Los restos fueron encontrados en el arroyo Saladillo el 10 de febrero.
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El misterio en torno a la identidad del macabro hallazgo del cuerpo mutilado de una mujer en el arroyo Saladillo de Rosario el 10 de febrero, finalmente se develó el miércoles de esta semana luego que la Fiscalía atara cabos, ordenara medidas y recibiera un dato inesperado que ensambló con otros que permitieron finalmente develar los interrogantes.
Cuando el 10 de febrero dos pescadores divisaron un brazo humano flotando en un tramo del arroyo Saladillo, en el extremo sur de Rosario, enseguida se configuró el escenario de una situación espantosa, que se acentuó con el correr de las horas. La Fiscalía tomó conocimiento y encomendó una serie de rastrillajes a Prefectura Naval, que la altura de avenida Argentina y Centenario encontró otro brazo, y más tarde las piernas dentro de una bolsa de nylon tipo consorcio. Al otro día, sobre una barranca se divisaron la cabeza, y el torso partido en dos.
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El cuerpo seccionado completo y cortado con precisión quirúrgica en siete trozos fue derivado al Instituto médico Legal (IML) para la realización de la autopsia. Pero a pesar de los estudios no se pudo establecer causa de muerte ni identidad. Es que nadie reclamaba el cadáver, y las denuncias de paradero no coincidían con los rasgos físicos.
Luego de la necropsia, la directora del Instituto Médico Legal (IML), Alicia Cadierno, mostró su asombro por el caso. Y en una nota que publicó Aire de Santa Fe dijo que se trataba de una mujer 50 años promedio, que no tenía marcas visibles, o tatuajes, y que le encontraron dos anillos en una de las manos.
La médica forense explicó que a pesar del desgaste del cuerpo por las 72 horas que se estimó estuvo en el agua, se lograron recuperar muestras de huellas dactilares que fueron remitidas al Registro Nacional de las Personas para la identificación. Pero lo que llamó la atención es que con el correr de las horas y los días nadie lo reclamaba. Incluso la Fiscalía había descartado algunas denuncias porque no coincidían con el cadáver. Hasta se pensó que era una persona de otra nacionalidad, o que estaba de paso por Rosario.
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El fiscal del caso, Adrián Spelta, indicó una horas después del hallazgo que se trataba de una mujer y que la edad se iba a conocer después de la autopsia. "Los restos han sido cortados con un elemento con filo y han estado más de dos o tres días en el agua”, precisó.
Mientras tanto se registró un intento de denuncia de paradero de Josefa “Pepa” R. en la comisaría 15º el 7 de febrero, probablemente el mismo día del crimen. Esa mujer, de nacionalidad española, había trabado una amistad con Ruglio, a tal punto que se fue a vivir a su casa con su pareja, Marcelo Alberto “Bebu” F. Es que Marisa había hecho un acuerdo inmobiliario con sus inquilinos, a quienes además les rentó un salón al frente donde los ayudó a instalar una verdulería, que Bebu y Pepa atendían personalmente.
El rompecabezas se armó desde Santa Fe
Hubo elemento que fue clave. Ya alterada, Pepa se comunicó telefónicamente con una prima de Ruglio que reside en Santa Fe, ante quien simuló preocupación porque la desaparición. Casi al mismo tiempo que el fiscal remitiera las manos de la víctima al laboratorio del Necropapiloscopia del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires como recurso para identificarla, el miércoles a la mañana recibió el llamado de la prima de la mujer desde la capital provincial, quien le manifestó sus dudas y lo alertó sobre la sospechas que le quedaron luego de hablar con Pepa.
En pocas horas Spelta tuvo la dirección de Marisa, y con los datos filiatorios aportados por la prima ordenó el cotejo dactilar con las huellas sacadas del cadáver. Así pudo determinar que se trataba de Ruglio. Luego, encomendó sigilosas tareas de inteligencia en torno a la casa. A partir del testimonio de vecinos de Uriburu al 500 que dieron cuenta de la inesperada ausencia de la docente jubilada y la actitud sospechosa de la pareja, se desplegaron los allanamientos que desembocaron en las detenciones de Marcelo Alberto “Bebu” F. , de 43 años, y Josefa “Pepa” R., de 57 años, nacida en Sevilla, España.
Una vez dentro de la vivienda el personal de la Agencia del Investigación Criminal (AIC) realizó pruebas con reactivos, Luminol y perros rastreadores que los condujeron hasta una pileta de natación de hormigón ubicada sobre el fondo de la casa. Allí encontraron restos de sangre. Se cree que tras mutilar el cuerpo con diversos elementos de corte, introdujeron las partes en bolsas de residuos que luego cargaron en un carrito cerrado que utilizaban para transportar frutas verduras. Con ese medio de transporte llevaron el cuerpo desmembrado a la orilla del arroyo Saladillo.
Una amoladora y la ambición por la casa
De acuerdo a la hipótesis oficial, los asesinos habrían utilizado una amoladora para cortar el cuerpo, herramienta que luego descartaron en el arroyo. Y en relación a las motivaciones del salvaje asesinato, Spelta dijo en el miércoles en la puerta de la casa que “la estrategia de estas personas fue en primer lugar aislarla de su círculo de confianza, familiares y vecinos. Cuando alguien preguntaba por ella le contestaban que se había ido a la casa de un familiar en Santa Fe. Y en ese contexto la asesinaron para quedarse con la propiedad. El móvil es netamente económico”.
El viernes después del mediodía los acusados fueron trasladados al Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario donde el fiscal les achacó la coautoría de homicidio calificado por codicia en grado de consumado. Pepa declaró, pero luego de que el coimputado se retirara de la sala. La mujer entró en varias contradicciones al aseverar que no le tomaron las denuncias de paradero que hizo en la comisaría el 15 de febrero, cuando comenzó a tener actitudes desesperadas ante los vecinos, que ya sospechaban de su conducta debido al estado público que tomó el caso. Durante el trámite, Spelta puso como fecha probable del crimen el 6 de febrero. Remarcó que luego de ese día, cuando los familiares de Santa Fe llamaban al teléfono fijo de la casa, ya no los atendía Marisa, sino que del otro lado de la línea siempre respondía alguno de los sospechosos. Entonces se alarmaron y se comunicaron con la Fiscalía. Es que normalmente esas personas no tenían acceso a la dependencia, ya que si bien compartían el inmueble, vivían en otro sector.
El fiscal también describió el nudo del conflicto, y explicó que la pareja había pactado comprarle la casa a Marisa. Y que esa operación se concretaría luego de que pudieran vender un departamento que tenían en un Fonavi, y de cobrar una indemnización.
“Marisa se negó, y también habría intentado expulsarlos de vivienda, eso fue lo que originó el crimen”, afirmó el titular de la pesquisa. Además, aseguró que los cortes ocasionados a la víctima habrían sido post mortem, que ambos tuvieron una “coautoría funcional del hecho, con roles definidos, y una planificación del homicidio para quedarse con la vivienda”.
El defensor público Francisco Broglia solicitó la libertad de sus asistidos, o que subsidiariamente la morigeración de la prisión preventiva en modalidad domiciliaria, y que de otorgarse la medida cautelar efectiva se la limite a 30 días. Tras valorar la evidencia y los aspectos del espeluznante caso, el juez Florentino Malaponte admitió la hipótesis oficial planteada por la Fiscalía, el encuadre y la calificación legal, y ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley (dos años) de los imputados.
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