martes 29 de septiembre de 2020
Policiales | Narcotráfico |

Alvarado, el narco que fue diez años un fantasma y formó parte del "pacto de gobernabilidad con el delito"

El gobernador Omar Perotti dijo en su discurso que existió en la provincia un "pacto de gobernabilidad con el delito". En esta nota, el caso de un narco que actuó sin ser perseguido por la Justicia y las fuerzas policiales.

Estuvo durante más de diez años en las sombras de la clandestinidad. Y sin ninguna complicación con la Justicia. La fuerte frase del gobernador Omar Perotti de un “pacto de gobernabilidad con el delito” incluye como uno de los protagonistas a Esteban Alvarado, que como si fuera una casualidad del destino ayer fue procesado por el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, como “organizador” del tráfico de 493 kilos de marihuana en un camión que fue detenido el 24 de noviembre de 2017 en General Roca.

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La tardanza de la Justicia Federal en identificar a este hombre de 40 años, logró que en ese lapso Alvarado se hiciera millonario con la venta de drogas, al adquirir empresas de transporte y del sector de salud y 14 propiedades, que varias de ellas “donó” a jefes policiales que actualmente están imputados en la causa paralela que se sigue en la justicia provincial y que lo tuvo al flamante ministro de Seguridad, Marcelo Sain, como uno de los principales impulsores desde el Organismo de Investigación, del que pidió licencia para ser parte del gabinete de Perotti.

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Marcelo Sain, el elegido por Omar Perotti para liderar el Ministerio de Seguridad

Marcelo Sain, el elegido por Omar Perotti para liderar el Ministerio de Seguridad

Su ex socio fue Luis Medina, un empresario narco que fue asesinado junto a su novia Justina Pérez Castelli a fines de diciembre de 2013, un doble crimen que trajo aparejada una investigación en sus inicios polémica, con la jueza María Luisa Pérez Vara, que nunca apareció por la escena del crimen porque se encontraba en Pinamar disfrutando de la costa atlántica a pesar de estar de turno, una conducta que provocó que fuera condenada a un año de prisión.

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El 22 de noviembre Pérez Vara solicitó por medio de una nota a la Corte Suprema su renuncia por “motivos de índole particular” a partir del 1º de marzo. La magistrada pidió además a través del expediente 608/13 empezar a gestionar su jubilación. Ese mismo día, la secretaría del alto tribunal provincial ratificó la renuncia “no existiendo observaciones que formular a la dimisión manifestada por la magistrada”, y solicitó al Poder Ejecutivo que dictara el acto administrativo.

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La exjueza María Luisa Pérez Vara fue condenada por incumplir con sus deberes.

La exjueza María Luisa Pérez Vara fue condenada por incumplir con sus deberes.

Consultas a la Corte Suprema

El secretario de Gobierno de la Corte, Eduardo Bordas, envió el expediente Nº 1.639 al Ministerio de Justicia, donde ingresó el 2 de diciembre. Tres días más tarde el secretario de Justicia, Mariano Candioti, envió otra vez el expediente a la Corte Suprema para que se informara “si existen pedidos de juris, denuncias o sanciones disciplinarias pendientes que pudieran afectarse con la aceptación de la renuncia” de Pérez Vara. El 12 de diciembre Bordas señaló que “no obran antecedentes relacionados” con el desempeño de la jueza. Después de un recorrido burocrático, finalmente el 30 de diciembre el gobernador firmó el decreto Nº 4.613 que autorizó la renuncia de Pérez Vara. Fue un día después del crimen de Medina.

Luego hubo otras irregularidades que surgieron en la investigación luego de que funcionarios del Ministerio de Gobierno manipularan sin ninguna autorización la computadora del narco asesinado.

El interrogante de por qué Alvarado, que consolidó su poder económico con inversiones diversificadas en los rubros inmobiliario y transporte, pasó tanto tiempo sin ser identificado por el Estado lo responde el hecho de que tres jefes policiales de Santa Fe estén acusados de formar parte de una asociación ilícita con Alvarado, en una causa paralela que avanza en la Justicia provincial. Pero se presume también que estos jefes policiales respondían a intereses políticos.

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La clave para que el juez Bailaque lo procese por narcotráfico fue que en la investigación que llevó adelante la Procuración de Narcocriminalidad se logró establecer que Alvarado había ordenado el envío de un camión con 493 kilos de marihuana hacia la Patagonia. Se presume que este vehículo tenía como destino final Chile.

En 2013 se abrió el expediente N°5.433/13 tras una denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que “una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraba llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en Rosario”. Y el denunciante mencionó que “en el seno de esa organización participaba como principal socio de Medina una persona de apellido Alvarado, quien se encontraba detenido”.

Alvarado estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°17 de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires, tras ser condenado por el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires, que luego eran llevados a Rosario, donde los vendía.

Filmaciones caseras

En abril de 2013 la PSA encontró una serie de indicios en el domicilio de Alvarado que daban la pauta de que era un jefe narco. Fueron dos filmaciones caseras, que habían sido registradas con un viejo teléfono Blackberry 9810. También aparecieron fotos en la causa que instruyó el fiscal Patricio Ferrari en San Isidro. En los videos se veía a una avioneta durante el despegue y el aterrizaje en una zona rural cercana a Rosario, donde se había concretada la descarga de la droga.

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En las fotos se veía además a una camioneta VW Amarok que recibía el cargamento de estupefaciente y transportaba además unos bidones de combustible para proveer a la avioneta cuya matrícula era ZP-BCE. Jorge Benegas, uno de los empleados de Alvarado, tenía autorización para manejar esa camioneta, dominio HQH-327.

Toda esta información surgió en un contexto caliente para la provincia de Santa Fe, como fue en 2013, cuando se produjo el récord de 264 homicidios en Rosario, y quedó guardada en un oscuro cajón de la Fiscalía federal de Rosario. Nadie profundizó la investigación que tenía a Alvarado como uno de los principales jugadores del narcotráfico.

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Dos años después, el 11 de mayo de 2015, la Procuraduría contra el Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad de Información Financiera (UIF) iniciaron una causa sobre Alvarado y su entorno por supuesto lavado de activos. Incluso, se mencionaba el nombre de Luis Medina, que estaba muerto desde hacía casi dos años.

Los investigadores judiciales del fuero federal decidieron ir por otro lado. “Se pudo determinar una gran cantidad de bienes y empresas de las que participaron las personas allegadas al entorno familiar de Alvarado, permitiendo vislumbrar un mapa del entramado societario desarrollado e ideado” por este hombre, que en ese momento continuaba detenido en la provincia de Buenos Aires.

El 11 de abril de 2018 se inició otra investigación en el fuero federal, que tenía otra vez a Alvarado como protagonista estelar. Un nuevo testigo de identidad reservada disparó que la Fiscalía N°3 de Rosario investigara que Alvarado era el dueño y organizador de un cargamento de 500 kilos de marihuana que fue secuestrado en General Roca, el 24 de noviembre de 2017.

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Cinco años después de que la PSA investigara a Alvarado, la Justicia Federal encontraba una punta por dónde ir: habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 500 kilos de marihuana secuestrados en la Patagonia, donde fueron condenados por tráfico de estupefacientes varios miembros del clan Alvarado, como Ricardo Ianni, Marcos y Jesús Rodríguez y José Luis Di Marco.

El cargamento de marihuana fue trasladado en un camión de la firma TO IA SRL y el titular del acoplado era un empleado de la firma Logística Santino, ambas empresas “dirigidas” por Alvarado.

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