La Justicia ordenó el "archivo definitivo" de la causa contra la Junta de Salud Mental que intervino en el caso Baraldo
La decisión de la Justicia de Santa Fe fue por pedido de la defensa: pasaron tres años sin ninguna medida de investigación
Las irregularidades de la JESM fueron expuestas en el juicio que terminó con condena a los Baraldo
A casi tres años de haberse ordenado la reapertura de la investigación a integrantes de la Junta de Salud Mental que intervinieron en el denominado Caso Baraldo, la Justicia santafesina dispuso el "archivo definitivo" de la investigación que tuvo a cuatro profesionales imputados.
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La decisión fue tomada por el juez José Luis García Troiano en el marco de una audiencia realizada este jueves en Tribunales, por pedido del abogado defensor Horacio Coutaz, debido a la falta de actividad investigativa.
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La causa, que había sido archivada por la fiscal Rosana Peresín, fue reabierta en diciembre de 2023 por orden del fiscal Regional Jorge Nessier y reasignada al fiscal Ignacio Orio, quien se opuso al archivo requerido por el defensor; sin embargo, el juez avaló la postura defensiva y dispuso el archivo jurisdiccional del proceso.
Archivo por falta de actividad
El pedido principal de la defensa, a cargo de Coutaz, fue el archivo definitivo de las actuaciones de la causa, y fundamentó su pretensión en lo establecido por el artículo 290 del Código Procesal Penal. Coutaz sostuvo que, desde que Nessier ordenó la reapertura de la causa, sólo se tomó una medida: la designación de un nuevo perito psicólogo para que realice un dictamen sobre los informes anteriores; sin embargo, esta medida nunca se concretó.
Así las cosas, en septiembre de 2025 la defensa presentó una formal oposición a esta medida, y tampoco hubo notificación de ningún otro movimiento procesal en el trámite. En definitiva, la defensa señaló que hace casi tres años que no se han realizado actos procesales de impulso en la causa, y que los plazos legales se encuentran agotados.
Coutaz remarcó que esta demora en el proceso lesiona derechos y garantías constitucionales y convencionales elementales de sus asistidos, como son el debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
En la audiencia, realizada este jueves en la sala 8 del Anexo de Tribunales, la defensa expuso el agotamiento de los plazos (cuatro años desde la imputación y casi 10 años y medio de proceso) y la falta de impulso probatorio. Por su parte, la fiscalía solicitó el rechazo al archivo: Orio sostuvo que las causas no están extintas, recordó la imputación realizada y que existen elementos para acusar, si bien aún no se realizó porque quedan algunas medidas pendientes.
Al momento de resolver, el juez García Troiano hizo lugar a la solicitud de la defensa y ordenó el archivo definitivo de la causa; en sus fundamentos, destacó que pasaron casi diez años y medio del hecho, que en 2023 se realizó un archivo fiscal que fue revocado por el fiscal regional, quien solicitó distintas medidas que nunca se llevaron adelante.
Por lo tanto, el juez decidió hacer lugar a la solicitud del defensor y ordenar el archivo de la causa, debido a que no se han incorporado elementos de prueba posteriores al archivo dispuesto por Peresín en abril de 2023. García Troiano valoró que “lo único que está pendiente es una pericia que la desidia en su producción da clara cuenta del desinterés en la causa”.
Cronología de la causa
Las actuaciones comenzaron en 2018, cuando un tribunal de juicio condenó a Nidia Morandini, Víctor Hugo Baraldo y Juan Pablo Baraldo (20, 18 y 16 años de prisión, respectivamente) por abuso intrafamiliar contra el menor; en ese mismo fallo, los jueces desestimaron los dictámenes de la Junta de Salud Mental al comprobar irregularidades, y ordenaron remitir copias al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para investigar a los profesionales actuantes.
El inicio del conflicto, sin embargo, se remonta a años antes: en el año 2014, la Junta de Salud Mental intervino en el denominado Caso Baraldo; en el marco de esa intervención, la Junta mantuvo una entrevista de apenas 19 minutos con la pareja de la madre del menor, que fue grabada por él.
En el juicio fue expuesto este informe, y se ventilaron severas irregularidades orientadas a desviar la acusación de abuso infantil hacia este hombre, en lugar de los abuelos y un tío del niño, luego condenados como coautores de los abusos.
Tras la condena y la orden del tribunal de remitir las actuaciones al MPA para que se investigue el accionar de la Junta, más la denuncia que había sido presentada por la madre del menor y su pareja, comenzó la investigación al accionar de la Junta en este caso.
En ese entonces, el fiscal Carlos Lacuadra identificó a cuatro profesionales de la JSM (el abogado Hugo Haimovich, las psicólogas Ana Gabbi y Mariana Churruarín, y la psiquiatra Adriana Ferrer); luego, Lacuadra fue destinado a la Unidad de Homicidios y la causa de la Junta quedó a cargo de la fiscal Rosana Peresín en febrero de 2021. En mayo y septiembre de 2022 el perito psicólogo asignado presentó su informe pericial e informes ampliatorios requeridos por la Fiscalía y la defensa.
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Con estas medidas, el 8 de septiembre de 2022 se imputó formalmente a los profesionales de la Junta, hasta que en abril de 2023 Peresín dispuso el archivo fiscal de las actuaciones al considerar que el hecho no encuadraba en una figura penal y por falta de elementos de prueba para elevar a juicio.
Esta decisión fue cuestionada por los denunciantes, y reclamaron que esta decisión de Peresín sea revocada. El fiscal regional Jorge Nessier avaló el pedido, revocó el archivo fiscal en diciembre de 2023 y ordenó reabrir la investigación, que quedó a cargo del fiscal Orio.
El 25 de agosto de 2025, tras más de un año y medio de inactividad desde el desarchivo, Orio solicitó el sorteo de un nuevo perito psicólogo para revisar los dictámenes previos. El 8 de septiembre de 2025, el defensor presentó una formal oposición a la realización de dicha medida pericial por considerarla reiterativa.
Sin embargo, días después, el 12 de septiembre de 2025 se sorteó el perito, pero este nunca fue notificado ni se impulsó la prueba por parte de la fiscalía.
Finalmente, el 1 de junio de 2026, Coutaz solicitó formalmente ante la Oficina de Gestión Judicial el archivo definitivo de la causa. El juez García Troiano dispuso dar traslado de la petición al fiscal del caso; vencido el plazo de 15 días fijado para la respuesta del fiscal, que nunca llegó, la defensa insistió ante la OJG con el pedido.
Es así que este jueves se realizó la audiencia ante el juez, en la sala 8 del Anexo de Tribunales, en la que la defensa expuso el agotamiento de los plazos (cuatro años desde la imputación y casi 10 años y medio de proceso) y la falta de impulso probatorio. Si bien el fiscal sostuvo que las causas no están extintas y que quedan algunas medidas pendientes, el juez García Troiano hizo lugar a la solicitud de la defensa y ordenó el archivo definitivo de la causa.
