Al lado de la palabra “ratas” quedó escrito en la pared de la Subcomisaría 21 el signo $. Enfrente, la bronca de los vecinos del barrio 7 de Septiembre, que en una semana se manifestaron tres veces para exigir justicia por el doble crimen de Mauricio Canteros y Luciano Gómez, quienes murieron tras quedar en un tiroteo entre bandas que dominan pequeños territorios en esa zona áspera del noroeste de Rosario.
Makhat fue detenido el 29 de noviembre de 2018 en el departamento en el que vivía. El inmueble es propiedad del narco Esteban Alvarado y está ubicado en los Condominios del Alto, una lujosa y exclusiva edificación en Punta Norte.
El grafiti que un grupo de vecinos hizo para vandalizar el frente de la comisaría, que también fue blanco de piedrazos que destrozaron los vidrios, dejaba claro la percepción de ese grupo de vecinos que descargaba su bronca contra una de las pocas presencias que tiene el Estado en ese barrio, atravesado por la violencia y la marginalidad endémica y cuyo nombre hace honor al Día del Metalúrgico.
El otro extremo social es representado por Puerto Norte, la zona de la ribera rosarina donde están las propiedades más caras que se construyeron sobre terrenos que pertenecían antiguamente al ferrocarril, a esa otra Argentina que tenía perspectivas de desarrollo.
Javier Makhat, jefe de Inteligencia de la ex PDI, vivía allí. El 29 de noviembre de 2018 le tocaron la puerta efectivos de la Policía Federal y la Tropa de Operaciones Especiales. No sabían que vivía allí un colega. Debían allanar ese domicilio en busca de propiedades del narco Esteban Alvarado, acusado del crimen del prestamista Lucio Maldonado.
En una casa quinta de Alvarado los investigadores habían encontrado recibos de pago de impuestos de varias propiedades, entre ellas, aquel departamento en Condominios del Alto, valuado en 250.000 dólares donde vivía Makhat, que luego quedó detenido. En dos cocheras los policías encontraron además un auto asignado a PDI y una camioneta Jeep flamante.
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La semana pasada Makhat fue condenado a tres años de prisión en un juicio abreviado. Lo inédito del fallo fue que deberá pagar una multa de 50 millones de pesos. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery le endilgaron a Makhat, quien formó parte de la asociación ilícita liderada por Alvarado, que permitió “la utilización de su nombre y el de su pareja para la circulación de bienes de la asociación ilícita, ocultando los verdaderos dueños de esas propiedades y permitiendo el usufructo de ellas por parte de los miembros de la organización y de su jefe”.
Makhat deberá liquidar sus propiedades para pagar la multa, que son una casa ubicada en Miramar 6171, en Funes, que adquirió por 60.000 dólares en 2010 y un departamento y una cochera doble con baulera de los Condominios del Alto por 800.000 dólares.
El nombre de Makhat aparecía en un informe que en 2013 envío el comisario Gustavo Pereyra a la Secretaría de Delitos Complejos, que encabezaban Ana Viglione y Andrés Ferrato. Lo extraño de este caso fue que el policía que investigó el loteo que estaba haciendo Alvarado en beneficio de un grupo de uniformados, entre los que se encontraba Makhat, terminó detenido por nueve meses.
Fue en el marco de la causa de Los Monos, que instruyó el juez Juan Carlos Vienna. En el juicio, Pereyra fue absuelto y tiró munición gruesa contra sus jefes de entonces: "Fui detenido porque hice lo que tenía hacer", aseguró "Gula Gula", como se lo conoce a este comisario que se construyó su propio calabozo en la delegación de Los Pumas para evitar ir a Piñero, donde creía que lo iban a matar.
Pereyra declaró que “estaban recaudando y lo querían poner a Alvarado y a Luis Medina para que manejaran toda la zona. Porque (el jefe de la Brigada Operativa de Judiciales, el subcomisario Luis) Quevertoque, en su momento, era socio de Alvarado, eran vecinos, fueron cuñados”, aseguró.
En los reportes que envió por correo electrónico, Pereyra decía que Makhat y otros tres jefes policiales eran testaferros de Alvarado, quien les había donado terrenos en el country Puerto Roldán.
Ambos exfuncionarios de la Secretaría de Delitos Complejos fueron acusados de falso testimonio porque al ser citados para explicar sus tareas en la causa de Los Monos dijeron que las áreas a su cargo no investigaban asuntos de narcotráfico. Sin embargo recibían mails de Pereyra, con informes sobre el tema que nunca se investigaron. El caso llegará este año a juicio oral. La querella, encabezada por Pereyra, pidió cinco años de prisión para los exfuncionarios nombrados por el exgobernador Antonio Bonfatti.
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