Hasta el momento, la investigación que comanda el fiscal Omar De Pedro presenta pocas certezas y muchas evidencias sobre lo ocurrido aquel 19 de diciembre, cuando Benito (el Gallego, como lo conocen en la zona) y Estela salieron a pescar.
Según los testimonios de los vecinos, era habitual que la pareja se subiera a la lancha temprano por la mañana (ese día salieron a las 8), tiraran las cañas en algún brazo del río un par de horas, y volvieran al mediodía.
Desde hacía tres meses un sobrino de Benito estaba viviendo con ellos porque su padre, hermano del Gallego, tiene que ser operado y está internado en el hospital. El fiscal relató ante la jueza Sandra Valenti que antes de las 8 esa mañana el joven habló con su tío y le dijo que se iban a pescar. Luego intentó comunicarse con ellos cerca de las 11 y la comunicación derivaba directamente al buzón de voz.
¿Qué pasó en esas tres horas? Dos cosas son claras: El celular de Benito entabló contacto por un minuto y medio con el celular de Vasilovsky a las 8:20, y el celular de Estela se activó cerca del camping de Arroyo Leyes cerca de las 9:30.
Esa tarde, cuando el matrimonio no volvió a su casa, su sobrino radicó el pedido de paradero y se activaron los protocolos de búsqueda de las fuerzas policiales, y también los vecinos hicieron su aporte.
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Al día siguiente, la lancha se encontró en un lugar cercano al rancho donde residía el imputado. Le habían retirado el tapón y estaba semi hundida. Además, se encontró el motor y una caja con los elementos de pesa escondidos en la maleza, a 20 mts de la vivienda de Vasilovsky.
Por último, dentro de la casa, se encontraron dos cañas de pescar y una manguera de combustible, reconocidos también por la familia. También había una mancha de sangre en el piso, que el imputado refirió que era de un perro que se había lastimado.
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Fue entonces cuando Vasilovsky decidió abandonar el lugar, que era propiedad de dos amigos suyos. A ellos les dijo que se iba a pasar las fiestas a Córdoba, pero fue detenido en un colectivo con destino a Resistencia.
Los fiscales en turno en ese momento, Lacuadra y Lascurain, lo imputaron por robo calificado y abandono de persona, y se acordaron alternativas a la prisión preventiva. Mientras tanto, el Gallego y Estela seguían desaparecidos.
A fines de diciembre la causa pasó a la fiscalía del dr. De Pedro. Allí las pesquisas determinaron que cuando el imputado avisó que se iba, los dueños del rancho se llevaron varios elementos para evitar que queden allí.
El fiscal realizó requisas en las propiedades de los dos propietarios del lugar y logró el secuestro de varios elementos que fueron luego sometidos a pericias: una piragua, una motosierra, un machete, dos palas… En todos los resultados fueron positivos para la detección de sangre, en algunos se confirmó incluso que era sangre humana. También se determinó que el rastro en el rancho era humana, y no de un perro como había dicho el imputado.
Todos estos rastros están siendo cotejados con muestras de ADN para establecer si se tratan del matrimonio desaparecido.
Pero además, la búsqueda fue realizada en el mes de febrero por dos equipos de búsqueda internacional con perros que siguen rastros de personas vivas, y otros que sólo detectan restos humanos.
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Según la evidencia presentada por el fiscal en la audiencia, los dos grupos de canes tuvieron la misma actitud: de la vivienda del matrimonio, al río. Luego, en la vivienda de Vasilovsky, a un sector en el exterior, y nuevamente al río. Esto parece abonar la tesis de la fiscalía, que la pareja estuvo en el rancho del imputado, pero no se fueron de allí con vida.
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La defensa a cargo del dr. Sebastián Moleón realizó varios cuestionamientos. En primer lugar entendió que “no hay causa penal” ya que no se puede determinar que el matrimonio haya sido asesinado. “Si tuvieron un accidente y se ahogaron, no se le puede atribuir al imputado”.
También realizó un planteo del tipo procesal: Si Vasilovsky ya fue imputado por este hecho en noviembre, correspondía una ampliación de imputación, no detenerlo e imputarlo por el mismo hecho. En este sentido el defensor planteó la ilegalidad de la detención.
Por último, propuso que se mantengan las alternativas propuestas en diciembre. “La prueba que resta es el análisis de ADN que se está realizando, y no hay manera que el imputado intervenga”.
La jueza Sandra Valenti resolvió avalar el pedido de la fiscalía e imponer la prisión preventiva para el imputado.
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