El predio está ubicado en barrio Las Américas de la localidad del departamento San Cristóbal.
Gentileza Ceres Diario
El fiscal federal de la ciudad de Rafaela, Gustavo Onel, investiga la muerte de una niña de dos años que murió a causa de un fuerte cuadro de intoxicación con plomo. La menor residía con su familia en un predio abandonado en donde hasta el 2017 funcionó una fábrica de baterías. Por el caso también se encuentran internados otros dos niños (de 1 y 3 años) en el Hospital de Niños Orlando Alassia, luego de haberse intoxicado con el mismo metal industrial.
Como primera medida, el funcionario judicial solicitó las historias clínicas de los niños intoxicados, incluida la partida de defunción de la menor fallecida. Además, se emitió un oficio al Registro Público de Comercio para analizar los antecedentes de la empresa Nesaglo, ya que se evalúa la responsabilidad penal de sus directivos en el caso.
En esa línea, también ofició al Municipio de Ceres para que en el plazo de 48 horas se le remita una copia fiel del expediente relacionado a la habilitación para el funcionamiento de la empresa, como así también los informes elaborados por la Secretaría de Desarrollo Humano y de Coordinación de Medio Ambiente realizados recientemente.
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La intervención de la Justicia Federal se da en el marco de la ley 24.051 que aborda la problemática de los residuos peligrosos y que prevé duras penas para quienes envenenen o contaminen el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general. La mismas pueden llegar hasta los 25 años de cárcel en caso de que se confirme un posible dolo o si fuera un hecho culposo pueden tener como sanción los tres años de prisión.
La investigación surgió a raíz del fallecimiento de Xiomara Crespi, una niña de dos años que tras intoxicarse con plomo debió ser trasladada al hospital Alassia. A pesar de que intentaron salvarla, la pequeña murió el 6 enero por el alto índice de envenenamiento que presentaba en su cuerpo. En paralelo a la muerte, otros dos niños también fueron internados en el efector provincial tras presentar síntomas similares.
Tanto Xiomara como los otros dos niños son parte de tres familias que desde al menos octubre del 2020 ocuparon el predio, ubicado en Tucumán y Larrea del barrio Las Américas, donde funcionó la fábrica de baterías Nesaglo. Allí, pese a que la firma cerró, quedaron dentro del predio distintos elementos industriales, entre ellos el plomo, un metal pesado que es altamente toxico.
El primero en advertir la situación fue el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Martín Torres, que tras ser informado de la muerte de la niña, inició una investigación para determinar si existió negligencia por parte de los padres. Sin embargo, con el devenir de la pesquisa, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación, estableció que el deceso tuvo otro trasfondo.
Es que según develó un informe realizado en un efector público de Rosario (y que fue informado al fiscal Torres), el cuerpo de la niña tenía 1,98 gramos de plomo en sangre cuando los valores normales son de hasta 0,3 gramos.
Luego de que el caso tomó estado público, la Municipalidad de Ceres emitió el decreto N°0226/2021 que declaró al predio donde funcionaba la fábrica de baterías como “zona no apta para ser habitada” tras considerarla como espacio con “riesgo ambiental y peligro sanitario”.
Los inmuebles, según referencia el decreto al que tuvo acceso Aire Digital, se encuentran ubicados en la ochava noreste y sureste de la intersección de calles Tucumán y Larrea Ceres. Están identificados bajo las partidas inmobiliarias: 0701005341260008, 0701005341210002, 0701005341260019, 0701005341260020 y 0701005341260009, todas ellas bajo la titularidad de la firma NESAGLO S.A.
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