuestas de reparación económica
El juez Aguirre resolvió que los dos imputados por estafas con las viviendas prefabricadas de Moderno House permanezcan en libertad mientras avanza la causa
Damnificados en la puerta de la sede judicial en donde funciona la Fiscalía de Delitos Complejos.
La Justicia de Santa Fe dispuso que los imputados por estafas reiteradas y asociación ilícita en la causa Moderno House continúen el proceso penal en libertad, con una serie de medidas que deberán cumplir mientras intentan llegar a acuerdos con los denunciantes.
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La resolución fue dictada por el juez Lisandro Aguirre en el marco de una audiencia realizada este martes en la sala 1 del anexo del Palacio de Justicia, quien dispuso un plazo de 90 días para que los imputados Néstor Gabriel Segovia y Camila Dos Santos Rizzi presenten acuerdos de resarcimiento económico para los damnificados.
La causa está a cargo de los fiscales de Delitos Complejos, Jésica Bernard y Matías Broggi, quienes habían reclamado el encarcelamiento de Segovia y de Dos Santos Rizzi.
Antes de la resolución del juez habían alegado los abogados querellantes, Juan Ignacio Chigal, Melisa Lógica y Marianela Leocata, quienes adhirieron a la hipótesis fiscal tras el cuarto intermedio dispuesto en la audiencia del lunes.
Por su parte, los abogados defensores José Nanni y Ramiro Coso, por Dos Santos, y Jorge Qüesta, por Segovia, habían cuestionado la calificación imputada por asociación ilícita y reclamado que continúen con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Asociación ilícita y pedido de prisión
Los primeros en alegar este martes fue el abogado querellante Chigal, luego del cuarto intermedio dispuesto tras la exposición de la Fiscalía: "Fue importante para esta querella que usted pueda escuchar a las víctimas... el 5 de octubre de 2023 comencé con estas denuncias en el MPA: pasaron tres años donde las víctimas volvieron a padecer como cuando los imputados les quitaron sus ahorros de toda la vida", manifestó Chigal.
El querellante agregó que "siempre tuvimos la convicción de que todos los miembros de la asociación tuvieron la intención de estafar, por eso el reclamo civil no era una via", y recordó que "las víctimas realizaban intimaciones particulares y denuncias en defensa del consumidor que nunca fueron respondidas; fue por este querellante que con las denuncias de 2023 se le puso punto final a ese modus operandi", sostuvo.
Luego, Chigal remarcó que "yo en ningún momento fui un obstáculo para que lleguen a un acuerdo", y agregó que hay víctimas que no denunciaron porque “no va a pasar nada” por la falta de respuesta de la Justicia: "Las victimas entregaban sumas exorbitantes de dinero, en algunos casos la totalidad del contrato, porque les prometían que les congelaban el precio para comprar los materiales que no compraron: ¿Qué hicieron con la plata?", se preguntó.
Finalmente, el querellante repasó los vaivenes judiciales que lleva el proceso: "En abril de 2025 la Fiscalía archivó la causa alegando incumplimiento de contrato; esta querella se opuso, la fiscalía regional confirmó y en agosto de 2025 presentó la oposición ante la fiscal general Vranicich, que en mayo de 2026 reabrió la causa: dio un giro con la intervención de la nueva fiscal que trabajó de manera impecable y en tres meses la causa paso de estafas reiteradas a asociación ilícita", enumeró.
"En esta sala soy el único que hace tres años que persiste en el reclamo de justicia; (a los denunciantes) el dinero ya no les interesa, quieren una condena y se lo hicieron saber ayer, y así debe ser, la ley es clara: quien comete un delito debe pagar", insistió Chigal.
Por último, repasó lo manifestado por la Fiscalía: que los imputados no cumplieron con las medidas acordadas, que dejaron de ir a firmar al MPA, que Segovia se mudó y no dio la nueva dirección, que ella salió dos veces del país. En cuanto a Segovia, el querellante refirió a una victima le dijo, a través de un amigo policía que no lo denunciara y le ofreció entre 100 y 200 dólares pero que no continúe con el proceso.
A continuación, las querellantes Lógica y Loacata sostuvieron que en junio de 2024 su clienta firmó una reparación por 4000 dólares que fue incumplido y desconocido por el imputado, y que después cambio la defensa.
Cuestionaron que la había una única vivienda en Sauce Viejo que era exhibida a los interesados y que la empresa no existía para ninguno de los entes reguladores, "y si bien eso no es un delito que Moderno House haya estado inscripto en el ARCA bajo el nombre propio de su titular, sí adquiere otro sentido en este contexto".
Críticas a la calificación legal y reclamo de libertad
Qüesta, en representación de Segovia, sostuvo que no desconocen el reclamo y el perjuicio de las denuncias pero no se acredita la existencia de una asociación ilícita ni el rol de Segovia como organizador, y remarcó que Segovia compareció a las audiencias, declaró, está presente y sometido al proceso.
Luego cuestionó el posible incumplimiento de las medidas alternativas: "durante el archivo de las actuaciones, por desconocimiento o confusion, entendió que las medidas no continuaban vigentes, no hubo incumplimiento a fin de evadirse", sostuvo Qüesta y agregó que se han buscado soluciones: "La dificultad para llegar a un acuerdo no es una evasión del proceso", manifestó.
El abogado también criticó la calificación de asociación ilícita: "Una cuestión es la toma de decisiones empresariales y otra es un acuerdo para delinquir", sostuvo. "La empresa no era un invento, tuvo empleados, gente que trabajó, Segovia explicó los problemas de financiamiento", sostuvo Qüesta.
En el mismo sentido, el abogado José Nanni, en representación de Dos Santos Rizzi, cuestionó la calificación de asociación ilícita, y citó el código comentado de Zaffaroni: "La asociación ilícita es un saco roto donde van a parar casos que no pasan de mera complicidad”.
Nanni sostuvo que "hubo medidas de prueba recomendadas por Vranicich que no fueron realizadas y tampoco recomendó nueva imputación, ni siquiera la querella había pedido asociación ilícita", y cuestionó la reapertura de la causa ya que debería haberse hecho en base a nueva evidencia.
Luego, sostuvo que la asociación ilícita reclama un mínimo de tres personas y que en la presente causa solo están imputados Segovia y Dos Santos; en cuanto a las otras dos personas nombradas como miembros y aún no imputadas, el abogado citó un fallo de la Cámara de Apelaciones de Rosario en la causa Traferri por juego clandestino: "tener como probado la intervención de personas ausentes atenta el derecho de defensa en juicio".
Nanni sostuvo que la imputación de asociación ilícita es una "acusación sobredimensionada" para agravar la causa y sostener el reclamo de prisión preventiva: "Lo único que falta es que los imputen por el homicidio de Nisman", graficó.
Finalmente, Nanni también criticó que se entienda que incumplieron las alternativas cuando la causa estaba archivada: el archivo de la causa hace caer las cautelares, sostuvo.
El abogado recordó que Dos Santos Rizzi tiene dos hijos a su cargo y que es el único sostén del hogar, además de que su hija está bajo tratamiento psiquiátrico con medicación y reclamó el rechazo del encarcelamiento de la mujer.
Libertad y reparación económica
Tras un cuarto intermedio, el juez Lisandro Aguirre resolvió desestimar la calificación de asociación ilícita; según el magistrado, la evidencia presentada por la acusación no permitía inferir un pacto delictivo estable y permanente: Aguirre señaló que la pluralidad de personas, la distribución de tareas y la participación en operaciones determinadas no bastan, por sí solas, para acreditar ese delito. Sin embargo, advirtió que esta conclusión responde al estado actual de la prueba; no constituye un sobreseimiento definitivo ni impide que la cuestión vuelva a discutirse ante nuevos elementos.
Por otra parte, el juez sí consideró acreditados, con el grado de probabilidad propio de esta etapa, los nuevos hechos de estafa atribuidos a los imputados. Para ello valoró indicios como la intervención de un supuesto arquitecto sin habilitación, la exhibición de obras ajenas y el patrón de cobros e incumplimientos.
Aguirre advirtió que se debe profundizar la investigación sobre cada operación, diferenciando las condiciones de contratación, los pagos, los trabajos realizados, las causas de los incumplimientos y la prueba utilizada para atribuir una intención inicial de defraudar.
Finalmente, el juez valoró que ambos imputados siempre estuvieron a disposición de la Justicia, que asistieron a las audiencias requeridas y sobre el archivo anterior de la causa y los posibles incumplimientos de las medidas, el juez evaluó la comprensión que los imputados pudieron tener acerca de la continuidad de sus obligaciones.
Es así que los imputados continuarán en libertad mientras avanza la causa; para esto deberá fijar domicilio, se impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación cada 15 días.
Asimismo, se otorgó un plazo de 90 días (sin apercibimientos ni obligación de cancelación total inmediata) para presentar una propuesta razonable de reparación económica, manteniéndose el embargo sobre los vehículos.
El abogado querellante Chigal manifestó su repudio a la decisión del juez, a quien le recriminó que "al final es mejor ser delincuente, quedarte con los 500 millones de pesos de la gente y seguir la vida como si nada".
