La reforma penal de Maximiliano Pullaro enciende el debate: el gobierno defiende el endurecimiento mientras abogados y defensores alertan por las garantías
Hay puntos en el proyecto, como el empoderamiento de la policía, que podrá interrogar sin la presencia de un defensor, que generan discusión hasta en el propio oficialismo.
La iniciativa contiene once medidas que, en su conjunto, buscan acelerar y endurecer la respuesta del Estado con.tra el crimen organizado
En diciembre de 2023, cuando el gobierno de Maximiliano Pullaro, recién llegaba al poder en Santa Fe, después de obtener más de un millón de votos, prefirió no dejar pasar el verano y presentó en la Legislatura un paquete de leyes, con el nervio puesto en la seguridad, con la adhesión a la ley de narcomenudeo, entre otros proyectos.
Te podría interesar
Las leyes salieron de forma exprés. Hasta en el propio gobierno se sorprendieron de que todo el paquete fuera aprobado. En la política siempre juega la idea de que el plan de máxima siempre incluye un margen de maniobra para negociar qué cambiar y qué eliminar.
El millón de votos que Pullaro tenía como principal fortaleza política la crisis de seguridad. Con un 2023 que había terminado con 262 asesinatos en Rosario, lograron que casi no hubiera discusión. Lo que antes hubiera significado un debate extenso y agitado, en 2023 lo zanjaron el respaldo electoral al gobernador.
Dos años y medio después, Pullaro propone más cambios en materia de seguridad. Pero esta vez las voces críticas y la discusión tiene otro tono, incluso, dentro de la coalición Unidos, donde el socialismo está viendo cómo lo discute puertas adentro.
Qué propone el proyecto de Pullaro
Pullaro envió el 14 de mayo a la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto de ley denominado "Herramientas para el fortalecimiento de la seguridad pública". El texto propone modificar nueve artículos del Código Procesal Penal, incorporar uno nuevo y reformar ocho aspectos de otras seis leyes.
La iniciativa contiene once medidas que, en su conjunto, buscan acelerar y endurecer la respuesta del Estado contra el crimen organizado y el narcotráfico. Entre los puntos más salientes figuran la reposición de la declaración informativa y el interrogatorio policial sin necesidad de que esté presente un abogado defensor como condición de validez; la habilitación de allanamientos sin orden judicial cuando se detecte portación ilegal de armas en la vía pública; la ampliación de las facultades de los fiscales para ordenar derribos de búnkeres en situaciones de urgencia sin intervención previa del juez; un régimen agravado con aislamiento pleno para internos que ordenen delitos desde las cárceles; el fortalecimiento de tareas de inteligencia digital y ciberpatrullaje; la creación de "zonas de intervención policial especial" con facultades extraordinarias en barrios con indicadores de criminalidad elevados; la posibilidad de celebrar juicios en rebeldía si el imputado se fuga; y un mecanismo denominado "procedimiento por decreto penal" que permitiría aplicar penas que no involucren prisión efectiva sin un juicio oral previo.
LEER MÁS ► El gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que "no podemos retroceder o ser blandos"
Para entender el alcance del nuevo paquete es necesario repasar lo que ocurrió al inicio de la gestión Pullaro. Con apenas una semana en el cargo, el gobernador ya tenía sancionadas cuatro leyes: la declaración de Emergencia en Seguridad Pública, una reforma al Servicio Penitenciario, la regulación de gastos reservados para investigaciones de organizaciones criminales complejas y la desfederalización de la competencia en delitos de narcomenudeo.
A esas normas les siguió un paquete mayor que otorgó más herramientas a los fiscales y al Ministerio Público de la Acusación. Aquellas reformas, si bien generaron resistencias internas, fueron aceptadas bajo el criterio de que la provincia vivía una situación de emergencia. La coalición gobernante siempre contó con los números para aprobarlas, y sumó apoyos de legisladores de la oposición, sobre todo en el Senado.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, fue el primer funcionario en salir a defender el proyecto. Lo hizo el lunes 19 de mayo, durante un operativo de derribo de un búnker de venta de droga en la zona sur de Rosario, en el barrio Villa Moreno. Allí fue categórico: no es momento de "ablandar" la política de seguridad en Santa Fe.
Cococcioni argumentó que los buenos resultados de la ley de narcomenudeo —más de 2.600 allanamientos en dos años— le dan crédito a la gestión para avanzar con nuevas medidas. Reconoció que la situación todavía no es óptima si se compara con la tasa nacional, pero remarcó que la instrucción del gobernador fue profundizar el rumbo y no "levantar el pie del acelerador".
Las críticas al proyecto de Pullaro
Sobre las críticas, el ministro fue directo: aseguró que ninguna cláusula constitucional resulta lesionada por el proyecto. Comparó el procedimiento por decreto penal con el pago de una multa de tránsito y apuntó que quienes cuestionan la reforma son los abogados que hacen defensa penal de manera habitual y buscan fortalecer las cláusulas de garantía porque responde a su interés profesional. Fue más lejos: dijo que a los letrados que defienden a "presos de alto perfil vinculados al narcotráfico, seguramente no les va a gustar este proyecto".
Sin nombrarlo, se refería a José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, que fue uno de los más duros. Calificó al proyecto como un retroceso de cuarenta años respecto del sistema procesal vigente desde 2014 y advirtió que los institutos que se buscan reponer —como el interrogatorio policial sin presencia del defensor— ya demostraron históricamente generar abusos.
Recordó casos emblemáticos de violencia institucional en Rosario, como el de Franco Casco, y rechazó el discurso que asocia las garantías constitucionales con una supuesta protección al delincuente. Nanni cuestionó también la incorporación de mecanismos de inteligencia preventiva sin control judicial: advirtió que esa herramienta abre la puerta a actos de espionaje contra abogados, políticos, periodistas y empresarios.
El Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe emitió un comunicado contundente el miércoles 20. Expresó "suma preocupación" porque los contenidos del proyecto resultan "contrarios a los postulados de la Constitución Nacional".
Señaló que facultar a la policía para interrogar sin la presencia de un defensor puede dar lugar a abusos para forzar confesiones sin pruebas, cuestionó que un fiscal pueda allanar un domicilio o imponer medidas restrictivas a la libertad sin autorización judicial, y calificó como "aún más grave" el procedimiento por decreto fiscal que habilita a pedir una condena sin juicio previo ni participación de un defensor. El comunicado instó a un debate serio que no conculque derechos y garantías fundamentales.
Desde el Ministerio Público de la Defensa, el defensor regional de Rosario, Martín Riccardi, sumó su voz de alarma. Advirtió que la reforma introduce "menoscabos a las garantías constitucionales" al proponer prácticas que habían sido eliminadas con la instauración del sistema acusatorio.
Señaló como especialmente peligrosa la posible validación de pruebas obtenidas de forma ilegal bajo conceptos de "buena fe", algo que la Corte Suprema ya había zanjado para evitar confesiones bajo apremios. Para el funcionario judicial, estas reformas convierten a las garantías constitucionales en "obstáculos molestos" y desplazan el eje del proceso penal hacia facultades policiales expansivas sin límites suficientes.
El proyecto todavía está en comisiones y no llegó al recinto
En el propio oficialismo hay malestar: según publicó el portal Suma Política, un legislador del frente gobernante se bajó de un set de televisión para evitar debatir públicamente con el diputado radical Martín Rosúa, uno de los pocos oficialistas que defendió abiertamente la iniciativa.
El bloque socialista, socio clave en la Cámara que preside Clara García, habría señalado en privado que el proyecto tiene solo "demagogia" y que resulta difícil de superar un filtro de control de constitucionalidad. Se da por descontado que habrá que atenuarlo o podarlo. Incluso se especula con que la Corte Suprema de Justicia de la provincia podría hacer conocer su posición antes de que avance el tratamiento legislativo.
La tensión entre la demanda ciudadana de seguridad y los límites constitucionales que protegen a cualquier persona sometida a un proceso penal no es nueva en Santa Fe. Pero el proyecto de Pullaro la lleva a un punto de fricción que, por su alcance, promete un debate largo y complejo antes de que se resuelva en alguna dirección.