Integrantes de la comunidad realizaron un corte de tránsito que expuso la disputa por el terreno.
El juez penal Martín Torres dispuso el desalojo del terreno ubicado en el km 491 de la Ruta Nacional n° 11, en la localidad de Recreo. La resolución judicial se dio tras una denuncia radicada por la cacique de la comunidad Com Caia, electa en 2019, y por otra denuncia radicada por el ingeniero agrónomo que tenía la explotación del terreno.
La investigación sobre quién puede disponer la explotación del predio es comandada por las fiscales Lucila Nuzzo y María Gabriela Arri, por una designación especial del fiscal regional Carlos Arietti. El trasfondo de la disputa es quién tiene la legítima representación de la comunidad aborigen de Recreo.
Los pormenores de la causa fueron ventiladas en una audiencia desarrollada el 28 de septiembre en la que participaron las fiscales, la denunciante Rosa Salteño, presidenta del Consejo Comunitario de la Comunidad Com Caia, el denunciante Martiniano Passet, junto al abogado Sebastián Lagrania, y los denunciados Sergio Frutos, representado por Martín Risso Patrón y Leandro Teplizky, y Pedro Secundino Coria, representado por Daniel Rocca y Miguel Ángel Suárez. También estuvieron presentes Josué Espíndola, Josué Valdéz, tesorero de la Comunidad, y Ariel Araujo, quien es asesor legal de la Asesoría General Provincial de las Comunidades Aborígenes.
En dicha audiencia se detalló que Salteño, como representante de la comunidad, había celebrado un contrato de arrendamiento bajo la forma de Convenio de Colaboración, con el ingeniero Passet, para destinar unas 150 hectáreas ubicadas al norte del terreno para cosecha y cultivo. El 15 de junio, el ingeniero informó a Salteño que el predio se encontraba ocupado por Frutos, quien sostenía haber celebrado un contrato de arrendamiento con Coria; para celebrar ese contrato, Pedro Coria se atribuyó la investidura de Consejero General de la Comunidad "Com Caia", que Salteño posee desde 2019.
El ingeniero Passet denunció en la Comisaría 16° de Recreo que se había presentado en el predio del que su empresa es arrendataria y que se encontró con un grupo grande de gente, vestidos con capuchas, gorros y barbijos, con palos y machetes, quienes le manifestaron que se retirara de ahí, que no trabajaba más en ese campo.
El personal de la Comisaría, junto a peritos de la División Científica Forense de la AIC, la directora de la Dirección Provincial de Comunidades Aborígenes, Rosana Esquivel, y Ariel Araujo, Asesor legal de la Asesoría General Provincial de las Comunidades Aborígenes, se hicieron presentes en el terreno y constataron que el lado oeste se encontraba sembrado con maíz, siembra realizada por cuenta de Frutos, en detrimento de los intereses del pueblo nativo Com Caia.
En tanto, Esquivel informó que la autoridad tradicional de la comunidad es Rosa Salteño, y que su mandato se encuentra vigente hasta el 15 de noviembre de 2023. La Fiscalía detalló que la usurpación del terreno fue cometida en clandestinidad, que provocó la pérdida de la posesión y afectó el libre uso y goce de la fracción del inmueble sembrado en detrimento a las arcas de la Comunidad Aborigen, “ya que el producido del arrendamiento no está siendo destinado a cubrir las necesidades materiales de la Comunidad sino que estaría siendo beneficiado Pedro Coria”.
Salteño aportó documentación en su carácter de Cacique, como resultado de los comicios llevados a cabo en octubre de 2019; Pedro Coria se encontraba entre los postulantes al cargo, y en dicho acto se eligieron también los cargos de secretario, tesorero y vocales. Se dio intervención al Instituto Provincial de Aborígenes Santafesinos como autoridad de contralor y a fin de verificar la regularidad del proceso de selección.
En cuanto a que Pedro Coria se atribuye calidad de Cacique, la Fiscalía advirtió que fue tras la realización de asambleas irregulares durante el año 2021, siendo que la vigencia del mandato de Salteño se extiende hasta 2023, y que fueron realizadas de manera diferente a la prevista y establecida por la norma.
A su turno, los defensores de Coria, Daniel Rocca y Miguel Suárez, expresaron que Rosa Salteño fue desafectada por tres asambleas, así que ella no representa a la comunidad, que la Asamblea es soberana, y que el contrato válido es el que firmó Coria con Frutos. Detallaron además que en las asambleas realizadas durante la cuarentena impuesta, "140 familias" solicitaron la destitución de la Cacique Rosa Salteño por “irregularidades manifiestas” de Salteño y su comisión.
A continuación, Araujo refirió que en el RECA (Registro Especial de Comunidades Aborígenes), lleva un legajo para control de cada una de las comunidades existentes en la provincia, y que según los informes y censo, de la Asamblea de febrero de 2021 participaron tan sólo 80 de las 400 personas en condiciones de emitir su voto, por lo que no se había logrado la mayoría absoluta que alegaron los defensores de Coria. “Lo cierto es que no estaban dadas las condiciones ni los mecanismos legales y estatutarios previstos” detalla el fallo judicial al que tuvo acceso Aire Digital; “este dato relativo a la cantidad de votantes (...) destierra el argumento relativo a la presencia de ciento cuarenta familias participando de la Asamblea”.
Finalmente, los defensores de Frutos, Risso Patrón y Teplizky, sostuvieron que su representado desconocía quién era el propietario de las tierras; en tanto, Rosa Salteño expresó simplemente que necesitan el espacio para seguir sembrando y llevando a cabo las actividades de la comunidad.
Al momento de resolver, Torres analizó que el terreno fue cedido por el gobierno provincial a la Comunidad "Com Caia" para que fuera utilizado exclusivamente para su explotación por parte de la comunidad, a fin de obtener un rédito del producido de dicha explotación que posee carácter alimentaria para garantizar el acceso a la cobertura de necesidades básicas de la propia comunidad.
“Lo que está en crisis en el planteo bajo análisis es la legitimación de Rosa Salteño para pretender la restitución del inmueble para la comunidad, contra la legitimación que pretende poseer Pedro Coria para haber celebrado una Asamblea, ser electo Cacique o representante, lo que no lo faculta a acudir a las vías de hecho despojando el inmueble en cuestión, removiendo a quienes lo explotaban para la comunidad y haciendo propio el beneficio del producido de dicha explotación”, sostuvo el juez.
“Los argumentos aportados dejan sobradamente en claro que la elección de Rosa Salteño como representante de la comunidad fue legítimamente llevada a cabo, conforme a la normativa y Estatuto vigentes, y que al contrario, existió de parte de Pedro Caria un intento por legitimar su posición de Cacique, mediante una asamblea irregular, llevada a cabo por fuera de lo establecido en el Estatuto y con la mejor de las suertes, logrando una cantidad de sufragios a su favor que no alcanzan siquiera a la mitad de los requeridos para lograr la mayoría absoluta establecida para ser electo”, analizó Torres.
Finalmente, consideró acreditado que los imputados ingresaron al campo a la fuerza, cortando alambrados, lo que fue corroborado por las medidas investigativas desplegadas por la División Científico Forense de la AIC tras las denuncias de Salteño y Passet, “con lo cual está acreditado que su ingreso no fue pacífico, resultando ser una posesión viciosa”. Torres dispuso “el reintegro del bien ocupado a los denunciantes, procediendo al inmediato desalojo, que deberá efectuarse en forma pacífica bajo apercibimiento de proceder a la realización de la medida con el auxilio de la fuerza pública”.
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