La Justicia federal ordenó allanamientos y detenciones, luego de una investigación por tráfico de cocaína que llegó hasta la frontera entre Argentina y Bolivia.
La banda utilizaba electrodomésticos como fachada para transportar cocaína por las rutas del norte argentino.
La Justicia federal desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína desde Bolivia hacia Rosario, que utilizaba electrodomésticos como fachada para transportar la droga por las rutas del norte argentino.
En una serie de allanamientos que se realizaron en Rosario, Roldán, Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez, Alvear y Casilda, fueron detenidas seis personas y secuestrados más de 15 millones de pesos argentinos, 38.200 dólares, armas de fuego y una importante cantidad de documentación vinculada a la logística de la banda.
El operativo estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria bajo las órdenes de los fiscales federales Franco Benetti y Matías Scilabra.
La investigación se inició hace casi un año, en diciembre de 2024, a partir de una denuncia anónima recibida durante un allanamiento por microtráfico en la zona norte de Rosario. Un vecino se acercó a la policía y señaló que las autoridades estaban perdiendo el tiempo con “perejiles” cuando deberían ir por quienes realmente manejaban el narcotráfico en la zona.
El denunciante mencionó a un tal Marcelo Oviedo, propietario de un Volkswagen Scirocco, como responsable de mover “kilos de droga” y señaló un domicilio en calle Braille al 1400. Esa punta inicial llevó a los investigadores a identificar a José Fabián Ruiz como un distribuidor de rango medio en la zona norte rosarina, pero el seguimiento permitió escalar hacia los eslabones superiores de la cadena.
Durante varios meses, agentes de la Unidad Operativa de Control de Narcotráfico y Delitos Complejos del Litoral de la PSA realizaron vigilancias, análisis de comunicaciones telefónicas y seguimientos que permitieron identificar a una célula especializada en el aprovisionamiento de cocaína desde Bolivia.
Los investigadores determinaron que Ariel Fernando Suppa, de 42 años, operaba como líder logístico de la organización desde su vivienda en Punta Chacra, Roldán, una imponente propiedad. Junto a él, su hermano Hugo Sebastián Suppa, Marcos José Moreira, Luca Carmelo Fabián Lucente, Brian Maximiliano Gómez y Juan José Alfonso conformaban el núcleo operativo que realizaba los viajes al norte del país.
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El modus operandi de la banda quedó al descubierto tras la documentación de dos viajes a la localidad salteña de Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. El primer viaje, realizado en noviembre, sirvió aparentemente para llevar dinero en efectivo destinado a la compra de la droga.
Los investigadores observaron cómo Marcos Moreira cruzaba a pie hacia Bermejo, en territorio boliviano, portando una mochila que se presume contenía el pago. Al regresar, traía consigo una caja de medianas dimensiones con peso considerable que contenía bolsas negras.
Sin embargo, en esa ocasión los sospechosos cargaron también cajas de electrodomésticos —aires acondicionados, televisores, una bicicleta— y sometieron el vehículo a controles de Gendarmería que no arrojaron resultados positivos. Los investigadores concluyeron que ese primer viaje había sido efectivamente para llevar dinero.
El segundo viaje, realizado apenas diez días después, presentó diferencias cruciales que alertaron a los pesquisas. Esta vez, cuando Moreira y Lucente detectaron que el puesto 28 de Gendarmería Nacional estaba operativo, en lugar de someterse al control como habían hecho anteriormente, giraron en U y volvieron a Aguas Blancas. Esperaron en el hospedaje La Gringa hasta la madrugada y cruzaron el puesto cuando determinaron que no estaba funcionando.
Además, en lugar de tomar la ruta 34 habitual, eligieron caminos secundarios menos controlados y evitaron la autopista Rosario-Santa Fe donde habían sido inspeccionados previamente. Lo más revelador fue que no se dirigieron a sus domicilios como era habitual, sino directamente a la casa de Ariel Suppa en Punta Chacra, en Roldán.
Las tareas de vigilancia registraron cómo, tras ese segundo viaje, los integrantes de la banda descargaban en la vivienda de Suppa las cajas de electrodomésticos, muchas de ellas semiabiertas o vacías. Al día siguiente, los hermanos Suppa junto a Lucente y Alfonso trasladaron ese material hacia un departamento de planta baja en el edificio de calle La Paz 9 bis de Rosario.
Los investigadores observaron que además de las cajas ingresaron dos bolsas negras de peso considerable, cuatro bidones de diez litros con un líquido transparente levemente amarillento, un balde plástico y elementos envueltos en papel madera que podrían ser panes de cocaína.
Durante cuatro jornadas —jueves, viernes, sábado y martes— un grupo de entre cuatro y seis personas trabajó en ese monoambiente de reducidas dimensiones con las persianas cerradas desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde.
Los fiscales sostienen que en ese lugar la banda realizaba tareas de reacondicionamiento, estiramiento y preparación de la cocaína para su distribución a los eslabones inferiores. La presencia de bidones con líquido sugiere que podrían estar utilizando solventes para el procesamiento de la droga.
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El operativo para desarticular a esta banda se dividió en dos etapas. En la tarde del lunes pasado fueron allanados varios domicilios vinculados a la célula de aprovisionamiento, incluyendo la casa de Ariel Suppa en Roldán, donde se secuestró una suma importante de dinero en efectivo. También fueron requisadas propiedades en Granadero Baigorria, Villa Gobernador Gálvez y Alvear.
En paralelo, el martes por la madrugada se concretaron los allanamientos en los domicilios de la célula de distribución liderada por José Fabián Ruiz en la zona norte de Rosario, que incluían viviendas en las calles Avellaneda, Gazcón, Fontana, Somoza, Rauch, Machain, Vieytes y Colastiné, así como en Casilda, donde reside Walter Germán Arana, uno de los presuntos destinatarios de la droga.
En total fueron secuestrados más de 15 millones de pesos argentinos y 38.200 dólares, una cantidad de dinero que según los investigadores resulta incompatible con cualquier actividad lícita declarada por los sospechosos. También se incautaron armas de fuego, anotaciones con referencias a sumas de dinero y “paquetes”, documentación de interés y múltiples teléfonos celulares.
En uno de los domicilios, el personal policial reportó haber percibido un olor muy fuerte que dificultó la tarea, lo que hizo presumir a los fiscales que los ocupantes habían entregado recientemente el estupefaciente a distribuidores minoristas para evitar que fuera secuestrado durante los allanamientos.
La investigación también permitió identificar la posible participación de Oscar Alberto Ferreyra, alias “Paco Mono”, cuñado de Ariel Suppa a través de su hermana Pamela Cecilia Suppa. Ferreyra es una figura conocida en el ambiente del crimen organizado rosarino por sus vínculos con la barrabrava de Rosario Central y con el difunto Andrés “Pillín” Bracamonte y el clan Cantero, líderes de la organización criminal Los Monos.
Aunque no fue detenido en esta oportunidad por considerar los fiscales que aún no hay evidencia suficiente sobre su rol específico, se encuentra bajo investigación por su presunta conexión con la logística de la banda. Ferreyra reside en una vivienda con un sofisticado sistema de videovigilancia en el barrio de Saladillo y, pese a no tener actividad laboral declarada, posee un alto nivel de vida.
Este caso se inscribe en una tendencia creciente en Rosario, donde cada vez más organizaciones locales están abandonando el rol de receptoras de droga para convertirse en importadoras directas desde los países productores. Hasta hace pocos años, la mayoría de las bandas rosarinas recibían la cocaína de organizaciones con base en provincias del norte argentino que controlaban el ingreso desde Bolivia, Paraguay o Perú.
Sin embargo, en los últimos dos años los fiscales especializados en narcotráfico han detectado un aumento significativo de células rosarinas que realizan sus propios viajes de aprovisionamiento, estableciendo contactos directos con proveedores bolivianos y eliminando intermediarios. Esto les permite acceder a mayores cantidades de droga a menor precio, aumentando exponencialmente sus márgenes de ganancia.
El fenómeno responde en parte a la consolidación de ciertas organizaciones criminales rosarinas que han acumulado el capital necesario para financiar compras mayoristas de cocaína, que pueden superar los cien mil dólares por viaje. También refleja la profesionalización de estas estructuras delictivas, que han desarrollado conocimientos logísticos sofisticados para el transporte de grandes cantidades de droga por rutas terrestres, incluyendo el uso de vehículos con compartimentos ocultos, la compra de propiedades intermedias para el acopio y el pago de informantes que alertan sobre controles policiales.
Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Rosario y en las próximas horas serán indagados sobre su participación en la organización. La fiscalía anticipa que solicitará sus prisiones preventivas argumentando riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, que continúa para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar el destino final de la cocaína que ingresaban a la provincia.
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Fuentes judiciales estiman que la banda podría haber transportado varios cientos de kilos de cocaína en los últimos meses, con un valor en el mercado negro que superaría los varios millones de dólares. Los investigadores también buscan establecer si existe conexión entre esta organización y otras estructuras criminales de mayor envergadura que operan en la región.
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