Caen dos jefes policiales cómplices de uno de los principales narcos de Rosario

Este jueves a la madrugada fueron detenidos el ex jefe de Drogas Peligrosas, comisario Gustavo Spoletti, que actualmente cumplía funciones en San Lorenzo, y el comisario Luis Quevertoque, que integró la Brigada Operativa de la División Judiciales, encargada en un principio de la investigación contra la banda de Los Monos. También fue aprehendido el abogado de Alvarado, Claudio Tavella, acusado de traspasar sus atribuciones en la defensa jurídica y colaborar con la banda. Las detenciones incluyeron además gente del círculo íntimo, apuntaba por la justicia desde hace tiempo, como Jorge Benegas y Luciano Previtera.

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Estas detenciones las ordenaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que desde fines del año pasado investigan el crimen del prestamista Luciano Maldonado.

Estas novedades en la causa se producen unas horas después de que por primera vez en su historia delictiva Alvarado fuera citado para este jueves a indagatoria por narcotráfico en una investigación en el fuero federal que recién ahora se pudo cristalizar pero que los indicios de que este hombre era un jefe narco figuraban en los escritorios de los fiscales desde 2013.

La pelea entre los dos posibles ministros de Seguridad, Iglesias, de la Nación, y Saín, de Santa Fe, se centra en que Alvarado estaba en el radar de la justicia federal de Rosario desde 2013 y nunca se investigaron en profundidad los informes que presentó la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Fiscalía N°1 de Rosario.

Detrás de la escena de este caso, uno de los más importantes después de la causa de Los Monos, se desató un tironeo entre el director de la Oficina de Investigaciones Marcelo Saín, uno de los nombres que suena para ocupar el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, y el actual titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, quien suena como posible reemplazante de Patricia Bullrich en la etapa que encabezará Alberto Fernández.

Más allá de las peleas recurrentes entre funcionarios, algo que se repite en Santa Fe desde 2012, con un reparto de culpas que sólo les sirve a quienes ocupan cargos en el Estado, el verdadero protagonista es Alvarado, un hombre de 40 años, que desde que fue detenido por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) en febrero pasado en Río Tercero se despertaron todas las investigaciones y los rumores que durante más de una década giraron en torno a este narcotraficante, ex socio de Luis Medina, el “empresario” que fue acribillado en diciembre de 2013 junto a su novia Justina Pérez Castelli, un doble asesinato que investigó en una segunda etapa la entonces jueza Alejandra Rodenas pero que nunca se llegó a identificar a los ejecutores del crimen ni los autores intelectuales. La primera etapa de la pesquisa estuvo cargada de polémica y oscuridad, con la manipulación sin autorización judicial de la computadora del narco fallecido.

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La pelea entre los dos posibles ministros de Seguridad, Iglesias, de la Nación, y Saín, de Santa Fe, se centra en que Alvarado estaba en el radar de la justicia federal de Rosario desde 2013 y nunca se investigaron en profundidad los informes que presentó la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la Fiscalía N°1 de Rosario. Saín, que en este caso está en la justicia provincial, le pasa factura a la Procunar -a través de Twitter- que, según él, “debería dar cuenta del desatino del desempeño judicial federal ante el clan Alvarado”. La justicia provincial avanzó con resultados concretos este año en torno a descifrar el funcionamiento de una banda sofisticada como la de Alvarado.

Cinco años después de que la PSA investigara a Alvarado, la Justicia Federal encontraba una punta por dónde ir. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 500 kilos de marihuana secuestrados en la Patagonia.

En ese momento se abrió el expediente N°5433/13 tras una denuncia de un testigo de identidad reservada que declaró que “una banda liderada por el empresario Luis Medina se encontraba llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes en Rosario”. Y el denunciante mencionó que “en el seno de esa organización participaba como principal socio de Medina una persona de apellido Alvarado, quien se encontraba detenido”.

Alvarado estaba preso en la Unidad Penitenciaria N°17 de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires, tras ser condenado por el robo de autos de alta gama en la zona norte de Buenos Aires, que luego eran llevados a Rosario, donde los vendía.

En abril de 2013 la PSA encontró una serie de indicios en el domicilio de Alvarado que daban la pauta de que era un jefe narco. Fueron dos filmaciones caseras, que habían sido registradas con un viejo teléfono Blackberry 9810. También aparecieron fotos en la causa que instruyó el fiscal Patricio Ferrari en San Isidro. En los videos se veía a una avioneta durante el despegue y el aterrizaje en una zona rural cercana a Rosario, donde se había concretada la descarga de la droga.

En las fotos se veía además a una camioneta VW Amarok que recibía el cargamento de estupefaciente y transportaba además unos bidones de combustible para proveer a la avioneta cuya matrícula era ZP-BCE. Jorge Benegas, uno de los empleados de Alvarado, tenía autorización para manejar esa camioneta, dominio HQH-327.

Toda esta información surgió en un contexto caliente para la provincia de Santa Fe, como fue en 2013, cuando se produjo el récord de 264 homicidios en Rosario, y quedó guardada en un oscuro cajón de la fiscalía federal de Rosario. Nadie profundizó la investigación que tenía a Alvarado como uno de los principales jugadores del narcotráfico.

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Dos años después, el 11 de mayo de 2015, la Procuraduría contra el Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) iniciaron una causa sobre Alvarado y su entorno por supuesto lavado de activos. Incluso, se mencionaba el nombre de Luis Medina, que estaba muerto desde hacía casi dos años.

Los investigadores judiciales del fuero federal decidieron ir por otro lado. “Se pudo determinar una gran cantidad de bienes y empresas de las que participaron las personas allegadas al entorno familiar de Alvarado, permitiendo vislumbrar un mapa del entramado societario desarrollado e ideado” por este hombre, que en ese momento continuaba detenido en la provincia de Buenos Aires.

El 11 de abril de 2018 se inició otra investigación en el fuero federal, que tenía otra vez a Alvarado como protagonista estelar. Un nuevo testigo de identidad reservada disparó que la Fiscalía N°3 de Rosario investigara que Alvarado era el dueño y organizador de un cargamento de 500 kilos de marihuana que fue secuestrado en General Roca, el 24 de noviembre de 2017.

Ahora la Fiscalía Federal N°1 y la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, posible ministro de Seguridad de Alberto Fernández, imputarán a Alvarado como el organizador del tráfico de los 500 kilos de marihuana, que salieron desde Rosario hasta la Patagonia.

Cinco años después de que la PSA investigara a Alvarado, la Justicia Federal encontraba una punta por dónde ir. Habían detectado las empresas y los bienes que manejaba el entorno de Alvarado, investigado por lavado de dinero, y ahora tenían la raíz del delito precedente, es decir, los 500 kilos de marihuana secuestrados en la Patagonia, donde fueron condenados por tráfico de estupefacientes varios miembros del clan Alvarado, como Ricardo Ianni, Marcos y Jesús Rodríguez y José Luis Di Marco.

El cargamento de marihuana estaba siendo trasladado en un camión de la firma TO IA SRL y el titular del acoplado era un empleado de la firma Logística Santino, ambas empresas “dirigidas” por Alvarado.

Ahora la Fiscalía Federal N°1 y la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, posible ministro de Seguridad de Alberto Fernández, imputarán a Alvarado como el organizador del tráfico de los 500 kilos de marihuana, que salieron desde Rosario hasta la Patagonia. Por primera vez en su larga historia en el narcotráfico, Alvarado fue indagado y será procesado por narcotráfico.

Tuvieron que pasar casi seis años desde que se inició la primera causa federal en su contra y otra cosa: está detenido desde febrero pasado, cuando los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery lo imputaron por el homicidio del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cadáver apareció en una colectora de la autopista Rosario-Buenos Aires con un cartel: “Con la mafia no se jode”.

Ese cartel, como otras estrategias que usó Alvarado en este último tiempo, lo usó para que se creyera en un principio que a Maldonado lo había matado Los Monos, que en los ataques contra los jueces dejaban la misma leyenda.