Los seis policías de la Federal detenidos el 9 de mayo fueron procesados con prisión preventiva por realizar actividades que favorecían a los narcos que debían investigar.
El pasado 9 de mayo la justicia federal realizó varios allanamientos que terminaron con la detención de seis agentes de la Policía Federal, incluido el comisario. En la dependencia de la fuerza, ubicada en San Martín y Obispo Gelabert, se secuestró una bolsa que contenía material estupefaciente.
Las medidas se realizaron a raíz de dos denuncias: una de ellas la recibió por correo el Jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia; la otra fue realizada por una Asociación Vecinal de Santa Fe, que la envió por carta a la Policía Federal.
Protección a narcos de Santa Fe
La denuncia anónima recibida por Roncaglia precisaba que en la Santa Fe funcionaban mafias con la venta de drogas muy parecidas a las que asolan a Rosario, y destacaba la participación de la policía de Santa Fe en hechos vinculados al Narcotráfico. También indicaba que funcionarios de la Policía Federal estaban cobrando a personas conocidas como narcos para brindarles protección y que a veces los investigan engañando a la autoridad con falsos informes.
La presentación se completaba con los apellidos de algunos de los policías involucrados y con un CD con filmaciones que ubicaría a algunos de los denunciados en la casa de los presuntos investigados por delitos vinculados al narcotráfico.
La investigación permitió demostrar que en el mes de octubre de 2018 la Fiscalía Federal 1 dispuso que el personal de la Policía Federal realice tareas de observación e inteligencia a fin de constatar posibles actividades vinculadas al narcotráfico que estarían desempeñando un hombre apodado “La Pulga” Casco y otro referido como “La Chancha” Cardoso en distintos domicilios de la ciudad de Santa Fe.
En la presente investigación se entiende que los policías Cristian Bogetti, Lucas Bustos y Darío Duarte realizaron acciones tendientes a favorecer la situación de los investigados Casco y Cardoso. Entre los meses enero, febrero y marzo, los tres agentes se constituyeron varias veces en el domicilio de Cardoso y exteriorizaron acciones impropias e inadmisibles en relación con la tarea de investigación que se les había encomendado.
Los videos aportados en la denuncia anónima recibida por Roncaglia se observa a Duarte conversando con “La Chancha”, y a Bustos arribando en el vehículo de Bogetti a la casa de Cardoso.
Estas cuestiones permiten presumir que Bogetti, Duarte y Bustos realizaron actividades reveladoras de mantener contacto directo y personal con al menos uno de los investigados, y que dichas conductas habrían tenido como finalidad favorecer la situación de Cardoso ante el accionar de la justicia.
En las intervenciones telefónicas realizadas se detectó una conversación mantenida con “La Turca”, quien sería la encargada de ingresar estupefacientes a diferentes establecimientos carcelarios. Además, su jefe o patrón sería un “Federico”, es decir, un policía de la Federal.
– “no usan no te usan el teléfono, porque cuando me hablaban por teléfono dicen dos o tres cositas y dicen no… dicen esto no son cosas para que estemos hablando por teléfono, dicen, lo vamos a hablar por personalmente y sino nos mandamos whatsapp”
– “si, siempre arreglan y ellos está re vivos si, porque viste cuando yo te dije que ellos caen…me dicen esto, esto me dijeron que: ah pero la vieja esta arregló con el Fede, con la Fede”.
El juez federal Francisco Miño resolvió procesar a Cristian Pablo Bogetti, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos por el delito de “encubrimiento bajo el supuesto especial de ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta, triplemente agravado por el ser el hecho precedente un delito especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y ser funcionarios públicos, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Bogetti, Bustos y Duarte “ayudaron con su proceder a “La Chancha” Cardozo a eludir la investigación que la propia fuerza le inició por presuntas maniobras compatibles con el tráfico de estupefacientes”. Esta causa “se encuentra virtualmente paralizada por el devenir de las actuaciones allí vertidas, dando cuenta de que el delito investigado había cesado o al menos, sin tener indicios vehementes de que se continuara con el accionar delictivo”.
Entiende el magistrado que allí radica el favorecimiento personal que exige el tipo penal, toda vez que los imputados obraron en beneficio o en favor de ese tercero que. “En este sentido Bogetti, Duarte y Bustos prestaron auxilio a quien supuestamente la propia fuerza policial investigaba, siendo conscientes de ello y de que se trataba de una persona conocida por ser ellos mismos quienes se encontraban investigándolo por presuntas maniobras con el narcotráfico” precisa.
Cristian Bogetti, Lucas Bustos y Darío Duarte registran antecedentes ante el Departamento de Investigaciones Administrativas de la Policía Federal Argentina cuando prestaban funciones en la Delegación de Villa María.
El 3 de abril de 2017 fueron pasados a disponibilidad preventiva, hasta que se produjo su cese el 23 de marzo de 2018, fecha en la que se les asignó como destino la Delegación Santa Fe de la mencionada fuerza policial.
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Protección a un narco de Esperanza
En relación a la causa que tramita el Juzgado Federal Nro 2 tiene su origen en un procedimiento de control vehicular que realizaba la PF el pasado 4 de abril en la RN 70 intersección con RN 5, en Esperanza.
Allí los agentes interceptaron la camioneta marca Nissan en la que se conducía Guillermo Alberto Kernc. Al requisar el vehículo se habrían secuestrado al menos siete envoltorios de nailon color celeste y cuatro tubos eppendorf con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 80,13 gramos. Además, dos teléfonos celulares y la suma de $ 3000.- en efectivo.
Marcelo Octavio Lepwalts, en su carácter de Comisario de la Policía Federal Argentina y Jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal, junto al Inspector Cristian Pablo Bogetti, el oficial Michael Juan Arbildo y el Agente Carlos Fernando Gómez Navarro, todos numerarios de la Delegación, habrían ejecutado distintas acciones en dicho procedimiento que posibilitaron la continuidad delictiva desarrollada por Kernc en materia de comercio de estupefacientes.
Puntualmente, en el acta labrada por el Agente Gómez Navarro con motivo de ese procedimiento, habrían tergiversado los hechos que el instrumento público debía probar. Habrían consignado una disminución de la cantidad de droga secuestrada (oficialmente 81 gramos de clorhidrato de cocaína) y la falta de especificación de los dos teléfonos celulares incautados (uno marca Samsung color negro y funda roja y otro de la misma marca color negro).
Esto permitió que la judicatura disponga la libertad ambulatoria a Kernc, mediando engaño sufrido a las autoridades del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Santa Fe y ausencia de comunicación al representante del Ministerio Público Fiscal.
Días después, posiblemente el 8 de abril, los uniformados habrían devuelto a Kernc el celular donde se encontraban registrados movimientos económicos vinculados al narcotráfico, a cambio de una suma de dinero.
La devolución del celular quedó también respaldada con el acta allanamiento realizado el 9 de mayo en el domicilio de la madre de Kernc. Al hallarse un teléfono celular, la mujer manifestó a viva voz delante de los testigos: “que el teléfono celular negro que se encontraba en el interior de la habitación de la planta baja es de su hijo Guillermo, que ese celular -señalando el que tiene el sargento en su mano- lo tenía uno de sus compañeros y que su hijo lo recuperó por mucha plata (sic)”.
Por otro lado, el personal policial le habría efectuado a Kernc una propuesta ilegal de protección, a cambio de una suma de dinero mensual, que Kernc rechazó, y le proporcionaron un número telefónico para el caso de revertir su negativa.
En las intervenciones telefónicas realizadas a las líneas utilizadas por Kernc y su madre se detectaron conversaciones que permiten sostener todo lo endilgado a los funcionarios policiales.
Al día siguiente del operativo, Kernc expresó “quiero ver si puedo rescatar el teléfono chiquito, porque tenía cosas. Aparte ya hablé, conozco a uno ahí, viste. Siempre tengo algún conocido. Bueno, me está acomodando un poco las cosas, pero me van a cobrar una plata”.
Por otro lado, a su madre se la escucha en otra conversación manifestar que “el más chiquitito es el que más le importaba porque ahí tiene cuentas que el presta plata, y ahí va descontando todo lo que le deben. así que recién lo termina de recuperar, lo hicieron venir de la loma del culito hasta Santa Fe y recién me dijo quedate tranquila recuperé el celular. – que basuras que son los policías también, son corruptos todos, son unas mierdas. -y eso que son la federal… -Si, la Federal, la que sea, son una basura igual, no les importa nada”.
Por último, surge el diálogo mantenido por Kernc con su madre el día 8 de abril: “¿Cuántos eran, dos? . -Eran como cuatro, cinco… se reparten los pesitos … si quiero seguir trabajando tengo que hacer un arreglo para darle una platita…“así como ustedes me dieron una mano para no quedar pegado yo le cumplo, hasta acá llegué, agradecido” y me dijeron que para que siga trabajando tengo que pagar una platita por mes. Les digo que por el momento no … me dio el número “así vos trabajás tranquilo y ya sabemos que andás en la calle y nosotros no te molestamos para nada”
El juez federal Reynaldo Rodríguez dictó el procesamiento de Guillermo Alberto Kernc por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, cohecho y tenencia simple de arma de guerra.
Por otro lado, los policías Marcelo Octavio Lepwalts, Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo y Carlos Fernando Gómez Navarro fueron procesados por los delitos de falsedad ideológica de documento público; sustracción de elementos probatorios, encubrimiento por alteración y desaparición de rastros del delito, agravado por tratarse de un delito especialmente grave, actuar con ánimo de lucro y mediando intervención de funcionarios públicos; incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; cohecho; falso testimonio y tenencia simple de estupefacientes; todos ellos en concurso real.
Por último, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos fueron procesados por el delito de tenencia simple de estupefacientes.
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